Gobierno de Ecuador asegura que bombardeo en Sucumbíos no fue contra "una granja lechera"

El ministro del Interior, John Reimberg, defendió este 25 de marzo de 2026 la operación militar realizada en Sucumbíos a inicios de este mes, luego de que un reportaje de The New York Times afirmara que el lugar bombardeado era en realidad una granja lechera.

“Si pensamos que los lugares a atacar tienen letreros que digan ‘finca de narcotraficantes’ o ‘bienvenido a la finca de Comandos de la Frontera’, realmente hay un pequeño problema de entendimiento sobre cómo operan los grupos criminales”, manifestó el ministro.

En dos entrevistas para las radios Poderosa y FM Mundo, Reimberg aseguró que las Fuerzas Armadas tienen las evidencias necesarias para demostrar que el ataque fue a un campamento de los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de las FARC.

Las evidencias, según el Gobierno

El funcionario aseguró que el armamento encontrado en el lugar y las personas que se encontraban allí muestran que no se trataba de civiles comunes, como sugiere The New York Times, sino de sujetos que portaban fusiles y otros elementos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa publicó este miércoles las evidencias de la operación denominada Exterminio Total.

• En el sector donde se ejecutó la operación militar se registraron hallazgos vinculados a actividades ilícitas, entre ellos un fusil semiautomático y un alimentador con 30 cartuchos.
• Durante la intervención, se aprehendió a cuatro ciudadanos colombianos, presuntamente vinculados al Grupo Armado Organizado “Comandos de la Frontera”, con fines investigativos. Esta acción fue resultado de información de inteligencia validada en cooperación con los Estados Unidos.
• Antes, durante y después de la operación, el área fue reconocida, asegurada y aislada para evitar daños colaterales. En ese contexto, se aclara que el lugar intervenido no correspondía a una granja lechera, ya que en el sector no existía presencia de ganado ni actividad productiva de ese tipo.
• Asimismo, dentro de las zonas de seguridad del Estado se contemplan los 40 kilómetros de frontera como un espacio destinado a la defensa nacional, donde no está permitida la existencia de construcciones o asentamientos no autorizados. En consecuencia, cualquier edificación en estas condiciones constituye un delito.

El Ministro del Interior mencionó que en operativos ejecutados en Sango Domingo y Esmeraldas se han registrado escenarios similares al de Sucumbíos: fincas productivas que funcionaban como motores de las economías criminales.

“Yo participé del allanamiento a varias fincas lecheras (…), pertenecían a Comandos de la Frontera, y sacaban 10.000 litros de leche diaria de esa finca”.

John Reimberg, ministro del Interior

Operativo 'Exterminio Total'

El Ministerio de Defensa informó el 6 de marzo que se bombardeó un campamento del grupo narcoterrorista Comandos de la Frontera, en coordinación con Estados Unidos. Pero hasta ahora no había dado detalles de las evidencias encontradas.

Las autoridades indicaron que la zona correspondía a un área de descanso del cabecilla alias Mono Tole y a un espacio de entrenamiento de al menos 50 criminales.

Según Defensa, en esta zona se planificaban acciones criminales que derivaron en hechos graves contra el país, como el asesinato de 11 militares en Alto Punino y un ataque armado contra personal de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que dejó un militar fallecido y cuatro heridos.

Alias “Mono Tole”, vinculado a estas estructuras, es un objetivo de alto valor buscado por autoridades de ambos países, y consta en el listado de los más buscados en Colombia.

Cuando se ejecutó el operativo, incluso el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, publicó un mensaje en X felicitando al presidente Daniel Noboa y a las tropas por lo que calificó como una acción exitosa.

Sin embargo, casi 20 días después, The New York Times publicó un reportaje en el que señala que el lugar bombardeado, ubicado en la comunidad campesina de San Martín, parroquia Jambelí, cantón Lago Agrio, pertenecía a un campesino dedicado a la producción lechera.

En el sitio trabajaban al menos cinco personas, cuatro de las cuales denunciaron al medio agresiones y violación de derechos por parte de los uniformados.

Mientras tanto, la organización Alianza por los Derechos Humanos presentó denuncias ante la Fiscalía y organismos internacionales, incluidos Naciones Unidas, por lo ocurrido en ese lugar.