Caso Malvinas | Un informe policial apunta a miembros de Los Águilas como ejecutores del crimen de los niños

El juez ponente Jovanny Suárez Chávez anunció el cierre formal de la etapa de prueba en el juicio por la desaparición forzada de cuatro menores de edad, tras concluir la declaración del último procesado. Con este acto, el tribunal dio por finalizada la fase destinada a la presentación, práctica y contraste de los elementos probatorios.

Suárez informó que la audiencia no avanzaría inmediatamente hacia los alegatos finales -etapa en la que defensa, Fiscalía y los abogados de las familias de las víctimas presentarán sus conclusiones finales- debido a que estos suelen ser extensos y el tribunal tenía programada otra diligencia con riesgo de caducidad en menos de una hora.

El tribunal prevé retomar la audiencia de juicio del caso Malvinas entre el sábado 6 de diciembre o el lunes 8 de diciembre de 2025, fechas tentativas en las que se escucharán los alegatos finales de las partes. La confirmación oficial de la fecha será notificada a las partes hasta el miércoles 3 de diciembre de 2025.

El subteniente John Henry Z. E., señalado como responsable de la patrulla militar involucrada en los hechos, presentó su versión de los eventos, como la última prueba testimonial del caso. 

Él desacredita los relatos de testigos -cinco de los militares procesados- que lo señalan por haber obligado a desnudarse a los aprehendidos o incluso por presuntamente pisarlos, darle de correazos y efectuar un disparo cerca a uno de ellos. 

También afirmó que los colaboradores de la Fiscalía fabricaron historias sobre golpes, disparos y maltratos para obtener beneficios en el juicio, “para que supuestamente se les reduzca un 90% la pena”.

“Nosotros no hemos matado a estas personas, no las hemos desaparecido. Son grupos de delincuencia organizada los causantes de la desaparición forzada, que también puede ser perpetrada por agentes no estatales”.

Subteniente John Henry Z. E.

También insistió en que todas las municiones fueron entregadas sin faltantes al armero de la base, con números de serie y lote verificados, lo que contradice la acusación de disparos efectuados en dos de las escenas, dijo.

El subteniente menciona que se realizó un barrido electrónico en la zona de Taura, donde dejaron a los aprehendidos, y no se halló ningún indicio relacionado con un disparo y con los hechos denunciados.

Además, aseguró haber intentado llamar al ECU 911 en dos ocasiones desde su celular para reportar la detención de los menores, pero no logró concretar la comunicación debido a falta de señal, en medio de los apagones eléctricos que atravesaba el país.  

El oficial testificó que uno de los aprehendidos (el de mayor altura) insistió en ser liberado, prometiendo no delinquir nuevamente, cuando encontraron un árbol caído a las afueras de Taura, en una vía de segundo orden. Tras las insistencias, accedió a dejar a los detenidos en el lugar, argumentando que actuó como oficial a cargo y bajo su criterio.

John Henry considera que los cinco militares que decidieron acogerse a una colaboración con Fiscalía -y que lo apuntan como principal responsable- han forjado narrativas infundadas y forman parte de una estrategia para desprestigiar a las Fuerzas Armadas.

"Se han creado una serie de relatos falsos para sorprender a la Fiscalía y a la prensa, para que supuestamente se les reduzca a los colaboradores un 90% la pena".

Subteniente John Henry Z. E.

El subteniente John Henry Z. E., principal señalado como autor directo en la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad en Taura, compareció ante el tribunal para explicar su rol como jefe de la patrulla integrada por 16 militares que detuvo a los cuatro niños y adolescentes el 8 de diciembre. 

En su versión, afirmó que su especialidad es técnica aeronáutica en mantenimiento de helicópteros y que nunca recibió instrucción en procedimientos de intervención en delitos flagrantes. 

Sostuvo que no estaba oficialmente asignado al Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno (Gomai) Durán, sino cumpliendo una comisión temporal debido al déficit de personal, con turnos extendidos de hasta 21 días. 

También señaló  que en la Base Aérea de Taura operaban cuatro patrullas, cada una con un oficial a cargo, pero que el 8 de diciembre de 2024, día de la detención de los cuatro menores, tres de esos oficiales estaban ausentes por permisos o calamidad doméstica. Entre ellos -enfatizó- el subteniente comandante titular de la patrulla ahora procesada.

Según su testimonio, fue convocado por el jefe de Operaciones, quien le ordenó conformar un grupo para brindar seguridad al personal del Servicio Nacional de Aduanas e interceptar un camión con mercadería presuntamente de contrabando. Se les dispuso custodiar el camión hasta el sur de Guayaquil.

Además, recordó que la patrulla ya tenía una orden de operaciones en la cual él no figuraba, pues la misión prevista -controles en ejes viales- estaba bajo responsabilidad del oficial ausente.

El teniente coronel Juan Francisco I. M., procesado como presunto cómplice por la supuesta alteración de evidencia y de la escena en la desaparición de los cuatro menores del caso Malvinas, expuso ante el tribunal sus actuaciones entre el 10 y el 17 de diciembre, tras recibir un video de una patrulla militar deteniendo a los adolescentes.

Su jefes le ordenaron verificar si se trataba de personal y vehículos de su unidad, lo que confirmó más tarde a sus dos superiores. 

El 11 de diciembre, tras verificar que los informes no hubieran sido modificados, notificó a su jefe de inteligencia. A las 12:30 salió con una patrulla de 20 militares y cuatro miembros de inteligencia para verificar en terreno la versión entregada por la unidad. 

El subteniente John Henry Z. E. y el suboficial Wilson Alfredo C. B., los de mayor rango en la patrulla enjuiciada, fueron ubicados en camionetas diferentes y ambos señalaron el mismo lugar donde habían dejado a los cuatro adolescentes la noche del 8 de diciembre de 2024, la escena del árbol caído a las afueras de Taura.

En ese punto, relató, halló cenizas recientes, restos de una hoguera y prendas quemadas, que consideró indicios relevantes que debía recoger en ese momento  El teniente coronel aseguró que recogió estos indicios y los trasladó a la base aérea de Taura para su custodia, a la espera de instrucciones. 

La Fiscalía lo acusa por una posible alteración de evidencia y de la escena. “No había todavía un proceso oficial de investigación”, dijo, y relató que recién más tarde la Policía le informó que se podría tratar de un caso de secuestro y que las víctimas eran menores de edad. 

El oficial insistió en que la Fiscalía tardó en activar diligencias clave, como la toma de versión del testigo Luis T., localizado en un operativo militar el 13 de diciembre de 2024. Sostuvo que, de haber actuado antes, la Policía habría tenido tiempo para desplegar equipos en puntos críticos de Taura y evitar el crimen de las víctimas, dijo.

El testimonio incluyó además un recuento de sus acciones del 15 y 17 de diciembre, cuando equipos policiales y militares realizaron nuevas incursiones tras alertas de que los menores estarían vivos en casas utilizadas por bandas criminales para secuestros. 

Finalmente, negó haber participado en reuniones con altos mandos (generales), haber presionado a subordinados o haber ordenado la fabricación de versiones. Dijo que su participación se limitó “a tareas técnicas de inteligencia, verificación y apoyo operativo”, y que desde el 12 de diciembre colaboró también con la Unase de la Policía.

El teniente coronel Juan Francisco I. M., oficial superior de la patrulla militar que detuvo a los cuatro menores de edad en Taura el 8 de diciembre de 2024, procesado como presunto cómplice por presuntamente alterar evidencia, explicó que aquella intervención se originó en una operación no planificada, activada de manera urgente.

El operativo se ejecutó tras una alerta de Aduanas sobre un vehículo que presuntamente transportaba contrabando y armas provenientes del Perú, escoltado por una organización delictiva no identificada. Según relató, un oficial de inteligencia de la Aduana lo contactó cerca de las 16:30 para advertir que el camión ya se dirigía hacia Durán o Guayaquil, lo que obligó a desplegar rápidamente una patrulla militar de Taura a Guayaquil.

