Caso Las Malvinas | Fiscalía pide llamar a juicio a 17 militares y dice que hubo "designio de causar daño"

El juez Dennis Ugalde, a petición de los sujetos procesales, decidió suspender la audiencia tras casi 14 horas de diligencia. Y anunció su reinstalación para este miércoles 8 de octubre de 2025 a partir de las 9:30. El magistrado dejó constancia que está notificada la Defensoría Pública para que comparezca en representación de cualquiera de los procesados, en caso de ausencia o inasistencia de sus abogados particulares.

Según el abogado Jesús López, defensor de uno de los militares implicados -de Wilson Alfredo C. B.-, en el caso no se configura el delito de desaparición forzada, porque las víctimas llamaron a un familiar y enviaron la ubicación para que los rescaten. “En el momento en el que liberaron a los menores se rompió todo nexo causal con la desaparición”, señaló. Además, dijo que los militares obedecieron órdenes del subteniente comandante de la patrulla -John Henry Z.E.- e indicó que su defendido no tenía facultad de mando. Los alegatos del defensor se extendieron por casi tres horas. Pidió excluir pruebas como la recolección de vestimenta de las víctimas a las afueras de Taura. Hasta este martes expusieron sus contradicciones cinco de los abogados de los 17 imputados.

El abogado Jorge Haz Armas, defensor del subteniente a cargo de la patrulla de militares, principal señalado por la Fiscalía, sostuvo que su cliente actuó dentro de sus funciones y sin intención dolosa. Argumentó que la aprehensión de los menores -"presumidos como adultos debido a su contextura y falta de documentos"- fue legítima y en flagrancia, ante la ausencia de personal policial. Dijo que dos de los menores medían entre 1.70 y 1.75 metros. Según su alegato, los cuatro menores fueron liberados sin esposas y posteriormente se comunicaron con sus familiares. Haz pidió al tribunal considerar la existencia de terceros no investigados, por lo que solicitó el auto de sobreseimiento a favor del subteniente. La defensa también pidió revisar la prisión preventiva. 

La Fiscalía tomó una hora en la lectura del anuncio de las pruebas testimoniales y documentales que serán presentadas si el caso avanza a juicio. Tras ello, el abogado Abraham Aguirre, representante de las familias de las víctimas, expresó su total adhesión a los elementos presentados por el Ministerio Público. Señaló que la acusación particular hace suyas las pruebas fiscales, tanto testimoniales como documentales, en virtud del principio de apropiación probatoria, con las que -dijo- se busca acreditar la responsabilidad penal de los 17 procesados. Aguirre además respaldó la solicitud de mantener las medidas cautelares y de prisión preventiva planteadas por la Fiscalía.

El fiscal sostuvo -tras individualizar la acusación contra cada uno de los procesados- que la investigación permitió establecer la responsabilidad penal de los 17 imputados en la presunta desaparición forzada. Afirmó que las pruebas periciales, videos y reconstrucciones de los hechos muestran que las víctimas fueron golpeadas, torturadas y posteriormente abandonadas en una zona rural de alta peligrosidad en Taura, Naranjal.

Según el fiscal Christian Fárez, los actos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas y por el subteniente a cargo de las patrullas, “no tuvieron la intención de cumplir con el deber legal, sino de causar daño”, al someter a las víctimas con golpes con correa, disparos cerca del oído de un niño y agresiones físicas durante el traslado de las víctimas.

"La exposición y el abandono (de las víctimas) en un territorio de alta peligrosidad fue doloso, hubo designio de causar daño. La necesidad de exponer a la víctima por parte del agente del estado no tiene justificación".

Fiscal Christian Fárez.

Fárez subrayó que las autopsias y pericias histopatológicas confirmaron lesiones vitales previas a la ejecución, lo que acredita tortura y maltrato. En ese marco, solicitó al tribunal mantener la prisión preventiva de 16 de los procesados y emitir el auto de llamamiento a juicio por desaparición forzada, delito penado con entre 22 y 26 años de prisión.

En el expediente consta el informe pericial de cotejamiento de objetos. Los peritos realizaron una verificación para comparar dos camionetas, una color dorado y otra color blanco, ambas sin placas, que constan en los videos de la ruta de Guayaquil a Taura -incluido el video de los maltratos que recibieron los menores en el peaje Durán-Boliche-, determinando que son los mismos vehículos. También se hizo un cotejamiento que determinó que las prendas de vestir de los menores en los videos son de similares características a las halladas por el teniente coronel imputado, en el camino de segundo orden a dos kilómetros de Taura, prendas que pasaron a Criminalística. Ante la pregunta de por qué no entregaron a los detenidos a la Policía, la mayoría de los militares señalan que los llevaron a Taura por orden del subteniente a cargo de las dos patrullas. Según un grupo de militares, los detenidos medían 1,70 metros y aparentaban mayoría de edad. 

