17 personas sancionadas por asistir a una gallera en Quito: enfrentan multas que superan los USD 4.000

17 personas fueron sancionadas por asistir a una gallera clandestina en la parroquia de Guayllabamba, en el noroccidente de Quito, la madrugada del 8 de marzo de 2026. Durante la intervención se decomisaron dos armas de fuego, una de ellas presuntamente de dotación policial.

Según la Agencia Metropolitana de Control (AMC), el organizador del evento enfrenta un proceso sancionatorio por promover peleas entre animales, que contempla la misma multa aplicada a las personas que acudieron al lugar.

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De acuerdo con el Código Municipal, organizar, promocionar, asistir, participar o apostar en peleas entre animales —o entre animales y personas— constituye una infracción muy grave. Esta conducta puede ser sancionada con una multa equivalente a 10 salarios básicos unificados, es decir, USD 4.820.

Rescate de gallos y decomiso de armas

La AMC informó que en este operativo se realizó por primera vez el rescate de 25 gallos de pelea. Los animales fueron entregados voluntariamente por los participantes y quedaron bajo el cuidado de la Unidad de Bienestar Animal (UBA).

Según la entidad, los gallos presentaban condiciones asociadas a este tipo de prácticas, marcadas por el maltrato y la exposición a la violencia.

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Durante el operativo, la Policía Nacional también encontró dos armas de fuego —una presuntamente de dotación policial— y seis armas blancas. Uno de los asistentes fue retenido por portar una de estas armas.

Aunque en el momento de la intervención había decenas de personas en la gallera clandestina, las sanciones se aplicaron a quienes llevaron gallos para participar en las peleas.

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La AMC reiteró que quienes organizan, participan o apuestan en este tipo de eventos se exponen a fuertes sanciones. En el caso de Guayllabamba, si las multas se concretan tras el debido proceso, el monto total superaría los USD 80.000.

En 2025, la institución emitió 25 sanciones contra organizadores y dueños de galleras, una cifra que triplica las registradas en 2024, cuando se reportaron apenas ocho inicios de procesos sancionatorios por esta actividad ilegal.