Quito 2026: Cinco desafíos de la capital, entre la urgencia de las obras y la precampaña electoral
Con un presupuesto récord superior a los USD 1.041 millones, la capital entra en un año decisivo. La expansión del Metro, el colapso vial y la crisis de la basura marcan la agenda técnica, mientras la administración de Pabel Muñoz se juega su supervivencia política.

Personal del Municipio de Quito realizando una intervención en los exteriores de una unidad educativa de Quito, 14 de agosto de 2025.
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Municipio de Quito
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Si 2025 fue el año de la confrontación política, 2026 se perfila como el periodo de las definiciones urgentes para Quito. La ciudad enfrenta un calendario que no da tregua: las grandes obras estructurales deben pasar de los planos y los anuncios, al terreno antes de que el ambiente preelectoral lo inunde todo.
La administración municipal aprobó un presupuesto de USD 1.041 millones para 2026. Sin embargo, más allá de la cifra, el reto está en la ejecución.
Los ciudadanos exigen que se destraben, al menos, cinco nudos críticos que determinarán si la ciudad logra salir del bache o si sus proyectos vitales quedan, nuevamente, en suspenso.
A continuación, un análisis detallado de los cinco ejes que definirán el futuro de Quito en 2026:
1. Metro de Quito: La expansión bloqueada en el norte
El sistema de transporte más moderno del país entra a su tercer año de operación comercial consolidado como la columna vertebral de la movilidad de Quito, pero con una deuda territorial pendiente: su llegada al norte. Actualmente existen estudios para extender la línea desde El Labrador hacia Calderón —la parroquia más poblada de la ciudad—, pero el proyecto ha chocado con una realidad burocrática que amenaza con estancarlo.

El contexto actual es agridulce. Técnicamente el Metro funciona y moviliza a millones —aunque recién están buscando un contrato para el servicios de mantenimiento—, pero su crecimiento depende de factores externos al Municipio. La suspensión de los procesos de contratación para estudios definitivos de ingeniería, debido a solicitudes de información del Servicio de Contratación Pública (Sercop), ha puesto un 'freno de mano' administrativo que debe soltarse en el primer trimestre de este año si se quiere ver luz al final del túnel.
Para 2026, la situación financiera tiene una luz verde, pero un semáforo rojo político. En diciembre de 2025, la CAF aprobó un crédito de USD 80 millones para financiar parcialmente la extensión hacia La Ofelia y la construcción de cuatro nuevas estaciones. Este hito, sin embargo, es insuficiente por sí solo.
El nudo crítico a resolver este año es el "aval soberano". Para ejecutar el crédito y la obra, el Municipio necesita la garantía de endeudamiento del Gobierno Nacional. La solicitud lleva más de un año en los escritorios del Ejecutivo sin respuesta. El 2026 será, por tanto, el año de la presión política: sin esa firma presidencial, el Metro se queda en El Labrador, su última estación al norte de la ciudad.
2. Movilidad en superficie: Una deuda de USD 323 millones
Mientras el Metro avanza bajo tierra, el tránsito vehicular en la superficie de la ciudad colapsa. El malestar ciudadano se concentra en el deterioro evidente de la capa asfáltica y la desorganización del transporte convencional.

Para hacer frente a esto, el presupuesto de 2026 del municipio destina USD 323 millones al sector de movilidad, un monto que deberá traducirse en asfalto y tecnología, pues el diagnóstico actual es lapidario: el 60 % de las vías de la capital se encuentran en mal estado.
A pesar de que en 2025 se incorporaron nuevas unidades eléctricas al sistema de transporte municipal Trolebús —proceso que terminó observado por Contraloría con indicios de responsabilidad penal—, la modernización de la flota sigue siendo lenta y desigual.
El gran pendiente técnico para este año es la implementación definitiva del Sistema Único de Recaudo. Esta herramienta, prometida por múltiples administraciones y postergada sistemáticamente, es la única vía para reducir los correteos entre buses (así lo asegura el alcalde) y unificar el sistema de pago entre el Metro, Trolebús, Ecovía y los buses azules.
3. Seguridad: Infraestructura nueva, edificios vacíos
La seguridad se mantiene inamovible como la prioridad número uno de los quiteños. Según datos de la encuesta 'Quito Cómo Vamos', el 83 % de la ciudadanía señala a la delincuencia como el problema que más afecta su calidad de vida, una percepción agravada por el hecho de que el 80 % asegura haber sido víctima de asalto o robo en el espacio público.

