¿Municipio de Quito evadió normas de contratación pública? Esto dice Contraloría sobre contratos del Metro y Trolebús

En solo siete días, la Contraloría General del Estado reveló dos informes que apuntan a fallas en los procesos de contratación del Municipio de Quito, dirigido por Pabel Muñoz, de la Revolución Ciudadana. Los exámenes identifican irregularidades tanto en los contratos vinculados a la Fase 2 del Metro de Quito como en la adquisición de 60 trolebuses eléctricos. 

En ambos casos, el eje es el mismo: decisiones municipales que, según la Contraloría, evadieron procedimientos de contratación pública, omitieron controles técnicos y generaron perjuicios económicos.

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Mientras el Municipio rechaza las conclusiones del organismo de control —y el alcalde incluso habla de persecusión política—, los documentos de la Contraloría ofrecen un mapa de los errores que, a juicio del organismo de control, marcaron estos dos proyectos estratégicos.

1. Metro de Quito: pagos indebidos, controles omitidos y compras sin proceso  

El 4 de diciembre de 2025, la Contraloría aprobó el examen especial al Metro de Quito, que abarcó contratos de obra, fiscalización, gerencia y adquisición de material rodante entre 2020 y 2024. El informe determinó glosas por USD 5,7 millones e indicios de responsabilidad penal.

Los principales errores identificados fueron:

1. Pagos por obras no ejecutadas

   • Las verificaciones técnicas en las 15 estaciones revelaron diferencias entre lo planillado y lo realmente construido, lo que generó presuntos pagos indebidos por USD 100.961 al contratista.  

2. Contratación de seguros y mantenimiento sin aplicar la Ley de Contratación Pública

   • Según la Contraloría, la EPMMQ contrató seguros y mantenimiento del material rodante evadiendo procesos de contratación pública, sin garantizar competencia ni transparencia.
   • Esto habría derivado en pagos por USD 2,63 millones incluidos como costos indirectos del convenio de obra.

3. Equipos que no cumplían especificaciones técnicas

   • Los inversores de tracción del Metro ofrecían un rendimiento inferior al 98% estipulado. Pese a eso, el fiscalizador validó su cumplimiento.
   • La EPMMQ terminó pagando USD 2,5 millones sin recibir el estándar ofertado.

4. Daños a un tren sin indemnización

   • La unidad de tracción 16 se descarriló durante pruebas operativas por fallas en supervisión del contratista. Los daños ascendieron a USD 441.809, pero el consorcio no los resarció.  

5. Bienes no registrados en el sistema contable municipal

   • Equipos, repuestos y vehículos adquiridos para el Metro no ingresaron al sistema SAP SIPARI. Esto, según la Contraloría, afecta la fiabilidad contable y la toma de decisiones.

La Empresa Metro de Quito rechazó “categóricamente” el informe y aseguró que la Contraloría desconoce la normativa ferroviaria internacional.

La entidad afirma que los auditores no consideraron documentación técnica ni jurídica presentada como descargo. También cuestionaron la anticipación pública de los hallazgos por parte del Contralor antes de la aprobación del informe.

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2. 60 trolebuses eléctricos: cooperación internacional cuestionada

El 10 de diciembre de 2025, la Contraloría emitió un segundo informe, esta vez sobre la adquisición de los 60 trolebuses eléctricos que actualmente operan en Quito. El examen concluye que la contratación no se realizó por subasta inversa electrónica, pese a que era lo indicado para la compra de estos bienes.

En su lugar, el Municipio activó un esquema, bajo el argumento de "cooperación internacional", con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), lo cual —según la Contraloría— no tenía sustento técnico, jurídico ni financiero.

La Contraloría asegura que la relación con UNOPS se trata, en realidad, de un contrato de prestación de servicios con una oficina de las Naciones Unidas de servicios para proyectos. Y señala los motivos: el primero, es que el acuerdo firmado por Muñoz no constituye un convenio de cooperación internacional; el segundo, la compra de los trolebuses se hizo con dinero del Municipio y no con recursos de la cooperación; y tercero, el aporte de USD 50.000 que hizo UNOPS no se destinó a esa adquisición de los bienes.

El informe asegura que, al inicio del proceso, el Servicio de Contratación Pública (Sercop) advirtió al Municipio que delegar la compra de los trolebuses a un organismo internacional no era la vía correcta, sino que lo que correspondía era una subasta inversa electrónica.

Aunque sin dar explicaciones en detalle sobre las observaciones legales, la Empresa de Pasajeros del Municipio respondió que el "proceso se realizó con apego a la Constitución, los convenios internacionales que respaldan el trabajo de las agencias de las Naciones Unidas en el país y la Ley de Contratación Pública y su reglamento".

Los principales errores identificados fueron:

1. No aplicar subasta inversa y optar por una contratación internacional sin justificación

   • El proceso arrancó con un Memorando de Entendimiento suscrito por el alcalde Pabel Muñoz con la UNOPS.
   • Ese paso permitió que la Empresa de Pasajeros invitara directamente a UNOPS, sin sustento que justificara el cambio de modalidad.
   • La Contraloría señala que —pese al convenio— UNOPS no podía participar en el proceso de compra porque era un organismo multilateral de crédito ni aportó financiamiento directo.  

2. Pagos injustificados por USD 2,55 millones

   • El Municipio pagó a UNOPS valores por costos operativos y corporativos sin documentación que respaldara su cálculo. Ese monto constituye el perjuicio económico identificado.  

3. Omisiones del Directorio y de la Empresa de Pasajeros

   • El Directorio de la Empresa de Transporte de Pasajeros conocía del convenio con UNOPS desde diciembre de 2023, pero no pidió informes ni verificó el ajuste al proyecto de inversión.
   • El gerente tampoco supervisó las mesas de trabajo ni pidió sustento de los costos.

4. Incumplimiento de 15 especificaciones técnicas de los trolebuses

   • El informe advierte fallas en elementos de seguridad y diseño operacional. La aprobación del prototipo tampoco se contrastó rigurosamente con el contrato.

El patrón común: decisiones fuera de la normativa y fallas de control  

Aunque los procesos son distintos, los dos informes coinciden en tres grandes fallas atribuidas al Municipio:

• Uso de modalidades de contratación sin sustento técnico o legal, que evadieron procesos obligatorios como la subasta inversa o la licitación dentro del marco ecuatoriano.
• Controles deficientes, tanto en la supervisión de obras del Metro como en la validación técnica de los trolebuses.
• Pagos sin respaldo o por bienes y servicios que no cumplían especificaciones, que en conjunto suman más de USD 8 millones en perjuicios según los exámenes.

Lo que viene: procesos de predeterminación y posible ruta penal  

Con la aprobación de ambos informes, la Contraloría inició los procesos de predeterminación de responsabilidades civiles y administrativas. En los dos casos se identificaron indicios de responsabilidad penal, por lo que los expedientes serán enviados a la Fiscalía General del Estado.

Mientras tanto, el Municipio sostiene que la operación del Metro y del Trolebús continúa con normalidad y que se garantizará el servicio a los usuarios. Sin embargo, los hallazgos abren un nuevo capítulo de presión institucional sobre la administración municipal y sus órganos técnicos.