Amnistía Internacional alerta de 43 desapariciones forzadas y cuestiona los "excesos" de la militarización en Ecuador
Un informe de la organización internacional analiza cinco casos de operativos de seguridad militar que resultaron en 10 desapariciones en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Guayas.

Carteles con rostros de presuntas víctimas de desaparición forzada en Ecuador figuran en la mesa de presentación del informe "Son militares, yo los vi" de Amnistía Internacional, el 23 de septiembre de 2025 en un hotel de Guayaquil.
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PRIMICIAS
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Amnistía Internacional presentó este martes 23 de septiembre de 2025 en Guayaquil un informe que documenta graves violaciones de derechos humanos y que detalla cinco operativos de seguridad militar que resultaron en 10 casos de presuntas desapariciones forzadas en la Costa de Ecuador.
La organización global de promoción y defensa de los derechos humanos reveló que la Fiscalía le confirmó al organismo que tiene abiertas 43 causas por desaparición forzada desde 2023. Mientras que el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil patrocina 33 casos en los dos últimos años, en el contexto de la militarización del país.
El informe titulado "Son militares, yo los vi" -frase textual del familiar de una víctima- analiza en profundidad cinco casos en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Guayas, todos ejecutados en el marco de la estrategia de seguridad pública militarizada impulsada por el presidente Daniel Noboa.
"Lo que documenta el informe es la existencia del crimen de derecho internacional de desapariciones forzadas en Ecuador", explicó Ana Piquer, Directora Regional para las Américas de Amnistía Internacional, en una entrevista con PRIMICIAS. El organismo pide revisar la política de militarización de la seguridad publica y evaluar la efectividad de sucesivos estado de excepción en el país.
“Son 43 causas abiertas por desaparición forzada y eso muy probablemente es un subregistro", advirtió Piquer, señalando que algunos casos podrían estar clasificados erróneamente como "desaparición involuntaria" o "secuestro", lo que invisibiliza el verdadero alcance del problema.
La investigación revela "las enormes barreras" que enfrentan las familias de las víctimas, encabezadas en su mayoría por mujeres, para buscar a sus seres queridos.
"Las indagaciones avanzan con mucha lentitud, se realizan diligencias y se piden grabaciones de cámaras de seguridad tanto tiempo después de los hechos que ya la evidencia no existe", señaló Piquer. Además, las Fuerzas Armadas no han colaborado en las investigaciones, negando información tanto a familiares como a la Fiscalía bajo el argumento de que es "confidencial" o "clasificada", denunció.

Casos revelan una "patrón sistemático"
Según Amnistía, los cinco casos analizados constituyen ejemplos de un patrón más amplio de desapariciones forzadas en el país, pues se trata en su mayoría de habitantes de sectores "históricamente marginalizados y racializados", lo que incluye a niños, adolescentes y jóvenes.
En estos casos se documentó la presencia de militares durante las detenciones, pero solo uno ha avanzado en mayor medida el proceso judicial: el de Las Malvinas, sobre la desaparición y el crimen de cuatro niños y adolescentes del sur de Guayaquil, aunque los familiares denunciaron en la presentación del informe que la audiencia preparatoria de juicio ya se ha aplazado por seis ocasiones.
En los otros cuatro casos las víctimas se mantienen en paradero desconocido desde 2024, se trata de procesos en etapa investigativa aún sin acusaciones formales, dijo Piquer.
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Amnistía analizó los siguientes casos:
- Cirilo Leonardo Minota Nieves, de 35 años, desapareció el 4 de abril de 2024 en Quinindé, Esmeraldas, después de una detención efectuada por militares cuando se encontraba en un taller mecánico arreglando el aire acondicionado de su vehículo. “El silencio militar no es lo único que ha detenido la investigación. La propia Fiscalía ha omitido inexplicablemente diligencias importantes”, reza el reporte. La familia dice que se registró actividad en redes sociales y en la cuenta bancaria de Cirilo después del día de la detención, pero se ha hecho poco por investigar estos pormenores.
- Dave Robin Loor Roca, de 20 años, y Juan Daniel Santillán Suárez, de 27 años, desaparecieron la tarde del 26 de agosto de 2024 en la parroquia Ventanas, Los Ríos, después de haber sido detenidos en la calle por militares y haber sido conducidos a un allanamiento en una casa. Los familiares salieron a buscarlos y en un camino de tierra vieron correr a un hombre desnudo, los militares habían liberado a dos hombres semidesnudos y golpeados, pero no eran Dave ni Juan Daniel. Uno de los detenidos ese día contó que los militares lo torturaron, le revisaron el celular, lo desnudaron y lo dejaron ir, “pero a los demás se lo llevaron”.
- Los primos Jostin Elian Álvarez Chávez, de 17 años y Jairo Damián Tapia Álvarez, de 16 años, fueron detenidos por militares el 3 de septiembre de 2024, en el marco de un allanamiento a su casa familiar en Babahoyo, Los Ríos, en el que se perdieron objetos de valor del domicilio. El 17 de septiembre Jostin regresó a casa y narró una situación de detención arbitraria y tortura, así como el posible asesinato de Jairo (los sacaron a un paraje de otro cantón, escuchó dos disparos y que dijeron que lo habían matado por no darles información). El adolescente dijo que los habían tenido amarrados de pies y manos en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos del cantón Montalvo (Los Ríos), lugar en el que habían más personas detenidas. El 28 de noviembre de 2024, Jostin volvió a desaparecer luego de que militares fueran a buscarlo en repetidas ocasiones a su domicilio.
- Dalton Oswaldo Ruiz Tapia, de 34 años, desapareció el 20 de octubre de 2024 después de haber sido detenido por militares en la parroquia Pimocha, de Babahoyo (Los Ríos), al salir de un rodeo Montuvio. Militares los detuvieron cuando regresaba a casa en un taxi, según registros fotográficos y testigos. Esa es la última noticia que se tiene de él. En principio se abrió una investigación por “desaparición involuntaria” lo que no se corrigió sino hasta febrero de 2025. Como en otros casos, las Fuerzas Armadas no han dado el listado del personal que laboró ese día, por considerarla información “reservada”, que tendría que primero desclasificarse. Una jueza ordenó a las Fuerzas Armadas entregar la información, pero no se ha recabado información relevante respecto al caso.
- El 8 de diciembre de 2024, cuatro niños que vivían en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, resultaron detenidos violentamente por militares pertenecientes a la Fuerza Aérea del Ecuador (FAE). Sus restos calcinados y con señas de violencia fueron encontrados el 24 de diciembre a la orilla de un río en Taura. Se trataba de Steven Medina de 11 años, de Nehemías Arboleda de 15 años y de los hermanos Josué Arroyo Bustos de 14 años e Ismael Arroyo Bustos de 15 años. “Las Fuerzas Armadas se han resistido a reconocer su responsabilidad. En un primer momento negaron los hechos. Posteriormente afirmaron que se trató de una detención por un supuesto robo, lo que nunca comprobaron”, reza el informe. “Las Fuerzas Armadas han asumido labores de defensa legal de los militares acusados. El proceso no ha avanzado con celeridad”.

