Esta es la historia de la hacienda Camarones, 15 años a la sombra del narcotráfico y de la violencia en Manabí

En 2010, la hacienda Camarones era noticia tras decomisarse una carga de droga y, en 2026, volvió a serlo, pero esta vez por una masacre que dejó siete personas asesinadas. 

PRIMICIAS habló con fuentes policiales a cargo de la operación antinárcoticos ejecutada hace más de 15 años, quienes aseguraron que en esa propiedad se embodegaban cargamentos de distintos carteles colombianos.

Aunque las investigaciones empezaron en 2009, el jueves 27 de mayo de 2010, unos 80 agentes de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO), del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) y de otras unidades de la Policía Nacional, ingresaron en la hacienda, ubicada al filo costero en el kilómetro 21 de la vía Jama–Pedernales, al norte de Manabí.

La operación se ejecutó a las 20:00 y los uniformados iban por una tonelada de drogas. Sin embargo, terminaron decomisando 3,4 toneladas de clorhidrato de cocaína y 10.875 gramos de heroína.

Esta sustancia estaba distribuida en 136 sacos de yute y encaletada al filo de la playa. De acuerdo a versiones de las autoridades de esa fecha, la carga estaba lista para embarcarla en lanchas rápidas hacia barcos pesqueros con destino final a los mercados internacionales.

Además, en esa época, el precio de las 3,4 toneladas de clorhidrato de cocaína tenía un valor aproximado de USD 120 millones en el mercado internacional, mientras que el costo de los 10.875 gramos de heroína oscilaba en USD 706.000.

Así fue la operación Marea Blanca

La operación se denominó Marea Blanca, debido a que las caletas fueron halladas a pocos metros de la playa de ese nombre. Durante la intervención también hubo detenidos: los colombianos y presuntos líderes de la organización Francisco Ruiz Castro y Gustavo Estacio Meza y los ecuatorianos Uber García Márquez, Ethiel Giler Intriago y los hermanos César Eudaldo y Juan Andrés Loor Coppiano. 

Estos dos últimos son hijos del dueño de la hacienda, un personaje reconocido en la zona norte. Además, Juan Andrés fue una de las víctimas de la masacre de 2026.

Los procesos judiciales del caso fueron largos y sorpresivos para quienes ejecutaron la operación. En 2011, el Quinto Tribunal de Garantías Penales de Manabí dictó sentencia absolutoria a los procesados y, en ese mismo año, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia ratificó la decisión.

Según consta en el Consejo de la Judicatura (CJ), el tipo de delito por el que se acusó a los colombianos y ecuatorianos detenidos fue por estupefacientes. Además, durante las diligencias, se estableció que la droga presentada por la Policía Nacional fue encontrada en zona de playas y bahías.

De acuerdo a reportes de hace 15 años, la sentencia absolutoria se logró porque la Fiscalía General del Estado no acusó y porque los cargos se centraron en tenencia, pero ninguno de los sospechosos tenía la droga en su poder, lo que significa que las acusaciones debían ser por tráfico y no por tenencia.

Aquellos años fueron claves, porque las investigaciones ya daban cuenta de lo apetecida que era Manabí para las organizaciones de narcotráfico y, ante la falta de control, en la actualidad la provincia no solo es el corredor del ‘narco’; también cuenta con el punto más estratégico de Ecuador para el envío de cocaína a Centroamérica y Estados Unidos: Pedernales.

Considerando que, según información policial, en la ruta Sucre, San Vicente, Jama y hasta llegar a Pedernales, hay un centro de acopio neurálgico de droga que es San Isidro (Sucre).

Regresando a 2010, los reportes policiales indican que en la hacienda se guardaba droga de distintos carteles colombianos. Algunos de los bloques con droga encontrados durante el operativo estaban identificados con seis símbolos. Incluso esos identificativos ya se habían visto en droga incautada en otras intervenciones realizadas como en 2004, 2008 y 2009.

De hecho, hace 15 años las autoridades explicaron que los miembros de la banda tenían como centro de operaciones la hacienda Camarones y desde al menos seis inmuebles ubicados en los cantones Esmeraldas, Atacames y Tonsupa (Esmeraldas) se encargaban de distribuir y transportar la droga.

