Comité de la ONU dice que le preocupa la corrupción en el sistema de justicia de Ecuador

El caso Plaga, cuyos testimonios anticipados revelaron pagos de sobornos a jueces y presiones políticas, ha puesto en alerta al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que este 7 de noviembre calificó como preocupante la corrupción en el sistema de justicia de Ecuador. 

Las advertencias y preocupaciones constan en un informe que el Comité ha dirigido a Ecuador, a partir del examen periódico que realizó sobre la situación en el país. 

El Comité se refiere en su informe a las investigaciones de la Fiscalía General de Ecuador sobre el pago de sobornos a funcionarios por parte de "estructuras criminales" a cambio de actos y decisiones en favor de sus integrantes y familiares, como se ha develado en los casos Plaga y Metástasis. 

Además, la entidad de las Naciones Unidas lamenta las "escasas medidas" para proteger a jueces y fiscales de asesinatos, agresiones y otros tipos de intimidación.

En una rueda de prensa en Ginebra, el miembro del Comité Carlos Gómez Martinez comentó que esta situación "pone en riesgo el Estado de derecho" en Ecuador, que el Poder Judicial está en una situación muy delicada y que el caso de asesinatos de jueces fragilizan todo el sistema de Justicia en su conjunto.

Gómez pidió que se luche "desde dentro" contra la corrupción en la judicatura porque "la mayoría de jueces, estoy seguro, no son corruptos",

Militares en cárceles 

En su informe, el Comité también expresó su alarma por la militarización de la gestión de la cárceles en Ecuador y las informaciones sobre "la infiltración del crimen organizado que estaría impidiendo el correcto funcionamiento del sistema penitenciario".

Por ello, pidió al gobierno que reduzca el hacinamiento carcelario y el elevado número de personas en prisión preventiva.

Esta última advertencia llega luego del pedido del presidente Daniel Noboa para retirar a los privados de libertad de la lista de grupos de atención prioritaria. 

Además, este alto órgano de la ONU criticó "la aparente normalización de los estados de excepción a nivel nacional y local", que llevan renovándose desde hace seis años.

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De hecho, el más reciente estado de excepción fue emitido el pasado 3 de octubre y abarca seis provincias, y dos cantones, incluyendo Quito. 

Pero, el Comité recordó que esta medida de emergencia y militarización de las calles solo debería ocurrir "en situaciones verdaderamente excepcionales".