Otros tres implicados en el caso Plaga son condenados a más de nueve años de cárcel

Una jueza de Santo Domingo de los Tsáchilas, así como un juez y el secretario de un juzgado de Manabi, se sumaron este jueves, 13 de noviembre de 2025, al listado de condenados por delincuencia organizada en el caso Plaga.

Se trata de Adriana Carolina Z., exjueza de Garantías Penitenciarias en Manabí, Gary Fabricio P., exsecretario de la Unidad Multicompetente de Paján (Manabí) y José Javier G., exjuez de la capital de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

Los tres fueron sentenciados a nueve años y cuatro meses de prisión por haber actuado como autores directos (colaboradores) en el delito de delincuencia organizada, utilizando sus cargos judiciales y administrativos para favorecer a líderes de estructuras criminales, informó la Fiscalía.

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El fallo dispone, asimismo, el pago de una multa equivalente a veinte salarios básicos unificados (USD 9.400), junto con una reparación integral del doble de la multa (USD 18.800), la pérdida de los derechos de participación por 25 años y una reparación inmaterial que incluye la publicación de la sentencia en el sitio web del Consejo de la Judicatura, además de emitir disculpas públicas.

En el caso Plaga, la Fiscalía demostró la existencia de una estructura delincuencial conformada por abogados, que se dedicaban a reclutar a presos y jueces en todo el país. Además, gestionaban el pago y cobro de sobornos para que los detenidos sean liberados irregularmente. Se desprendió del caso Metástasis, ya que varios de los abogados involucrados también defendieron al narcotraficante Leandro Norero.

Según la Fiscalía, la jueza Adriana Carolina Z. C. otorgó ilegalmente un hábeas corpus a la conviviente del líder de "Los Lobos", Wilson P., alias "Brazudo", quien es  señalado por el asesinato de Leandro Norero. La resolución se tramitó por gestión de otro cabecilla criminal y se emitió sin competencia territorial.  

Mientras que, Gary Fabricio P. C. colaboró en el direccionamiento de sorteos de acciones constitucionales para la cúpula criminal y recibió sobornos, transfiriendo los fondos a su esposa y hermana para encubrir el origen ilícito.

A su vez, el Ministerio Público responsabiliza a José Javier G. H. por haber dispuesto la libertad de un sentenciado por violación (Ricardo Darío S.) tras conocer un hábeas corpus gestionado por el líder de la estructura, basando su resolución en certificados médicos falsificados a cambio de dinero.

En el caso de Jorge Montero, Patricio Calderón y Galo Luzuriaga, el tribunal integrado por los jueces  Manuel Cabrera (ponente), Javier de la Cadena y Hernán Barros, ratificó el estado de inocencia, al señalar que no hay pruebas que ellos fuesen colaboradores de la estructura criminal. 

Aunque la Fiscalía anunció que apelará la resolución, se dispuso el levantamiento de todas las medidas cautelares dictadas en contra de estos tres últimos.

El caso Plaga también involucra a Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, que fue trasladado esta semana a la nueva cárcel de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena.