El juez Walter Macías dio paso a la orden de prisión preventiva en contra de la vocal del Consejo de la Judicatura, Ruth Barreno.
En el quinto intento y pese a una recusación en su contra, el juez de la Corte Nacional, Walter Macías, instaló, el 27 de septiembre de 2023, la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del denominado caso Vocales.
En este proceso por presunto tráfico de influencias son procesados Juan José Morillo y Ruth Barreno, vocales del Consejo de la Judicatura (CJ); y Vladimir Jhayya, juez de la Corte Provincial de Pichincha.
Los tres funcionarios son señalados por, supuestamente, presionar a jueces de la Corte de Pichincha para que fallen a favor de Guadalupe Llori. La política amazónica interpuso una acción de protección con la que intentaba recuperar la Presidencia de la Asamblea, en agosto de 2022.
Macías, después de una jornada de casi 12 horas, acogió la acusación fiscal y envió a juicio a los procesados.
Con esa decisión, según el Código Orgánico de la Función Judicial, los tres procesados quedan inhabilitados temporalmente para ejercer sus cargos. Esa prohibición se levantaría únicamente si su inocencia se ratifica en el juicio. O quedaría en firme si reciben una sentencia.
Los argumentos de la nulidad
Al inicio de la audiencia, antes de que la Fiscalía presentara la acusación formal, el juez Walter Macías dijo paso al análisis de posibles problemas de validez procesal durante la investigación de la Fiscalía.
El juez Walter Macías señala que en la primera parte de la audiencia escuchará los pedidos de nulidad por parte de las defensas de los procesados, quienes tienen la posibilidad de alegar la existencia de posibles vicios en el proceso de investigación. pic.twitter.com/nBxSJ9gR27
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 27, 2023
El primero en intervenir fue Julio César Vasco, abogado de Morillo. El defensor pidió la nulidad del caso desde el 16 de agosto de 2023, cuando la Fiscalía declaró la terminación anticipada de la instrucción fiscal
Vasco aclaró que si bien las leyes permiten a la Fiscalía la terminación anticipada del periodo de investigación, la misma norma prohíbe hacerlo cuando están pendientes pericias o diligencias relacionas al proceso.
En este caso, según Vasco, estaban pendientes dos pedidos, que afectaron el derecho a la defensa de los procesados. Primero, no se realizó una pericia externa al teléfono en donde se grabó la reunión en la que los procesados supuestamente hablar de la presión a los jueces en el caso Llori.
Para Vasco esta pericia era importante, ya que se han identificado al menos seis copias de esa grabación. Por lo que hay el riesgo de que está haya sido editada con la finalidad de hacer daño.
Cristopher Gallegos, abogado de Barreno, pidió también la nulidad, con base en el mismo argumento de que la instrucción fiscal se cerró anticipadamente, pese a que había pedidos pendientes. Por ejemplo, el abogado mencionó que la ampliación de la versión de su defendida se tomó luego del cierre la instrucción fiscal. También denunció que no se atendió un pedido de versión de Carlos Pazos, juez de la Corte de Pichincha.
Además, Gallegos dijo que también se violó el procedimiento en la audiencia de recepción de testimonio anticipado de la testigo protegido que grabó la reunión entre los procesados. Ya que, no asistió ni Barreno ni su abogada designada en esa época. Y pese a que hubo un pedido de diferimiento, el juez Macías instaló la diligencia y obligó a la Defensoría Pública a representar a Barreno.
Por otro lado, Jesús López, abogado de Jhayya, no presentó ninguna objeción y pidió que se declare la validez procesal.
La Fiscalía respondió a estas objeciones y cerca de las 14:30, el juez Macías declaró la validez de todo lo actuado en el caso y dio paso a la exposición de la acusación.
Fiscalía y sus argumentos de acusación
Dentro de acusación, la fiscal Diana Salazar señaló a Juan José Morillo y Ruth Barreno, vocales de la Judicatura, como coautores del delito de tráfico de influencias. Mientras que al juez Vladimir Jhayya lo acusó como cómplice.
Posteriormente, la investigadora hizo un recuento de los hechos por los que se procesa a los tres funcionarios judiciales.
El 2 de junio de 2022, en una oficina particular de Morillo, los tres se reunieron con Gustavo Osejo y Maritza R., quién ahora es testigo protegido, ya que fue quien grabó esa conversación.
Según la teoría de la Fiscalía, construida con base en la grabación entregada por la testigo protegido, en esa cita, Barreno y Morillo presionaron a Osejo para que falle a favor de una acción de protección con la que Guadalupe Llori quería recuperar la Presidencia de la Asamblea.
Jhayya, en cambio, ejerció una complicidad, porque quien convocó a Osejo y a la testigo protegida a esa cita. Lo habría hecho por pedido de Morillo.
Además, la fiscal Salazar expuso todos los elementos que sustentan su acusación. El más importante y que le tomó más tiempo es la transcripción de la reunión del 2 de junio, en el que le piden a Osejo que "apoye" en la resolución a favor de Llori.
Ejercieron influencia para obtener una resolución que genere un beneficio inmaterial, favorable y célere, dentro de la acción de protección.
Diana Salazar
Tras la presentación de los elementos, Salazar pidió oficialmente al juez Walter Macías:
- Que llame a juicio a los tres procesados.
- Que se notifique al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que, en caso de que se acoja la acusación y se llame a juicio a los vocales de la Judicatura, sean destituidos de su cargo.
- Que se notifique a la Contraloría General del Estado para, en caso de incumplimiento de esta destitución, se sancione como corresponde. Y al Ministerio de Trabajo para que establezca la prohibición de ejercer cargo público.
- Además, sobre las medidas cautelares, la Fiscalía pidió al juez Macías que ratifique la prohibición de salida del país en contra de Morillo y Jhayya. Pero solicitó que cambie la medida para Barreno y dicte prisión preventiva en su contra, ya que a lo largo del proceso ha intentado de obstaculizar la justicia.
La Fiscalía pidió medidas de protección a favor de la testigo protegido del caso.
Finalmente, Salazar pidió medidas a favor de los fiscales Wilson Toainga, Jefferson Aquieta y demás funcionarios del Ministerio Público que participan en el caso, puesto que están bajo el control disciplinario de la Judicatura, así como para los jueces penales de la Corte Nacional de Justicia.
Tras dos horas y media de intervención, Salazar terminó la presentación de su acusación dentro del caso Vocales.
La decisión de Macías
Cerca de las 01:30, del 28 de septiembre, el juez Macías anunció su decisión y llamó a juicio a los tres implicados en el presunto delito de tráficos de influencias.
El llamamiento a juicio contra los tres procesados implica, efectivamente, que no podrán seguir actuando como vocales de la Judicatura y como juez, respectivamente, mientras enfrentan el proceso penal.
Por eso, Macías notificó al Ministerio de Trabajo para que, como órgano competente, registre la prohibición de ejercer cargos.
Y también acogió el pedido de orden de prisión preventiva contra la vocal de Ruth Barreno considerando que es necesario su arresto para que se garantice su presencia en el juicio.
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