En La Mariscal se cerrarán 32 locales nocturnos, pero se autorizaron otros 30 en una zona saturada, mientras una campaña genera polémica

La Mariscal, la otrora 'Zona Rosa' de Quito, no solo acumula paredes grafiteadas. Entre microtráfico de drogas, trabajo sexual, comercio informal y habitantes de calle, el sector corre el riesgo de convertirse en un espacio de ocio nocturno degradado, mientras la estrategia municipal para contrarrestarlo parece contradictoria: 32 locales de diversión deberán salir de un sector, al tiempo que se aprueba la instalación de 30 negocios en un área ya saturada con 70 bares, discotecas y licorerías.

Durante el día, el ambiente está marcado por las bocinas del tránsito vehicular y las pisadas de burócratas, comerciantes y estudiantes que caminan rápido sobre aceras de adoquines cuadrados. En la noche, los inmuebles de pisos bajos abren sus puertas entre parlantes de música ensordecedora: son los bares y discotecas, cercados por calles tomadas por la inseguridad.

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El conflicto más evidente está en las calles aledañas a los centros de estudio. En las inmediaciones de la avenida Veintimilla y 12 de Octubre los jóvenes se reúnen en las veredas cerca de locales de expendio de licor. En el sector se encuentran la Universidad Politécnica Salesiana, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), la Escuela Politécnica Nacional y diversos institutos preuniversitarios.

En ese contexto, el Concejo Metropolitano de Quito resolvió que licorerías, bares, discotecas y locales de entretenimiento que no cumplan con el uso de suelo podrán operar con "preexistencia" únicamente hasta el 31 de diciembre de 2026, tal como lo establece la Ordenanza del Plan Urbanístico Complementario Parcial La Mariscal, aprobada en febrero.

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Con esa normativa, 21 locales de entretenimiento (entre bares, licorerías y discotecas) y 11 night clubs tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para salir. Eso incluye los centros de diversión ubicados en el sector de las universidades: tan solo frente a la PUCE, tres discotecas operan al descender unas escalinatas; deberán reubicarse de manera obligatoria.

Más discotecas, licorerías y bares en La Mariscal

Mientras decenas de locales son obligados a salir, el Plan Urbanístico Complementario Parcial La Mariscal, aprobado en febrero de 2026, devela una contradicción: amplía los cupos en el polígono que ya condensa problemas estructurales.

Con la Plaza Foch en el corazón del polígono, el área está delimitada por las calles Joaquín Pinto al sur, Lizardo García al norte, Diego de Almagro al oriente y la avenida Amazonas al occidente. Actualmente, esas ocho manzanas concentran 70 locales de entretenimiento, entre discotecas, bares y licorerías.

Con la ordenanza, el Municipio determinó que esa zona podrá contar con hasta 100 establecimientos. Eso significa que otros 30 locales podrán instalarse. 

"Reactivar el sector carece de sentido sin una limpieza profunda de la venta de drogas y la prostitución", cuestiona Alexandra (nombre protegido), quien reside en La Mariscal. Los dueños de comercios coinciden y alertan sobre el expendio de droga en esquinas y la presencia de personas en situación de calle en las veredas y en hostales aledaños.

Alex (nombre protegido), comerciante, dice que no está de acuerdo con que el Municipio autorice 30 locales más en ese perímetro, porque ha fallado con la seguridad. "Por aquí caminan muchos jóvenes con droga. Con esto va a ser peor". Como él, los habitantes y trabajadores de locales con los que PRIMICIAS conversó viven la transición con preocupación y evitan identificarse, por temor a represalias.

Desde la Policía Nacional confirman que en lo que va del 2026 han registrado cinco detenciones por microtráfico, tres por robo y reconocen que los libadores en el espacio público conforman la queja principal de la comunidad.

Un producto audiovisual bajo la lupa

Como parte del plan de ordenamiento urbano, la Administración Zonal La Mariscal apostó por una estrategia de comunicación poco convencional en redes sociales. El administrador, Leandro Buratovich, se ha convertido en el protagonista de videos difundidos en la cuenta institucional donde se anuncia una producción: "Las aventuras del Mariscal". 

En los clips, Buratovich aparece vestido como el mariscal Antonio José de Sucre, prócer de la independencia: casaca azul, cuello y puños altos, charreteras rojas con flecos dorados, pantalón blanco, botas altas negras y la bandera de Quito cosida en el brazo. Montado sobre un caballo blanco o caminando con una espada en la mano, la secuencia de tomas muestra a otras personas también uniformadas y a caballo. A las imágenes se suman textos: "Presentado por Administración Zonal La Mariscal". "El orden ha regresado". "Próximamente". "Las aventuras del Mariscal: orden, humor, ciudad".

El producto audiovisual de 39 segundos es el tráiler de una serie web que se encuentra en etapa de producción. ¿Cómo se financia la serie? Como si fuese un mariscal del ejército libertador, Buratovich recorre el barrio para, según él, combatir las inconductas ciudadanas, acompañado de su director de comunicación, quien lleva la cámara. El administrador asegura que la producción no le cuesta nada al Municipio de Quito; sostiene que él financió su traje, que los equipos y locaciones son facilitados por terceros, de forma privada, que todo se hace "sin cobrar un centavo".

No obstante, generar un producto comunicacional con donaciones informales se contrapone con el derecho público. La Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) prohíbe, de forma expresa, a los servidores públicos "solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones, para sí, sus superiores o de sus subalternos". De hecho, estos actos podrían constituir delitos penales como: peculado, cohecho, concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito.

La premisa es clara: los funcionarios no pueden aceptar regalos ni contribuciones que puedan influir en su imparcialidad. Además, el "costo cero" es una ilusión contable: utilizar el tiempo laboral de los servidores públicos para grabar y editar representa un gasto real para el Estado. Omitir el Sistema de Contratación Pública (PRIMICIAS corroboró que no existe un proceso para estas piezas de comunicación) y operar con acuerdos verbales expone a la institución a observaciones de la Contraloría.

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La Administración Zonal no tiene fecha para la publicación del primero de los tres videos que ya han sido grabados. Tampoco ha detallado cuántos videos serán parte de la serie, más allá de su promoción.