“El amor nos mantiene en pie”
Diana Roca, tía de Dave Loor Roca, desaparecido en Ventanas, Los Ríos, ofreció un testimonio que refleja el drama de las familias que buscan a sus seres queridos en medio de obstáculos. “Tenemos videos, testigos y un informe militar que confirma que los militares se lo llevaron”, dijo.
El joven salió en una motocicleta a comprar empanadas con un amigo, Juan Daniel, que también está desaparecido desde el 26 de agosto de 2024, según relató su tía. La Fiscalía se negó en primera instancia a recibir la denuncia, al día siguiente de la detención, denunció.
“La patrulla militar en una rueda de prensa en Ventanas alegó que no fueron ellos quienes se lo llevaron. A los pocos días tuvimos acceso a un informe militar firmado por un capitán, donde dice que efectivamente los detuvieron y que supuestamente los dejaron libre esa misma tarde, algo que ellos no han podido comprobar”, señaló Roca, parte de un colectivo de familiares de personas desaparecidas.
“Nosotros no vivimos, sobrevivimos. El amor es el que nos mantiene de pie (...) El 1 de junio Dave cumplió 21 años lejos de casa, lejos de su familia, pero tenemos la esperanza de encontrarlo y de poderlo volver a abrazar”.
Diana Roca, tía de desaparecido.
El director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), Billy Navarrete, advirtió sobre la limitada capacidad de la Fiscalía para investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas por el uso ilegítimo de la fuerza en Ecuador.
Según explicó, actualmente existe un solo fiscal encargado de esta unidad en todas las provincias de la Costa, responsable de indagar casos de desaparición forzada, además de delitos como tortura en cárceles o ejecuciones extrajudiciales.
Navarrete recordó que desde inicios de 2025 la CDH recomendó fortalecer la unidad y recalificar procesos que, en un inicio, fueron tramitados como secuestros en lugar de desapariciones forzadas. Señaló que el mes pasado se dispuso la incorporación de un segundo fiscal, lo cual sigue siendo insuficiente frente a la magnitud y complejidad de los casos.

Amnistía pide revisar la militarización
Amnistía Internacional presentó una serie de recomendaciones en su informe, que tiene como objetivo llamar la atención internacional sobre lo que sucede en Ecuador con las desapariciones forzadas, además de "ejercer presión" a fin de que las familias obtengan justicia y se detengan los abusos.
- Al presidente Daniel Noboa le solicitan abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública y garantizar que los derechos humanos se sitúen en el centro de cualquier operación.
- El reporte incluye un llamado al Fiscal General del Estado para que todas las investigaciones sobre abusos cometidos por militares se desarrollen "de forma pronta, imparcial, independiente y exhaustiva", incluyendo la búsqueda de oficio de personas desaparecidas, bajo estándares internacionales de derechos humanos.
- El organismo subrayó la necesidad de garantizar a las familias de las víctimas el derecho a participar en los procesos, recibir protección adecuada, acceder a reparación integral y contar con acompañamiento psicosocial.
- Asimismo, la organización pidió al Ministerio de Defensa asegurar que las Fuerzas Armadas colaboren de manera efectiva con las investigaciones.
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