Quito cambia la Contribución Especial de Mejoras y reparte el costo de las obras entre todos los vecinos
El pago de las obras que ejecuta el Municipio ya no recaerá solo en los vecinos directos, sino que —en el caso de los trabajos en las vías— el valor se prorrateará entre todos los quiteños; habrá un pago por obras parroquiales y zonales. La administración municipal asegura que el impacto económico será mínimo.
Captura de pantalla de portal para pago de obligaciones del Municipio de Quito, 24 de diciembre de 2025.
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Desde este 2026, el bolsillo de los quiteños experimentará un cambio a la hora de pagar por las obras que ejecuta el Municipio. El 22 de diciembre de 2025, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó una reforma a la fórmula de cálculo de la Contribución Especial de Mejoras (CEM), eliminando el modelo histórico que cargaba el costo total de determinadas obras solo a los "frentistas" (vecinos directos).
Ahora, el monto de esa Contribución —que se cancela cada año junto con el impuesto predial— dependerá de una escala de cuatro niveles con el que el Municipio intenta "distribuir el costo de manera más equitativa, dependiendo de hasta dónde llegue el beneficio de la obra".
Como el valor depende de las obras ejecutadas, el pago de la CEM no tiene un monto fijo anual:
Leticia Celi, que vive en el centro norte de Quito, por ejemplo, en 2020 pagó por Contribución Especial de Mejoras solo USD 18,18; en 2021 pagó USD 44,70; en 2022 fueron USD 48,43; en 2023 pagó USD 46,68; en 2024, el valor de la CEM subió a USD 60,46. Le sorprendió el aumento pero, en 2025, el monto volvió a bajar: pagó solo USD 40, 64.
Moisés, un ciudadano de la tercera edad y pidió la reserva de su apellido, intentó acceder a la exoneración del pago de impuestos por la edad pero recibió como respuesta “si tiene un terreno tan grande, de seguro tiene para pagar impuestos”. Logró obtener el 50 % de descuento en el pago del impuesto predial, pero, esa exoneración no incluye en el pago de la CEM. “No he visto obras como para pagar tanto”, dijo. Moisés pagó USD 115,10 en 2024 y USD 84,36 en 2025.
Pero, para entender el alcance de la reforma aprobada por la adminstración de Pabel Muñoz, es necesario conocer la naturaleza de este tributo.
¿Qué es la CEM?
La Contribución Especial de Mejoras (CEM) es un impuesto obligatorio que pagan los propietarios de inmuebles por la ejecución de una obra pública. Este rubro se emite de forma anual y los quiteños lo cancelan junto con su Impuesto Predial a partir del 1 de enero de cada año fiscal.
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), en su artículo 577, establece que el cobro de CEM aplica, estrictamente, a obras nuevas o de rehabilitación integral como la inauguración y pavimentación de vías, construcción de aceras y bordillos, redes de alcantarillado y agua potable, así como plazas y parques nuevos.
Por el contrario, el mantenimiento rutinario —como el bacheo de calles— no genera CEM. Además, bajo la nueva normativa y criterios técnicos, quedan excluidas del cobro las obras de infraestructuras de carácter social como casas comunales, canchas de hormigón, juegos infantiles inclusivos, cerramientos de áreas verdes y mobiliario urbano. Estas obras se consideran como equipamiento básico y no generadores de plusvalía directa.
Del 'frentista' al 'pago distrital': ¿cómo cambia el cobro?
Hasta 2025, si el Municipio pavimentaba una calle, los propietarios de las casas ubicadas frente a esa vía asumían la mayor parte del costo. Esto, según el Municipio, generaba deudas desproporcionadas.
Bajo la normativa anterior, el esquema era binario y rígido: las obras se dividían entre locales (pagadas exclusivamente por los vecinos de la calle afectada) o distritales (grandes proyectos, como por ejemplo la Ruta Viva, pagados por toda la ciudad).
La nueva ordenanza introduce una escala de cuatro niveles:
Obra Local
- Se mantiene para intervenciones en las que el beneficio de la obra es exclusivo para los frentistas. El costo se divide con una fórmula mixta: el 40 % se cobra según los metros de frente que tenga la propiedad y el 60 % según su avalúo catastral.
Obra Parroquial
- Nueva categoría. Se aplica cuando la mejora beneficia a los habitantes de una o varias parroquias (por ejemplo, una obra que sirve solo a Calderón). El costo se distribuye, proporcionalmente, al avalúo catastral de los inmuebles ubicados en esa parroquia.
Obra Zonal
- Nueva categoría. Corresponde a obras que impactan a toda una Administración Zonal (ej. Zona Eloy Alfaro o La Delicia).El costo se prorratea entre los propietarios que están ubicados en esa zona administrativa según el avalúo de sus predios.