La masacre tras 15 años

Luego de 15 años, ocho meses y cuatro semanas, la hacienda Camarones volvió a ser noticia. El 23 de febrero de 2026, un ataque armado perpetrado a las 02:00 cobró la vida de tres hermanos y cuatro empleados.

En los reportes de la Policía Nacional consta que al menos 10 personas vestidas con uniforme tipo militar llegaron hasta la propiedad a bordo de lanchas. En el sitio, ingresaron a un inmueble con armas tipo fusil y pistolas.

A las mujeres y a los niños los encerraron en un cuarto. De inmediato sacaron a las víctimas (los siete hombres) hasta el patio y les preguntaron en reiteradas ocasiones: "¿Dónde está el dinero?". Finalmente abrieron fuego y escaparon nuevamente por el mar.

Siete personas fueron asesinadas, entre ellas los hermanos Nevardo Javier Loor Coppiano (56), Juan Andrés Loor Coppiano (38) y Leonardo Enrique Loor Coppiano (52). También figuran Yandri G. (17), José Valentín Santana Canchingre (34), Oswaldo Enrique Márquez Murillo (49) y Luis Alberto Párraga García (36).

Hermanos asesinados

En la base de datos del Consejo de la Judicatura, Nevardo Javier Loor Coppiano aparece con registros judiciales en su contra, entre ellos por estafa y alimentos; mientras en la Fiscalía hay denuncias por supuesta estafa, hurto y quiebra fraudulenta de persona jurídica.

Juan Andrés Loor Coppiano tiene dos registros judiciales, uno por archivo de la investigación y otro por presunto tráfico de estupefacientes. Este último proceso se debe a que fue detenido en 2010 en la operación antidrogas. Y en la Fiscalía constan dos denuncias por presunta estafa.

Y Leonardo Enrique Loor Coppiano, quien en el Consejo de la Judicatura tiene dos procesos, uno por cobro de pagaré a la orden y otro por contravenciones leves-primera clase.

De los cuatro empleados asesinados, dos tienen registros: Oswaldo Enrique Márquez Murillo por presunta tenencia y porte de armas, así como por cobro de pagaré a la orden, y Luis Alberto Párraga García por supuestas receptación; porte de armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados; robo, y cobro de letra de cambio.

Sigilo por la última masacre

Por la masacre del pasado febrero, desde el 3 de marzo de 2026, en la Fiscalía de Personas y Garantías Única de San Vicente, en Manabí, reposa una denuncia por asesinato. Las investigaciones del caso son reservadas, por lo que se desconocen las posibles motivaciones, y por el ataque múltiple aún no hay detenidos.

Sin embargo, la noche del 5 de marzo, miembros de las Fuerzas Armadas ejecutaron una operación contra el grupo criminal Los Choneros en el cantón Jama. 

En la hacienda Camarones, militares identificaron una camioneta Chevrolet Silverado blanca, sin placas y con vidrios polarizados, que aparentemente descargaba varias maletas. Al notar la presencia de las Fuerzas Armadas, varios vehículos intentaron abandonar la zona. Dos personas fueron detenidas; según las autoridades, portaban armas y equipos de comunicación.

Versión de la familia Loor

En una carta enviada a PRIMICIAS, la familia Loor Coppiano aclara que en el caso por narcotráfico ocurrido hace 15 años, las autoridades determinaron "la inexistencia de responsabilidad penal de nuestros familiares", ya que la Fiscalía no formuló cargos. 

Además, dice la carta, porque la sustancia incautada "fue encontrada en zona de playas y bahías sin que se pudiera establecer posesión, dominio o responsabilidad directa por parte de los miembros de nuestra familia". 

Los allegados explican que la hacienda Camarones, comprada en 1952, está ubicada al filo del mar, "circunstancia geográfica que explica que determinados objetos y materiales puedan aparecer en áreas de playa cercanas, sin que ello implique responsabilidad alguna de los propietarios del predio o de los miembros de nuestra familia".  

Sobre la masacre ocurrida el 23 de febrero, en la que tres hermanos Loor y cuatro empleados fueron asesinados, la familia pide que se realice una investigación "seria, independiente y exhaustiva, que permita identificar y sancionar a los responsables de este crimen atroz y que no quede en la impunidad".