El caso de policías procesados por robo de USD 100.000 en Manabí incluye a empleados públicos de Manta y Guayaquil

La desarticulación de una presunta red delictiva dentro de las filas de la Policía Nacional -dedicada al robo agravado-, reveló una trama con tentáculos en diversas regiones, que trascendió a las propias filas policiales. El caso por falsos allanamientos en Manabí incluye también a funcionarios públicos. 

Entre los trece procesados por el robo de USD 100.000, bajo la modalidad de falsos allanamientos en Manta, figuran no solo siete policías en servicio activo -incluidos dos capitanes-, sino también servidores públicos vinculados al Ministerio de Desarrollo Humano y al Municipio de Guayaquil.

El modus operandi de la organización, que incluía también a cinco civiles y a un exservidor policial, consistía en simular operativos antinarcóticos, según los elementos de convicción recabados durante nueve meses de investigación por la Fiscalía de Manta y por Asuntos Internos de la Policía Nacional. 

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El hecho central de la acusación ocurrió el 22 de febrero de 2025, cuando un grupo de personas armadas, portando uniformes y utilizando logística institucional policial, ingresó a una vivienda en Manta para sustraer USD 100.000 en efectivo, joyas y otros bienes, bajo la fachada de un allanamiento legal.

Tras la detención de los uniformados implicados en el operativo Embestida 51, el pasado 14 de noviembre de 2025, el coronel Wladimir Acurio, comandante de la subzona Manabí, informó que no se trataría de un hecho aislado. 

Los policías están acusados, en base a las pruebas recabadas, de utilizar información sensible, emitir órdenes de allanamiento, simular operativos e ingresar a domicilios para apropiarse de armas, municiones, drogas y dinero -dijo-, incluso extorsionando a objetivos en Manabí y provincias cercanas.

¿Quiénes son los funcionarios públicos implicados?

Uno de los hallazgos más llamativos en el proceso es la participación de Viviana Geomara C. C., procesada en calidad de autora directa. Los documentos adjuntados a su defensa confirman que se desempeña como Técnico de Juventudes y Educadora Familiar del Ministerio de Desarrollo Humano.

La mujer cuenta con un nombramiento provisional y ofrece charlas de protección de prevención de acoso y abuso en unidades educativas de Jaramijó, Manta y Montecristi, actividades que cuentan con el respaldo de dependencias como la unidad de niños y adolescentes (Dinapen) de la Policía. 

La funcionaria, quien según los alegatos de su defensa mantenía una relación sentimental con el capitán de policía Luis Fernando V. B. (también procesado), estuvo presente en el vehículo utilizado durante el ilícito. Según su abogado, se limitó a tumbarse en una camioneta por la “peligrosidad” del allanamiento, mientras esperaba a que su pareja termine “el operativo” al que había sido convocado cuando la trasladaba a ella a una comida. Luego de eso, lo acompañó a unas bodegas en Montecristi. 

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La Fiscalía adujo que la mujer estuvo tres horas en el falso operativo, “de principio a fin”, y que por su relación con policías podría disuadir a testigos o intimidar al denunciante. Pero el juez del caso le otorgó el pasado 4 de diciembre medidas sustitutivas a la prisión (presentación periódica y prohibición de salida del país) aduciendo igualdad de posiciones con un testigo del caso.

Por otro lado, Christian Manuel C. R., un cabo de policía en servicio pasivo también procesado, figura como funcionario del Municipio de Guayaquil. En audiencia pública, su defensa argumentó este vínculo laboral para intentar evitar la prisión preventiva, cuestionando cómo podría haber estado en Manta y en Guayaquil de forma simultánea. 

PRIMICIAS constató en el portal de transparencia institucional que Christian Manuel C.R. labora en el Municipio de Guayaquil como supervisor de monitoreo y vigilancia en la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales.

Nexo con policías de la Sierra Centro y Guayas

La red extendía desde Manabí sus tentáculos principales a la provincia del Guayas y a la Sierra Centro. Dos de los policías detenidos en Guayaquil por la Unidad de Análisis de la Conducta Policial estarían  implicados en un robo de droga, ocurrido en febrero pasado en vía a la Costa, al oeste de Guayaquil.

Los allanamientos del caso Embestida 51 se ejecutaron principalmente en las ciudades de Manta, Portoviejo y Montecristi, en Manabí, y en los barrios de Chongón y Mapasingue en Guayaquil (Guayas), aunque también se giraron órdenes de detención con fines investigativos a otras provincias. 

Entre los principales implicados en el caso se encuentra el capitán de policía Luis Fernando V. B.. Según consta en el expediente de su defensa, el oficial -actualmente bajo prisión preventiva-, registra su domicilio en Ambato (Tungurahua), pero señaló que se encontraba “de tránsito en Manta, por trabajo”. 

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Mientras que el cabo segundo Christian Eduardo Ll. B., el único de los siete policías que recibió medidas sustitutivas a la prisión (con prohibición de salida del país), justificó su vínculo laboral en el cantón Latacunga (Cotopaxi). El juez dispuso que sus presentaciones periódicas se realicen en esa ciudad. 

Asimismo, el policía Brayan José V. R., otro de los detenidos, registró un movimiento de personal como policía preventivo desde la subzona Cotopaxi a Gualaceo, en Azuay. 

Los policías implicados y sus rangos

En inicio, los dos capitanes de policía procesados apelaron la orden de prisión preventiva impuesta el pasado 15 de noviembre, pero a finales de noviembre ambos oficiales desistieron de dicho recurso. El juez del caso convocó para el 18 de diciembre de 2025 a una audiencia de revisión de medidas. 

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Estos son los siete policías implicados con sus rangos:

• Alex Darío M. C. (capitán).
• Luis Fernando V. B. (capitán).
• Ángel Emilio C. T. (sargento segundo).
• Jefferson Samuel M. U. (cabo primero).
• George Mauricio H. N. (cabo segundo).
• Christian Eduardo Ll. B. (cabo segundo).
• Brayan José V. R. (policía).