Obra Distrital
- Se cobra a todos los inmuebles del Distrito Metropolitano de Quito en proporción a su avalúo. La reforma es que toda obra vial (pavimentación, repavimentación, adoquín) pasa automáticamente a esta categoría, bajo la premisa de que mejorar una calle mejora la conectividad de toda la ciudad, liberando así al vecino frentista de la carga total.
Diana Arias, directora Metropolitana Tributaria, justificó la reforma porque, según dijo, existían casos en zonas urbano-marginales en los que una familia podía llegar a pagar hasta USD 1.000 por adoquinado de su calle, cuando sus ingresos ni siquiera alcanzaban el salario básico.
El concejal Andrés Campaña (PSE) ilustra el cambio matemático. Él asegura que si un ciudadano antes pagaba USD 500 o USD 1.000 por tener la obra frente a su casa, ahora podría pagar valores simbólicos, cercanos a USD 1, al diluirse el costo entre millones de contribuyentes.
La concejala Analía Ledesma (ID) considera que esta reforma busca evitar que el tributo sea desproporcionado o afecte gravemente el patrimonio de los propietarios. "El claro ejemplo es la calle con siete frentistas que, antes de la reforma, debían pagar esa obra solo entre ellos: hoy esa obra estará distribuida adecuadamente entre todos los contribuyentes".
La polémica: ¿Pagar por obras que no se ven?
El nuevo modelo implica, según la propuesta oficial, que todos los quiteños contribuirán al financiamiento de obras aunque no están necesariamente en su barrio. Entonces ¿es justo que habitantes de sectores consolidados o, por el contrario, de barrios sin servicios básicos, paguen por mejoras en el otro extremo de la ciudad?
Las autoridades defienden el modelo argumentando que el incremento en la carga tributaria individual será mínimo. Según las proyecciones de la Dirección Tributaria, el aporte promedio que hará cada quiteño por estas nuevas obras distritales (las obras viales) no superará USD 1: se estima en aproximadamente USD 0,76.
"Lo que busca esta reforma es dar un criterio de corrección de inequidades territoriales", dijo Arias. Y explicó que obras como la Ruta Viva ya se pagaban bajo el modelo distrital: ese concepto se aplicará, añadió, a toda la vialidad para evitar efectos confiscatorios en los barrios populares.
Voces críticas: "Inequidad territorial"
No todos en el Concejo Municipal están de acuerdo con la interpretación de "solidaridad". El concejal Wilson Merino, quien ha sido crítico de la medida, advierte sobre una posible injusticia para los sectores más vulnerables:
"En la práctica, esto conllevará a que los barrios históricamente olvidados, donde las calles son de tierra y no hay alcantarillado, terminen pagando por obras que no les benefician".
Para el funcionario, esto no es solidaridad, sino "inequidad territorial". Merino cuestionó que, durante el trámite de la reforma, no se hayan incluido excepciones focalizadas para los barrios más pobres que aún carecen de infraestructura básica.
Y sí, consultada por PRIMICIAS, la directora metropolitana confirmó que pueden existir casos en los que un ciudadano no crea que una obra le beneficie en absoluto, pero al ser distrital, tendrá que pagar. Además, un dueño de predio que no cuente con ingresos superiores a un sueldo básico, también tendrá que pagar por obras de carácter distrital.
Alivio financiero a largo plazo
Para mitigar el posible impacto en el bolsillo de los quiteños, la ordenanza también amplía los plazos de pago:
- Antes: el plazo máximo para diferir la CEM era de 10 años.
- Ahora: el plazo se extiende hasta 20 años para obras locales y se recalcularán las deudas actuales de obras ya entregadas para ajustarse a este nuevo plazo, reduciendo así la cuota anual.
Además, se mantienen las exoneraciones por ley para personas con discapacidad y adultos mayores, y se incentiva la cogestión: si un barrio aporta con trabajo (mingas) o materiales, ese valor se descontará del pago de la contribución.
La reforma entrará en vigor para las obras que se ejecuten a partir de 2026, mientras que la transición administrativa de la gestión tributaria pasará de la Empresa de Obras Públicas (Epmmop) a la Dirección Metropolitana Tributaria.
¿Y la tasa de recolección de basura?
La modificación del cálculo de la Contribución Especial de Mejoras (CEM) se dio en un contexto político tenso. La reforma fue aprobada en el mismo paquete legislativo que regula la nueva forma de cobro de la Tasa de Recolección de Basura que, desde 2026, se facturará en la planilla de agua potable. Esta decisión responde a la ruptura del convenio con el Gobierno Nacional, que impidió recaudar este valor a través de la planilla eléctrica desde noviembre de 2025.
Según el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, cada mes que no se cobró esta tasa le costó al Municipio alrededor de USD 6 millones, lo que significará “menos obras para la ciudad”. Contando noviembre, diciembre y enero de 2026, serían USD 18 millones de gasto que tendrá el municipio, pues se prevé que el cobro de la tasa en la planilla de agua sea a partir de febrero 2026.
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