El fiscal individualiza la acusación de cada uno de los 17 militares  de la Fuerza Áerea implicados -hasta la mañana había avanzado con tres- en un proceso que se estima le tome tres o cuatro horas más. El juez del caso dio paso a un receso a las 12:00 y la audiencia se reinstaló a las 13:00. Los militares aducen que detuvieron a los menores porque el populacho los detuvo en la Av. 25 de Julio y Ernesto Albán, al sur de Guayaquil, acusando a los menores de edad por el presunto robo a una mujer. Los procesados no niegan su participación activa en los hechos, con lo que el fiscal acredita su vinculación.

La Fiscalía presentó el testimonio anticipado de Luis Eduardo Arroyo Valencia, padre de dos de las víctimas, quien relató la angustiosa llamada telefónica que recibió la noche del 8 de diciembre de 2024.

Arroyo declaró que recibió una llamada en la que conversó con una persona que se identificó como Luis Fernando T. M., el testigo que encontró a los menores en la parroquia de Taura. "Este testigo le había dicho que encontró a sus hijos desnudos. También le indicó que uno tenía un corte a la altura frontal", relató el fiscal.

En esa conversación, el testigo le pasó el teléfono a uno de los menores. "Efectivamente, dice haber reconocido la voz de su hijo, Ismael".

Las palabras del menor a su padre quedaron registradas en el testimonio anticipado: "Me dijo: 'Papi, ven a rescatarme, que los militares nos han golpeado y nos acusan de un presunto robo. Papi, no hicimos nada, nos subieron al carro y nos golpearon. Los militares habían hecho disparos al aire, nos habían perseguido y subido al patrullero'".

El testigo, Luis Fernando T. M., avisó a los familiares que se apresuren a buscar a los menores. Pero posteriormente dijo que llegaron motorizados de "la mafia" y se llevaron a los cuatro menores de edad. Este testigo refirió que el 9 de diciembre de 2024, a la 01:00, escuchó unas voces que pedían auxilio afuera de su casa, y al salir de la vivienda vio los cuatro chicos desnudos, por lo que les prestó ayuda y les permitió llamar a un familiar.

La Fiscalía también detalló peritajes a los teléfonos celulares de los militares, y a un grupo de la aplicación Whatsapp, donde los imputados comentaban: “Ojalá estos pelados se encuentren vivos”. Uno de los militares que colaboró con Fiscalía detalló que el subteniente a cargo de la patrulla grabó a los niños mientras los goleaba en el suelo. También se refirió a la explotación del contenido de dispositivo celular y a una grabación de video de uno de los menores sometidos, enviada a una hermana de uno de los militares implicados, en la que se escucha una voz masculina de uno de los militares: “Negro chucha de tu madre, agradece que estás vivo”.

Según las pericias técnicas del lugar de hallazgo de los cuerpos de los menores, el 24 de diciembre en el recinto Casas de Zinc de Taura (Naranjal), las osamentas calcinadas de los cuatro menores fueron movidas de lugar. Es decir, que el sitio de disposición final no habría sido el mismo de los asesinatos. Al teniente coronel del caso se lo acusa como cómplice por dirigir un operativo de recuperación de prendas de los menores, el 11 de diciembre de 2024, sin informar de la operación a la Policía ni a la Fiscalía.  

La patrulla trasladó a los menores fuera de la jurisdicción donde fueron interceptados en el sur de Guayaquil -a dos de los detenidos se los subió en una camioneta blanca y a los otros dos en una camioneta dorada-. El primer punto de parada fue en el cantón Durán.

Ahí, según el relato fiscal, el cabo primero Jonathan Gaúl G. P. golpeó a Ismael Arroyo, de 15 años, "subiéndolo y bajándole bruscamente de la camioneta". A consecuencia de estos golpes, "se le partió la cabeza al chocarse con la trompetilla del fusil que portaba, causando un trauma a nivel frontal del adolescente".

Farez detalló que en ese momento uno de los militares le dijo al menor de manera textual: "Negro, chucha de tu madre, agradece que no te disparamos". Las agresiones continuaron en el peaje Durán-Boliche, donde videos de las cámaras de seguridad captaron los golpes a los menores.

