La prueba de confianza del concurso a la Corte Nacional empañada por contrato con empresa sin experiencia

El concurso para llenar 11 vacantes en la Corte Nacional de Justicia avanza en medio de cuestionamientos internos y externos. El nuevo problema se centra en la prueba de confianza, que se aplicó entre las etapas de méritos y oposición, y que dejó fuera del proceso a 35 postulantes.

La prueba de confianza se aplicó a mediados de julio de 2024, y sus resultados se hicieron públicos el 24 de ese mes. Esta fase constaba de tres componentes, que según el instructivo del Consejo de la Judicatura, debían servir para mantener en el concurso sólo a aquellos postulantes que sean idóneos para el perfil de juez que se está buscando.

Los tres componentes de la prueba de confianza aplicados a los concursantes fueron:

• La entrega y registro del formulario de declaración de conflicto de intereses.
• La prueba de competencias laborales, que evaluó los niveles de desarrollo de cada competencia y su adecuación al puesto.
• La prueba de honestidad, que permitió establecer tendencias a involucrarse en actos deshonestos.

Para la implementación de las pruebas de confianza, la Judicatura contrató a la empresa Métricas-Web S.A.S., por un valor de USD 7.510. La contratación se hizo por ínfima cuantía, es decir que no hubo un proceso de selección competitivo, por ser un monto bajo.

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Ahora ese contrato será objeto de una auditoría por parte de la Contraloría. El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, pidió un examen especial después de que se conociera que es una empresa sin experiencia que no tiene dirección física. 

Pero el concurso sigue en pie, en su última etapa. Después de la calificación y recalificación de las pruebas teóricas, queda pendiente solamente que los postulantes rindan la prueba práctica. Según el calendario del proceso, la designación de los nuevos jueces debería ser en octubre.

Pruebas poco claras

Tres postulantes en este concurso para la Corte Nacional presentaron una acción de protección después de la calificación de la prueba de confianza pues consideran que esta vulneró sus derechos al dejarlos fuera del proceso.

Se trata de Ramiro Ortega, Máximo Ortega y Héctor Mosquera. Los tres fueron calificados como "no idóneos" en la prueba competencias laborales, después de obtener calificaciones de más de 48,50/50 en la etapa de méritos.

En su escrito, los tres abogados que actualmente son jueces, enumeran una serie de irregularidades encontradas en la calificación de esta prueba. La principal es los informes que los calificaron como "no idóneos" tienen fecha 17 de julio, pero los exámenes tienen fecha 18 de julio, según los documentos enviados a ellos mismos.

Además, cuestionan que las pruebas incluían preguntas que hacían referencia a clientes o subordinación a un jefe, que no tienen nada que ver con el trabajo de un juez nacional. También había preguntas sobre el consumo de alcohol, con las que los postulantes fueron calificados.

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Los tres abogados también cuestionan que en el caso de Máximo Ortega, el informe recomienda que se tome una nueva prueba, pero esto no se realizó. Estas pruebas, además, no tenían la opción de recalificación, que sí existe en las etapas de méritos y oposición.

​"Hasta la presente fecha, desconocemos los motivos por los cuales fuimos calificados como "no idóneos" y, por tanto, excluidos del concurso, ya que en el informe no se explica la norma o fundamento jurídico o fáctico para dicha decisión"

Acción de protección contra el concurso de la Corte Nacional

Según el "criterio de la metodología aplicada para determinar idóneo y no idóneo" del concurso, para ser considerado "idóneo" en la prueba de competencias laborales era necesario obtener al menos 70% en la calificación. El documento no especifica los criterios de calificación.

La audiencia de este caso será el próximo 22 de agosto.

Una empresa oscura

El segundo cuestionamiento a la prueba de confianza se centra en la empresa Métricas-Web S.A.S., que las realizó.

Según su registro en la Superintendencia de Compañías, esta empresa fue creada en julio de 2022 en Quito, por su única accionista: Gladys Rojas de López. El capital suscrito es de apenas USD 100.

Los documentos financieros de la empresa en la Superintendencia de Compañías muestran que es una firma con muy poca actividad. En 2022, registró ingresos por USD 2.550; y en 2023, por USD 3.700.

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Como reveló Teleamazonas en un reportaje, es una firma con un objeto social sumamente amplio, que va desde la selección de actores para obras de teatro hasta la venta de software y la asesoría jurídica. Y en la dirección que registra en la Superintendencia de Compañías, nadie da razón sobre la existencia de esta empresa. 

Mientras que en el sistema de Compras Públicas, no aparece actualmente como adjudicataria de ningún proceso en régimen común o régimen especial. El nombre de la empresa solamente aparece en un proceso de selección de personal del Cuerpo de Bomberos de Latacunga, y en un proceso de ínfima cuantía de pruebas psicosométricas para el Municipio de Ibarra.