Qué casos podrían terminar en manos de Carlos Alarcón, como fiscal General, ante una posible ausencia de Wilson Toainga
El Consejo de la Judicatura nombró a Carlos Alarcón como reemplazo de Wilson Toainga, fiscal General, ante una ausencia temporal o definitiva. Los casos Metástasis, Purga, Plaga, Sinohydro, Ligados están entre los procesos que se llevan desde el Ministerio Público.
Carlos Alarcón (izq.), fiscal del caso Triple A, en la reinstalación de la audiencia intermedia en el caso Triple A, el 16 de julio de 2025, en Quito.
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Tras su nombramiento como fiscal General subrogante, Carlos Alarcón asumió por primera vez ese despacho entre el 5 y el 10 de octubre de 2025. Wilson Toainga, quien ostenta la titularidad de ese puesto, viajó a Brasil a un evento sobre inteligencia artificial y delincuencia.
Según la resolución con la que fue nombrado, Alarcón debe reemplazar a Toainga en caso de ausencias temporales o definitiva. Los cuatro nuevos vocales del Consejo de la Judicatura y Mario Godoy, quien repite en la presidencia de ese organismo, votaron por una unanimidad por ese nombramiento.
La designación de Alarcón se concretó tras un pronunciamiento vinculante de la Procuraduría General. Esta decisión ha tenido dos cuestionamientos.
Por un lado, la Judicatura privilegió el nombre de Alarcón por encima de otros agentes de mayor rango. Godoy aseguró que eso se debió a que su perfil es el que mejor se ajusta a lo dispuesto por la Procuraduría porque no era viable el nombramiento de uno de los actuales fiscales provinciales.
El otro cuestionamiento tiene que ver con su independencia. Alarcón ganó notoriedad por encabezar la investigación en los casos Nene, Triple A y Seguros Petroecuador. En las tres causas, el Ministerio Público apunta a personajes con conflictos con el presidente Daniel Noboa como Sebastián Barreiro, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad; el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y Federico Goldbaum, excuñado del Mandatario.
Desde su nueva posición, Alarcón no solo deberá lidiar con problemas como la falta de fiscales —teniendo en cuenta que el Ministerio Público opera con un déficit de 40% de agentes—, también tendrá que enfrentar estos cuestionamientos y revalidar sus 23 años de experiencia como fiscal especializado en casos de corrupción.
El portafolio de casos prioritarios
En su primera ocasión en el despacho principal de la Fiscalía, Alarcón no debió afrontar ninguna audiencia ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que es el espacio en el que litiga el Fiscal General, ya que en esa judicatura se llevan los procesos que involucran a altos funcionarios que gozan de fuero nacional.
Sin embargo, en una futura subrogación temporal o definitiva, el fiscal Alarcón podría tener que asumir casos clave contra la corrupción y la narcopolítica, que fueron la bandera de la administración de Diana Salazar, donde Toainga fue subrogante por más de seis años.
Estos son los 10 principales procesos en esa lista:
Caso Metástasis
Es uno de los casos más importantes de la gestión de Diana Salazar. La funcionaria reveló la intromisión del narcotráfico —a través de Leandro Norero (foto)— en la justicia, la Policía Nacional y en el sistema carcelario. 20 personas fueron sentenciadas, entre los que están Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, y Wilman Terán, expresidente de la Judicatura.
La Fiscalía todavía tiene pendientes las apelaciones a esas sentencias. Pero, además, todavía tienen que realizarse los juicios en contra de Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Cristhian Romero y otros involucrados que están prófugos.
Caso Purga
Este proceso se derivó de Metástasis. En Purga, la Fiscalía procesó a 12 personas por las presuntas irregularidades en el manejo de la Corte del Guayas, durante la administración de Fabiola Gallardo. Pablo Muentes (foto), exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), fue señalado y sentenciado como el cabecilla de esta organización criminal.
Al igual que en Metástasis, están en trámite las apelaciones de los sentenciados. Además, está pendiente el juicio de Mercedes Villarreal, exdirectora de la Judicatura, quien fue detenida en España y está en proceso de extradición.
Caso Plaga
Esta es la tercera parte del caso Metástasis. En este caso, la Fiscalía investigó a un grupo de abogados y jueces que favorecieron, reiteradamente, a bandas narcodelictivas con la liberación ilegal de sus miembros pese a tener sentencias vigentes por delitos graves como narcotráfico y asesinato.
