Wilman Terán y Ruth Barreno, sentenciados a nueve años y cuatro meses de cárcel por el caso Independencia Judicial

"Es una vergüenza". Esa fue una de las frases que Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, gritó al término de la audiencia en la que fue sentenciado a nueve años y cuatro meses de cárcel por el caso Independencia Judicial.

Terán increpó a los conjueces del Tribunal que fallaron en su contra, una vez que Olavo Hernández declaró el fin de la audiencia de juicio.

En medio de los gritos de Terán, los magistrados se levantaron de sus sillas y salieron de la sala. Además, la Corte Nacional cortó la transmisión de la diligencia.

Además de las penas de cárcel, el Tribunal dispuso varias medidas de reparación. Dispuso, por ejemplo, la colocación de una placa en el edificio de la Judicatura con el siguiente texto.

“Sin independencia judicial, los derechos pierden su valor, el Estado su razón de ser y la sociedad desconfía del sistema de justicia”.

Placa por el caso Independencia Judicial

Los sentenciados, además, deben ofrecer disculpas públicas a Walter Macías ante un juez de garantías penitenciarias de Quito.

Y, finalmente, Terán y Barreno deben pagar USD 3.000, cada uno, al exmagistrado. Otros seis sentenciados como cómplices deberán cancelar USD 1.000, cada uno. Y Santiago Cifuentes, asesor de Terán, USD 355.

El Tribunal dispuso las siguientes penas para los procesados en el caso Independencia Judicial:

Después de determinar la existencia del delito, los jueces Tribunal del caso Independencia Judicial empezaron a determinar la responsabilidad de cada uno de los procesados.

Sobre Wilman Terán, el Tribunal señaló el expresidente del Consejo de la Judicatura fue responsable del delito, ya que fue parte de la mayoría de vocales que ejecutó la suspensión y destitución de Walter Macías.

En cuanto a Ruth Barreno, el conjuez Hernández dijo que la decisión es que sí es responsable porque manipuló el proceso disciplinario de Macías para separarlo del caso Vocales, en el que ella era procesada.

Así mismo, los jueces determinaron la culpabilidad de Milton Altamirano, Santiago Cifuentes, Carlos Gáravi, Milton Herrera, Jéssica Chicaiza, Olga Vivanco y Liberton Cueva.

Estas personas, como exfuncionarios de la Judicatura, ejecutaron acciones y ejercieron presión para que se logren las sanciones a Macías, de manera que el magistrado sea separado momentáneamente del caso por tráfico de influencias.

Mientras que para Andrés Jácome y Katherine Luna, quienes actuaron como secretarios del Pleno de la Judicatura en las sesiones en las que se sancionó a Macías, los jueces explicaron que no hay responsabilidad, ya que estas personas se limitaron a cumplir sus funciones desde la Secretaría.

En la primera parte de la lectura de la sentencia oral, el conjuez Hernández indicó que Fiscalía expuso que Terán y Barreno debe ser sentenciados como autores de obstrucción a la justicia. Y los otros nueve procesados como cómplices.

Durante el juicio, la defensa de los 11 procesados indicaron que no cometieron en ningún delito, ya que sus actuaciones “estuvieron enmarcadas en lo legal”. Y que en todo caso se trataría de un acto administrativo sin repercusiones penales.

"¿A quién creemos?" fue la pregunta que se hizo el Conjuez. Y agregó que para determinarlo hay que recurrir a las pruebas mostradas por las partes procesales durante el juicio.

Entonces, el Tribunal recordó, una a una, las pruebas testimoniales, periciales y documentales que presentaron la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Procuraduría, como acusadores. Así como la de las 11 partes procesales.

Con base en estas pruebas y alegatos, en el análisis de los jueces, sí existió el delito de obstrucción a la justicia. Durante el juicio, dijeron los magistrados, se justificó que en el Consejo de la Judicatura, en la administración de Wilman Terán, se usó la administración de la justicia para afectar al exjuez Macías.

Después de 10 días de deliberación, el Tribunal —conformado por los conjueces Olavo Hernández, Hernán Barros y Édison Cantos— reinstaló la audiencia de juicio del caso Independencia Judicial para dar a conocer su sentencia.