Sancionan a juezas de Manabí por aprobar detenciones arbitrarias e ilegales que incluyeron maltrato físico
La Judicatura detalló que en dos casos los aprehendidos por militares recibieron golpes y tratos curles. Otro juez anticorrupción fue suspendido por demorar un caso por tráfico de combustible.

Sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura este 4 de diciembre de 2025.
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Consejo de la Judicatura
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Irregularidades en los procesos, demoras, aprobaciones de procesos ilegales derivaron en nuevas sanciones a jueces en Ecuador por parte del Consejo de la Judicatura.
En la sesión del pleno de este 4 de diciembre de 2025, la Judicatura sancionó a tres jueces de Manabí y Pichincha.
Una jueza de la Unidad Judicial Penal de Portoviejo fue suspendida por 30 días de sus funciones y sin sueldo por calificar de legal la detención de dos personas, pese a que la aprehensión por parte de militares "se produjo de forma arbitraria".
El Consejo de la Judicatura señaló que los aprehendidos fueron maltratados y los certificados médicos evidenciaron que uno de los procesados presentó un "edema y deformidad en el tobillo". La audiencia de flagrancia tampoco se efectuó dentro de las 24 horas después de la detención.
Otra jueza de la Unidad Judicial de Portoviejo recibió la misma sanción, pero esta vez por calificar como legal la detención de un adolescente, en un caso por el presunto delito de tenencia y porte no autorizado de armas.
"El detenido denunció tratos crueles, torturas y detención arbitraria por parte de Fuerzas Armadas. Dijo que los militares lo mantuvieron retenido por un tiempo superior al permitido, antes de ponerlo a órdenes de la Policía", agrega el informe de la Judicatura.
Un juez especializado en Crimen Organizado, de Quito, fue suspendido de sus funciones por tres meses, sin suelo, por demorar de forma injustificada por más de 50 días el conocimiento de una causa relacionada con la comercialización ilegal de combustibles.
Además, señaló que la audiencia de juicio deberá realizarse entre los días 21 de enero y 1 de febrero de 2026, es decir, más de cuatro meses después de haber conocido el expediente.
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