Contraloría señala responsabilidad del alcalde de Quito en compra irregular de 60 trolebuses
El informe dice que el Municipio omitió la normativa de contratación pública al involucrar a UNOPS sin sustento técnico ni financiero. Se determinó un perjuicio de USD 2,55 millones y posibles responsabilidades penales.
Imagen del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, de fondo los troles eléctricos del sistema Trolebús.
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A semana seguida, después de haber encontrado posibles irregularidades en los contratos del Metro de Quito, la Contraloría General del Estado publicó un informe, este miércoles 10 de diciembre de 2025, sobre un presunto incumplimiento del Municipio capitalino en el proceso de compra de 60 trolebuses eléctricos.
La adquisición de los 60 buses eléctricos, que actualmente operan en el corredor del Trolebús, no solo estuvo marcada por retrasos aduaneros y cambios en el cronograma de entrega.
Ahora, el examen de la Contraloría atribuye responsabilidad directa al alcalde Pabel Muñoz por la forma en que se gestionó la contratación: la entidad de control dice que el proceso no cumplió con las reglas de contratación pública y que generó perjuicios económicos.
La Contraloría examinó el período entre el 1 de agosto de 2022 y el 30 de abril de 2025, revisó el proceso de negociación con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), el Memorando de Acuerdo suscrito y las enmiendas posteriores.
Los hallazgos alcanzan a la máxima autoridad municipal, al Directorio de la Empresa Pública de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) y los gerentes y coordinadores de la Empresa.
La Contraloría estableció glosas por USD 2’552.307,83 y responsabilidades administrativas por USD 79.970,00.
Además, la entidad determinó indicios de responsabilidad penal que serán remitidos a la Fiscalía.
Por qué Contraloría responsabiliza al alcalde
La Contraloría concluye que la compra de los trolebuses no se realizó mediante subasta inversa electrónica, pese a tratarse de bienes normalizados, como lo recomendaba el Servicio de Contratación Pública (Sercop). El Municipio optó por un esquema de cooperación con UNOPS, activado desde la firma de un "Memorando de Entendimiento" suscrito por el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.
Esa firma, dice el informe, derivó en que la EPMTPQ invitara a UNOPS a presentar una propuesta y posteriormente sellara un “Memorándum de Acuerdo” para ejecutar la adquisición, sin coordinación previa con la empresa pública ni sustento técnico, financiero o jurídico que justificara esa modalidad.
Además, su firma habilitó un mecanismo que no estaba previsto en el proyecto de inversión, aprobado en julio de 2023, y que exigía una contratación pública ordinaria.
Según la Contraloría, el Municipio decidió lanzar la licitación con UNOPS, a pesar de que la oficina de Naciones Unidas no cumplía con tres elementos establecidos por el Sistema de Contratación Pública:
- Aunque existía un convenio con UNOPS, no era un convenio de cooperación internacional ni con un organismo multilateral de crédito, sino un contrato de prestación de servicios que no tienen carácter financiero.
- El financiamiento total del proyecto provino de recursos propios de la Empresa de Pasajeros, mientras que el aporte de la UNOPS fue equivalente a USD 50.000 y destinado exclusivamente a montos indirectos.
- No se encontró que los fondos de UNOPOS hayan sido destinados directamente al objeto contractual, su intervención se centró en la gestión de adquisiciones, no al otorgamiento de recursos financieros.
Omisiones del Directorio y de la EPMTPQ
La Contraloría también señala que el Directorio de la EPMTPQ —del que el alcalde es presidente a través de su delegado— no pidió aclaraciones ni informes sobre el convenio con UNOPS, pese a conocer su existencia desde diciembre de 2023.
Tampoco dio seguimiento al Plan Operativo Anual ni verificó que el proyecto se ajustara al procedimiento establecido.
El Gerente General, por su parte, no supervisó las mesas de trabajo previas con UNOPS ni exigió documentación que justificara los costos de implementación e indirectos, que finalmente derivaron en el perjuicio económico identificado por USD 2,55 millones
Ese monto, según el examen de Contraloría, corresponde a pagos realizados a UNOPS por costos operativos y corporativos que carecieron de justificación, no constaban en el proyecto de inversión y se fijaron sin documentación sobre su cálculo.
Estos recursos —sostiene la Contraloría— se pagaron sin garantizar eficiencia, legalidad ni transparencia en el uso de fondos públicos.
Fallas técnicas: 15 especificaciones incumplidas
El informe también revela que los trolebuses entregados no cumplían 15 de las 80 especificaciones técnicas establecidas en el contrato, incluyendo elementos de seguridad y diseño operacional.
La Contraloría advierte que la aprobación del prototipo tampoco fue rigurosamente contrastada con el contrato, lo que podría comprometer la fiabilidad técnica de la flota.
Recomendaciones: cambios obligatorios y correctivos
Entre las principales disposiciones de la Contraloría —de cumplimiento inmediato— constan:
- Crear una Comisión Técnica para futuras adquisiciones, responsable de validar planos, pruebas y cumplimiento contractual.
- Revisar íntegramente los costos pagados a UNOPS y documentar su sustento.
- Fortalecer el rol del Directorio y mejorar los mecanismos de seguimiento al POA.
- Corregir las especificaciones técnicas incumplidas en los trolebuses actuales y documentar las acciones de remediación.
La Contraloría advierte que la inobservancia de estas medidas puede generar sanciones administrativas.
La llegada, retención y puesta en marcha de los trolebuses
Aunque el informe se concentra en los aspectos administrativos y contractuales, el proceso de incorporación de la flota también estuvo marcado por tensiones operativas.
- Las 60 unidades se adquirieron para renovar la flota del Trolebús en el marco del proyecto de modernización del transporte.
- 46 trolebuses fueron inaugurados el 31 de marzo de 2025, en un evento municipal que marcó el inicio de su operación.
- Las 14 unidades restantes llegaron al país en el mismo embarque, pero permanecieron varias semanas retenidas debido a problemas con la SENAE, que no autorizó su salida inmediata.
- Finalmente, esas unidades entraron en circulación el 16 de junio de 2025, completando la flota.
Hoy los 60 trolebuses están en operación, pero el informe de Contraloría plantea dudas sobre la solidez del proceso que condujo a su adquisición y sobre la responsabilidad de quienes tomaron decisiones en cada fase.
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