El contexto de violencia ha cambiado la dinámica de la ciudad. Entre enero y noviembre de 2025, Quito registró 240 muertes violentas, situando la tasa en 8.4 por cada 100.000 habitantes.
Aunque estas cifras son menores a las que se registran en algunas ciudades de la Costa, marcan una tendencia al alza que el Plan Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2023–2027 no lo contiene.
El punto de quiebre para 2026 radica en la gestión de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC). La administración municipal ha invertido en recuperación de estas infraestructuras en los barrios, respondiendo al clamor vecinal. No obstante, la queja recurrente es que los edificios remodelados permanecen vacíos o se usan solo como dormitorios, sin presencia policial activa para patrullaje.
Si en 2026 las UPC siguen siendo "cascarones vacíos", la estrategia de seguridad municipal perderá toda credibilidad ante una ciudadanía agotada por la vacuna y el asalto común.
4. La carrera contra la basura: soluciones para junio
Quito corre contra el reloj en materia ambiental. El Relleno Sanitario de El Inga, que ha servido a la ciudad durante décadas, llegó a su límite técnico, obligando a las autoridades a buscar soluciones de emergencia mientras se planifica una salida definitiva. La situación es crítica: al cubeto actual solo le quedan 14 meses de vida útil.

Ante esta urgencia, el hito ineludible de este año está marcado en el calendario para junio de 2026. Para esa fecha debe estar operativa la "Zona 1 del Cubeto N°1", una obra emergente de USD 7,3 millones que inició su construcción en noviembre de 2025 y está ubicado en donde funcionará el Complejo Ambiental. Esta infraestructura es un "respiro" temporal que permitirá disponer de 1,08 millones de toneladas de basura, garantizando el servicio por apenas 14 meses más.
Paralelamente, la administración debe acelerar el paso hacia la solución estructural: el nuevo Complejo Ambiental. Este megaproyecto, diseñado para industrializar la basura y dejar atrás el modelo de enterramiento, logró avanzar con el pago de expropiaciones a los dueños de los terrenos, pero que en el segundo semestre de 2025 solo tuvo cinco procesos contractuales.
5. El factor político: Pabel Muñoz y la sombra del 2025
El quinto eje es, inevitablemente, el político. Pabel Muñoz encara 2026 con la mirada puesta en la reelección, pero cargando el pesado equipaje de un 2025 conflictivo. Para entender su estrecho margen de maniobra, es necesario diseccionar los tres frentes de batalla que desgastaron su capital político en los últimos doce meses: el gobierno, su propio partido y la gestión diaria.

Primero, la ruptura institucional con el Ejecutivo es total. La relación con el presidente Daniel Noboa pasó de la cooperación pragmática a la "guerra fría" tras el reclamo de recursos del 25 de enero de 2025. Este conflicto escaló hasta el desaire protocolario en las Fiestas de Quito de diciembre, donde la ausencia del Presidente y haber relegado a la Vicepresidenta en la Sesión Solemne evidenciaron que los puentes están rotos. Gobernar la capital en 2026 con un Ejecutivo hostil será una prueba de fuego para la destreza administrativa del Alcalde.
Pero, Muñoz no solo pelea hacia afuera; la fractura con la cúpula de la Revolución Ciudadana es evidente. La publicación en X de Rafael Correa en noviembre, advirtiendo que “se opondrá a cualquier candidato tibio”, fue un mensaje directo a las aspiraciones de Muñoz, quien deberá decidir si busca la reelección con la bendición de su líder o a pesar de él.
Finalmente, la gestión pura y dura. Aunque sobrevivió al intento de revocatoria en octubre por falta de firmas, su administración sufrió golpes severos de imagen: la crisis hídrica que secó al sur de Quito en julio, el escándalo de los "hornados a USD 15" y, sobre todo, los indicios de responsabilidad penal señalados por Contraloría en contratos del Metro y Trolebús. Con un gabinete inestable que ha rotado al menos 26 altos cargos, Muñoz está obligado a mostrar obra tangible y estabilidad en 2026 si quiere convencer a una ciudad que votará con la memoria fresca de estos tropiezos.
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