Por órdenes del subteniente John Henry Z. E. -a cargo de los 16 militares-, la patrulla continuó su marcha hasta la parroquia Taura, del cantón Naranjal, provincia del Guayas. "Refiere que él conoce una poza (una hueca) y que les va a llevar hasta allá". 

Salieron de la parroquia Taura por un camino de segundo orden y dos kilómetros más adelante, las dos camionetas detuvieron su marcha al encontrar un tronco que impedía el paso. "Bajan de manera brusca a los tres adolescentes y al niño"

El subteniente tomó una correa y comenzó a golpear al niño de 11 años, diciéndole: "Por qué robas, yo a tu edad vendía aguas", como forma de reprenderle. Pusieron a los menores contra el piso y el teniente "toma su arma dotada por el Ejército ecuatoriano y dispara cerca del oído del niño". "El resto de la patrulla pateaban en el piso a los niños".

El cabo primero Jonathan Gaúl G. P. comenzó a hacer una llave de lucha al adolescente Ismael Arroyo. "Junto de esto cae y (el cabo) comienza a boxear con el adolescente", describió el fiscal. Otros militares tuvieron que intervenir para detener el ensañamiento del subteniente y del cabo primero contra las víctimas, según sus propias versiones. 

Después de las agresiones físicas, el subteniente ordenó de manera textual que "se pelen". Como las víctimas no entendían a qué se refería, el cabo les dijo: "Desnúdense, ¿qué no entienden?", y les obligó a quitarse sus prendas de vestir, dejándolos completamente desnudos. 

El subteniente botó las prendas de vestir hacia la maleza. Luego, obligaron a las cuatro víctimas a ayudar a mover el tronco que obstruía el camino. Los menores regresaron desnudos a Taura, donde fueron auxiliados por el testigo Luis Fernando T. M., quien los encontró sin ropa, les proporcionó 'bóxeres' (calzoncillos) e indicó que les dio agua y pan. El adolescente más grande presentaba un corte en la parte frontal de la cabeza (una fractura a nivel craneal) y restos de sangre a la altura de su oído izquierdo.

El fiscal Christian Farez relató la secuencia de hechos ocurridos la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los cuatro menores de edad fueron privados de su libertad, agredidos y abandonados desnudos por una patrulla de 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Los menores regresaban de jugar un partido de fútbol y habían pasado por una panadería a comprar pan cuando fueron interceptados por personal militar.

El fiscal enfatizó que desde el inicio del procedimiento se violaron múltiples derechos constitucionales de los menores. Según la acusación fiscal, no se cumplió con las garantías establecidas en el artículo 77 de la Constitución, como el derecho a contactarse con un abogado, hacer conocer a un familiar de su detención, informarles en lenguaje sencillo las causas de su aprehensión y, sobre todo, el derecho a no estar incomunicados

Cuando las víctimas son adolescentes y niños, son privados de libertad, no tienen la calidad ni de detenidos ni de aprehendidos, sino únicamente de aislados"

Christian Farez, fiscal del caso Las Malvinas. 

El fiscal Christian Farez inició la exposición del dictamen acusatorio, procediendo primero a la individualización de los 17 procesados. "Durante la fase de investigación previa, así como la respectiva instrucción fiscal, son suficientes para deducir una imputación", señaló al inicio de su intervención.

Se acusa a 16 militares como autores directos y responsables conforme al artículo 42, numeral 1, literal A del Código Orgánico Integral Penal (COIP), del presunto delito de desaparición forzada tipificado en el artículo 84 del mismo cuerpo legal.

Un teniente coronel 49 años es imputado en calidad de cómplice conforme al artículo 43 del COIP, del presunto delito de desaparición forzada.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez Ugalde resolvió "declarar la validez de todo lo actuado dentro de la presente causa", despejando así el camino para que la Fiscalía presente formalmente su acusación. En su fundamentación, el magistrado recordó el principio de presunción de inocencia: "Una persona no tiene que demostrar que es inocente. A la fiscalía, al acusador particular, al denunciante, le corresponde enervar el estatus de inocencia al que gozan todos los ciudadanos".

El juez Dennis Ugalde dio inicio formal a la audiencia preparatoria de juicio, convocada mediante decreto del 2 de octubre de 2025, tras haber reasumido la competencia del caso. La diligencia había sido suspendida en seis ocasiones previas debido a recursos presentados por la defensa de los procesados.