En este proceso, 15 personas fueron sentenciadas tras aceptar su delito, entre ellos el exjuez Ángel Lindao (foto). Pero el juicio de los seis restantes está en proceso y, desde el 23 de julio de 2025, el Tribunal de la Corte Nacional está deliberando la sentencia.
Caso Sinohydro
Aunque el principal involucrado es el expresidente Lenín Moreno (foto), el caso se habría dado en el gobierno de Rafael Correa, cuando Moreno era vicepresidente. Según la teoría fiscal, el funcionario habría ayudado a gestionar una coima de Sinohydro por la construcción de Coca Codo Sinclair, en complicidad con su amigo y lobista privado: Conto Patiño, quien habría utilizado su empresa y a sus familiares para mover el dinero.
El 15 de septiembre de 2025, la Fiscalía acusó a Moreno y 23 personas más y solicitó a la Corte Nacional el llamado a juicio. Esa resolución todavía está pendiente.
Independencia Judicial y Pantalla
El principal involucrado es Wilman Terán (foto), expresidente de la Judicatura. Además, fueron sentenciadas otras 11 personas. Terán habría comandado una operación para destituir a Walter Macías, exjuez nacional. Además, habría operado un plan para el regreso del expresidente Rafael Correa, sentenciado por corrupción. Todavía no hay fecha para la audiencia preparatoria de juicio.
Además, por esa gestión de Terán, también se abrió el caso Pantalla, por irregularidades en el concurso de jueces nacionales. Terán también fue sentenciado por esta causa. Ambas sentencias están pendientes de apelación.
Caso Vocales
En este caso están involucrados dos exvocales de la Judicatura y un juez de la Corte de Pichincha. Los tres habrían movido influencias en una acción de protección con la que se pretendía favorecer a Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea. El 28 de septiembre de 2023, el juez Walter Macías llamó a juicio a Juan José Morillo (foto), Maribel Barreno y Vladimir Jhayya.
Este fue uno de los primeros casos que dio cuenta de la crisis de corrupción en la Función Judicial. Sin embargo, todavía no ha podido instalarse la etapa de juicio.
Caso Vidrio Libre
Este es otro de los episodios de la corrupción judicial. La Fiscalía procesó a Wilman Terán, la exjueza Anabell Torres (foto) y dos exabogados del exvicepresidente Jorge Glas. El Ministerio Público investiga una presunta operación ilegal para liberar al político correísta a través de una acción constitucional ilegal.
A inicios de octubre de 2025, la Fiscalía cerró la instrucción fiscal de este caso. Ahora está pendiente la convocatoria a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, en la que Toainga o Alarcón deberán presentar su acusación y pedir el llamado a juicio.
Caso Reconstrucción de Manabí
Este es el caso más reciente en contra del exvicepresidente Jorge Glas (foto). Según la Fiscalía, Glas y otras ocho personas abusaron de los recursos públicos para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto del 16 de abril de 2016. El 30 de junio de 2025, la Justicia sentenció a 13 años de cárcel a Glas y a Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción.
Sin embargo, sobreseyó al exministro Walter Solís y a otros tres procesados. La Fiscalía apeló ese fallo y este fue corregido. Ahora, deberá realizarse el juicio.
Caso Ligados
En esta causa, inicialmente, la Fiscalía procesó a los exvocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS): Augusto Verduga, Eduardo Franco y Yadira Saltos. Presuntamente, habrían incurrido en el delito de asociación ilícita, en el marco de varios hechos relacionados con ese organismo. Luego fueron vinculados Andrés Arauz (foto), excandidato presidencial del correísmo; y Esther Cuesta, exasambleísta.
El 27 de octubre de 2025, en la Corte Nacional, se instalará la audiencia evaluatoria: allí se definirá si estos personajes van a juicio.
Caso Celu
Este caso apunta a Pablo Celi (foto), excontralor General del Estado, y otros exfuncionarios de esa entidad. En 2018, el organismo emitió un informe de auditoría sobre un examen especial a la adenda para la adjudicación de la frecuencia adicional a favor de Claro, que constaba el contrato original.
Con base en ese informe, según Salazar, se estableció una responsabilidad civil o glosa por USD 111,9 millones en contra de la operadora. Pero, posteriormente, esta sanción fue desvanecida, supuestamente, de manera irregular. En este caso está pendiente la audiencia de llamado a juicio.
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