Pero las camionetas militares y el personal de Senae verificaron que el camión solo transportaba electrodomésticos de contrabando. Se solicitó autorización para extender la custodia militar hasta las bodegas de Aduanas, lo cual fue aprobado, relató.  

La detención de los cuatro menores de edad se produjo cuando las patrullas regresaban del sur de Guayaquil a Durán y a su base en la parroquia de Taura, pero según dijo el teniente coronel no se le informó en primera instancia que habían detenido a menores. 

Algunos de los cooperadores eficaces han señalado que fueron “interrogados” por éste teniente coronel, algo que Juan Francisco I. M. dijo que no corresponde a sus funciones ni a los procedimientos de inteligencia militar. 

Solo entrevistó a ocho procesados y verificó la concordancia de las versiones, dijo. “Tenía que comprobar que los informes del 10 y del 11 digan exactamente lo mismo". Según él, tampoco entrevistó al subteniente John Henry Z. E., quien le proporcionó información a un coronel de mayor rango, al Comandante del Grupo de Operaciones Militares del Ámbito Interno (Gomai) Durán.

El mayor de Policía, Edwin Sánchez, expuso el contenido de su informe preliminar, elaborado el 27 de diciembre de 2024, en el que detalló las tareas de búsqueda, hallazgo y primeras líneas de investigación desarrolladas por su unidad en el sector de Taura, una zona donde opera el brazo armado de Los Choneros conocido como Los Águilas.

Sánchez explicó que fue delegado el 18 de diciembre para apoyar en la búsqueda de los menores reportados como desaparecidos desde el 8 de diciembre. Durante esas tareas, su equipo activó fuentes humanas previamente reclutadas en Taura, un territorio donde según señaló- rige la hegemonía criminal de Los Águilas, una estructura que controla zonas rurales y manglares del cantón Naranjal mediante extorsiones, amenazas y vigilancia comunitaria forzada. Esta situación, dijo, dificulta que los habitantes colaboren con las autoridades, por temor a represalias.

El informe presentado por Sánchez documenta que el 24 de diciembre se hallaron cuatro cuerpos calcinados en un sector remoto del estero El Chabelo, un manglar de difícil acceso ubicado cerca del río Taura y a 730 metros al norte del recinto Casa de Zinc. Este descubrimiento orientó la pesquisa hacia ese punto del estuario, donde previamente se había recibido información de familiares y una fuente humana sobre la posible presencia de los menores.

El mayor también expuso el análisis de información recabada, que incorporó datos proporcionados por un presunto testigo, Luigi V., quien declaró el 21 de diciembre ante la Fiscalía. Según esa versión preliminar, el asesinato habría sido ordenado por alias Momo —identificado como Alvarado Aguirre Brayan Vicente—, líder de Los Águilas en Taura, que para entonces se encontraba detenido. Sánchez señaló que Momo recibió un indulto el 25 de diciembre, bajo el argumento de padecer una “enfermedad catastrófica”.

Este informe preliminar de Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) también identificó a otros miembros del grupo que presuntamente participaron como autores materiales del crimen, entre ellos:

- Ofelio C., señalado como ejecutor directo;

- Ronald A. E., alias "Ruco", primo de Momo;

- Ronald Segundo A. C., alias "Dany", tío de Momo.

El mayor concluyó que su informe permitió perfilar las primeras conexiones entre la desaparición, el asesinato y la estructura criminal que domina la zona, en un contexto donde la violencia y el control territorial de Los Águilas condicionan tanto la investigación policial como la capacidad de testigos y pobladores para colaborar con la justicia.

El oficial de la Dinased también dijo durante el interrogatorio que, en su investigación, colaboró con el teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Juan Francisco I. M., procesado como presunto cómplice en el juicio por desaparición forzada. Y dijo que este teniente coronel de inteligencia militar le proveyó de información de forma verbal. 

