Caso Las Malvinas | Fiscalía acusa a 17 militares, revela que soldado boxeó con menor desaparecido y que se movieron osamentas

El fiscal individualiza la acusación de cada uno de los 17 militares  de la Fuerza Áerea implicados -hasta la mañana había avanzado con tres- en un proceso que se estima le tome entre tres y cuatro horas más. El juez del caso dio paso a un receso para el almuerzo y la audiencia prevé reinstalarse a las 13:00. 

La Fiscalía presentó el testimonio anticipado de Luis Eduardo Arroyo Valencia, padre de dos de las víctimas, quien relató la angustiosa llamada telefónica que recibió la noche del 8 de diciembre de 2024.

Arroyo declaró que recibió una llamada en la que conversó con una persona que se identificó como Luis Fernando T. M., el testigo que encontró a los menores. "Este testigo le había dicho que encontró a sus hijos desnudos. También le indicó que uno tenía un corte a la altura frontal", relató el fiscal.

En esa conversación, el testigo le pasó el teléfono a uno de los menores. "Efectivamente, dice haber reconocido la voz de su hijo Ismael".

Las palabras del menor a su padre quedaron registradas en el testimonio anticipado: "Me dijo: 'Papi, ven a rescatarme, que los militares nos han golpeado y nos acusan de un presunto robo. Papi, no hicimos nada, nos subieron al carro y nos golpearon. Los militares habían hecho disparos al aire, nos habían perseguido y subido al patrullero'".

La Fiscalía también detalló peritajes a los teléfonos celulares de los militares, y a un grupo de la aplicación Whatsapp, donde los imputados comentaban: “Ojalá estos pelados se encuentren vivos”. Uno de los militares que colaboró con Fiscalía detalló que el subteniente a cargo de la patrulla grabó a los niños mientras los goleaba en el suelo. También se refirió a la explotación del contenido de dispositivo celular y a una grabación de video de uno de los menores sometidos, enviada a una hermana de uno de los militares implicados, en la que se escucha una voz masculina de uno de los militares: “Negro chucha de tu madre, agradece que estás vivo”.

Según las pericias técnicas del lugar de hallazgo de los cuerpos de los menores, el 24 de diciembre en el recinto Casas de Zinc de la parroquia rural de Taura (Naranjal, Guayas), las osamentas calcinadas de los cuatro menores fueron movidas de lugar. Es decir, que el sitio de disposición final no habría sido el mismo de los asesinatos. Al teniente coronel del caso se lo acusa como cómplice por dirigir un operativo posterior de recuperación de prendas de los menores sin haber informado de la operación a la Policía y la Fiscalía.  

La patrulla trasladó a los menores fuera de la jurisdicción donde fueron interceptados en Guayaquil. El primer punto de parada fue en el cantón Durán.

Ahí, según el relato fiscal, el cabo primero Jonathan Gaúl G. P. golpeó a Ismael Arroyo, de 15 años, "subiéndolo y bajándole bruscamente de la camioneta". A consecuencia de estos golpes, "se le partió la cabeza al chocarse con la trompetilla del fusil que portaba, causando un trauma a nivel frontal del adolescente".

Farez detalló que en ese momento uno de los militares le dijo al menor de manera textual: "Negro, chucha de tu madre, agradece que no te disparamos". Las agresiones continuaron en el peaje Durán-Boliche, donde videos de las cámaras de seguridad captaron los golpes a los menores.

Por órdenes del subteniente John Henry Z. E. -a cargo de los 16 militares-, la patrulla continuó su marcha hasta la parroquia Taura, del cantón Naranjal, provincia del Guayas. "Refiere que él conoce una poza (una hueca) y que les va a llevar hasta allá". 

Salieron de la parroquia Taura por un camino de segundo orden y dos kilómetros más adelante, las dos camionetas detuvieron su marcha al encontrar un tronco que impedía el paso. "Bajan de manera brusca a los tres adolescentes y al niño"

El subteniente tomó una correa y comenzó a golpear al niño de 11 años, diciéndole: "Por qué robas, yo a tu edad vendía aguas", como forma de reprenderle. Pusieron a los menores contra el piso y el teniente "toma su arma dotada por el Ejército ecuatoriano y dispara cerca del oído del niño". "El resto de la patrulla pateaban en el piso a los niños".

El cabo primero Jonathan Gaúl G. P. comenzó a hacer una llave de lucha al adolescente Ismael Arroyo. "Junto de esto cae y (el cabo) comienza a boxear con el adolescente", describió el fiscal.

Después de las agresiones físicas, el subteniente ordenó de manera textual que "se pelen". Como las víctimas no entendían a qué se refería, el cabo les dijo: "Desnúdense, ¿qué no entienden?", y les obligó a quitarse sus prendas de vestir, dejándolos completamente desnudos. 

El subteniente botó las prendas de vestir hacia la maleza. Luego, obligaron a las cuatro víctimas a ayudar a mover el tronco que obstruía el camino. Los menores regresaron desnudos a Taura, donde fueron auxiliados por el testigo Luis Fernando T. M., quien los encontró sin ropa, les proporcionó 'bóxeres' (calzoncillos) e indicó que les dio agua y pan. El adolescente más grande presentaba un corte en la parte frontal de la cabeza (una fractura a nivel craneal) y restos de sangre a la altura de su oído izquierdo.

El fiscal Christian Farez relató la secuencia de hechos ocurridos la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los cuatro menores de edad fueron privados de su libertad, agredidos y abandonados desnudos por una patrulla de 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Los menores regresaban de jugar un partido de fútbol y habían pasado por una panadería a comprar pan cuando fueron interceptados por personal militar.

El fiscal enfatizó que desde el inicio del procedimiento se violaron múltiples derechos constitucionales de los menores. Según la acusación fiscal, no se cumplió con las garantías establecidas en el artículo 77 de la Constitución, como el derecho a contactarse con un abogado, hacer conocer a un familiar de su detención, informarles en lenguaje sencillo las causas de su aprehensión y, sobre todo, el derecho a no estar incomunicados

Cuando las víctimas son adolescentes y niños, son privados de libertad, no tienen la calidad ni de detenidos ni de aprehendidos, sino únicamente de aislados"

Christian Farez, fiscal del caso Las Malvinas. 

El fiscal Christian Farez inició la exposición del dictamen acusatorio, procediendo primero a la individualización de los 17 procesados. "Durante la fase de investigación previa, así como la respectiva instrucción fiscal, son suficientes para deducir una imputación", señaló al inicio de su intervención.

Se acusa a 16 militares como autores directos y responsables conforme al artículo 42, numeral 1, literal A del Código Orgánico Integral Penal (COIP), del presunto delito de desaparición forzada tipificado en el artículo 84 del mismo cuerpo legal.

Un teniente coronel 49 años es imputado en calidad de cómplice conforme al artículo 43 del COIP, del presunto delito de desaparición forzada.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez Ugalde resolvió "declarar la validez de todo lo actuado dentro de la presente causa", despejando así el camino para que la Fiscalía presente formalmente su acusación. En su fundamentación, el magistrado recordó el principio de presunción de inocencia: "Una persona no tiene que demostrar que es inocente. A la fiscalía, al acusador particular, al denunciante, le corresponde enervar el estatus de inocencia al que gozan todos los ciudadanos".

El juez Dennis Ugalde dio inicio formal a la audiencia preparatoria de juicio, convocada mediante decreto del 2 de octubre de 2025, tras haber reasumido la competencia del caso. La diligencia había sido suspendida en seis ocasiones previas debido a recursos presentados por la defensa de los procesados.