El mayor Jonathan Estrella, oficial de operaciones del Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno (Gomai) Durán, compareció ante el tribunal para aclarar su participación en la orden de acción táctica, que sustentó el operativo de la patrulla militar involucrada en la desaparición de los cuatro menores de edad.

Estrella confirmó que autenticó la orden de acción táctica, elaborada -según dijo- un día antes de la ejecución del operativo, como es habitual en las planificaciones militares. 

El documento base incluía solo a 15 militares, pero en el expediente constaba un anexo adicional con un listado de personal, donde aparecía el subteniente John Henry Z. E., quien comandó la patrulla y cuya actuación ha sido cuestionada en el caso.

Los abogados de los cinco militares que decidieron cooperar con la Fiscalía cuestionan que la incorporación del subteniente se habría hecho a última hora. Estrella insistió en que solo autenticó la orden principal, pero no elaboró ni firmó los anexos, porque estos corresponden a “otras especialidades”, específicamente al área encargada de personal. Señaló que no tenía injerencia en esos listados.

En esa misma línea testificó ante el tribunal el subteniente Marco Villacís, quien también suscribió la orden táctica de trabajo, con un listado en el que no constaba el subteniente John Henry Z. E.

Según el soldado Christian Eduardo A. Q., el subteniente los incitó a todos a declarar que ninguna agresión había ocurrido y concordar una misma línea de defensa. También les pidió borrar fotos y videos de sus teléfonos. “Como dicen en la vida militar, teníamos espíritu de cuerpo”, afirmó.

También señaló que días más tarde, el 10 y 11 de diciembre de 2024, un coronel y un teniente coronel les habrían comunicado que habían visto un video con parte de lo sucedido, grabado por el subteniente a cargo de la patrulla , quien les dijo haber eliminado ese contenido de su teléfono.

Cuando llegó su turno de rendir versión escrita en primera instancia, aseguró que copió y pegó el texto de otro soldado, cambiando solo algunas palabras, como lo habrían hecho todos, según su versión.

El militar relató también las presiones, amenazas e intimidaciones que sufrió tras cambiar de abogado y mostrarse dispuesto a contar lo sucedido. Dijo que en el centro de detención en Latacunga otro miembro de la patrulla lo amenazó con represalias si “sapeaba”.

Señaló que él no tenía formación para operaciones tácticas ni en derechos humanos: era especialista en meteorología, había trabajado en radares y torres de control, y fue enviado a Taura “sin capacitación alguna”.

El soldado Christian Eduardo A. Q., el de menor rango y antigüedad entre los 16 uniformados que integraban la patrulla Tango Charlie, relató con detalle la secuencia de agresiones, órdenes y presiones internas que -según dijo- marcaron la noche del 8 de diciembre de 2024 y los días posteriores. 

El militar, acogido a un mecanismo de cooperación con la Fiscalía,  inició su declaración solidarizándose con las familias de los cuatro menores de edad y afirmando que “nunca fue mi intención matarles; yo no los aprehendí, no les golpeé, tampoco los maté”.

El soldado describió como a las afueras de Taura el cabo primero Jonathan Raúl G. P. le hizo una llave por detrás al “más grande” de los detenidos, donde empezó a darles patadas y golpes

Según su versión, el cabo luego regresó con “un palo grande” y golpeó al más grande de los detenidos y a uno mediano, mientras otros miembros de la patrulla presenciaban o participaban de la agresión. También ubicó al sargento Wilmer Danny L. C. dandole de correazos a un menor.

Aseguró que en ese momento el subteniente al mando ordenó a los jóvenes “pelarse, sacarse la ropa”. Uno de ellos se resistió, pero -según dijo- el cabo volvió a agredirlo hasta obligarlo a desnudarse. Según su testimonio, la patrulla dejó a los detenidos desnudos y golpeados, pero vivos en una escena del árbol caído a las afueras de Taura.