El juez Walter Macías decidirá si los vocales de la Judicatura, Juan José Morillo y Ruth Barreno, van a juicio. De ser así, no podrán ejercer sus cargos.
Para las 08:30 del 22 de septiembre de 2023 está prevista la instalación de la audiencia preparatoria de juicio del denominado 'caso Vocales'. Morillo y Barreno, junto al juez Vladimir Jhayya son procesados por tráfico de influencias.
En esta diligencia, la fiscal Diana Salazar acusará formalmente a los tres procesados, presentará los indicios recabados durante la instrucción fiscal Y pedirá que sean llamados a juicio.
Los tres funcionarios judiciales son señalados por, supuestamente, presionar a jueces para que fallen a favor de la exlegisladora, Guadalupe Llori, en una acción de protección con la que buscaba recuperar la Presidencia de la Asamblea Nacional.
Una decisión polémica
Con la información que se presente en la audiencia, el juez Walter Macías resolverá si llama o no a juicio a los procesados. Si los indicios no son suficientes, también podría dictar un sobreseimiento a favor de uno o varios, y evitar su juzgamiento.
Pero, al tratarse de tres funcionarios judiciales, la decisión que tome Macías tendrá un impacto más allá de la situación jurídica de Morillo, Barreno y Jhayya. También se relaciona con la continuidad de los tres en sus cargos.
El artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) establece las inhabilidades para que una persona pueda ser nombrado o desempañar un cargo en la Función Judicial.
La tercera inhabilidad se configura si el funcionario "hubiese sido llamado a juicio por delito reprimido con prisión o reclusión, por providencia ejecutoriada, mientras no haya sido absuelto". Esto aplica para tráfico de influencias.
Es decir, si los procesados son llamados a juicio, no podrán seguir formando parte de la Judicatura, en el caso de Barreno y Morrillo; y de la Corte Provincial de Pichincha, en el caso de Jhayya.
Según la norma, esta inhabilidad será temporal. La destitución será definitiva cuando haya una sentencia condenatoria en firme y eso pasaría solo después del juicio y de los eventuales recursos de apelación y casación.
¿Qué pasaría en la Judicatura?
Si el llamado a juicio en contra de Barreno y Morillo se concreta, el Consejo de la Judicatura volverá a reorganizarse por quinta vez en el período.
De los cinco integrantes que fueron nombrados para el período 2019-2025, solo tres continúan en funciones: Fausto Murillo, Juan José Morillo y Ruth Barreno.
Junto a ellos, fueron designados en enero de 2019, Patricia Esquetini y María Carmen Maldonado. La primera renunció en junio de 2019, mientras que la segunda dimitió en febrero de 2022.
El puesto de Esquetini lo asumió Jorge Moreno, pero él también renunció en noviembre de 2020. Entonces, el CPCCS tuvo que hacer un concurso para elegir al nuevo vocal del Ejecutivo y nombró a Xavier Muñoz, quien está en funciones.
El cargo de Maldonado, en cambio, lo ostenta Wilman Terán desde febrero de 2023, luego de que su nombre fuera incluido en la terna de la Corte Nacional. Previamente y de manera temporal, ese puesto también lo ejerció Álvaro Román.
Estos cambios de conformación, además, han significado cuatro variantes en la Presidencia de la Judicatura. Entre enero de 2019 y septiembre de 2023 ha habido cuatro presidentes: Maldonado, Murillo, Román y Terán.
Ahora, si son inhabilitados Morillo y Barreno, tendrían que asumir sus suplentes:
- Según los archivos del CPCCS, la alterna de Barreno, quien fue nombrada en representación de la Fiscalía, es Yolanda Yupangui.
- Mientras que el suplente de Morillo, representante de la Defensoría Pública, era Jaime De Veintimilla . Pero, De Veintimilla renunció en enero de 2019. Por lo que en caso de concretarse la ausencia, el CPCCS debería solicitar una terna a la Defensoría para nombrar al reemplazo.
Nuevo 'round' entre Macías y la Judicatura
Esta audiencia y la decisión constituyen un nuevo episodio en la polémica relación entre el juez Walter Macías y el Consejo de la Judicatura.
Todo empezó el 28 de abril de 2023. Ese día, la fiscal Diana Salazar pidió hora y fecha para procesar a Morillo, Barreno y Jhayya por tráfico de influencias y el caso recayó en el despacho de Macías.
El magistrado convocó a la audiencia de formulación de cargos para el 4 de mayo de 2023. Sin embargo, la diligencia no se instaló, ya que Barreno recusó a Macías por una supuesta enemistad manifiesta.
El juez Felipe Córdova negó la demanda y ratificó a Macías en el caso.
Sin embargo, el mismo día que se negó la recusación, el Consejo de la Judicatura suspendió a Macías por una queja administrativa que había presentado Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi.
Por la suspensión, Macías no pudo dirigir la audiencia de formulación de cargos. Esta estuvo a cargo del conjuez Lauro de la Cadena, quien no acogió el pedido de prisión preventiva que la Fiscalía pidió para Morillo y Barreno y, en su lugar, les prohibió salir del país.
A través de una acción de protección, Macías logró volver a su cargo y volvió a asumir el 'caso Vocales'. En su reingreso, el juez convocó para el 25 de agosto de 2023 a la audiencia preparatoria de juicio, donde decidiría si Morillo, Barreno y Jhayya iban a juicio.
Pero seis días antes, el Consejo de la Judicatura lo volvió a sancionar. Esta vez el organismo fue más allá y destituyó a Macías por la misma queja de Celi.
Nuevamente, Macías recurrió a la justicia constitucional, a través de otra acción de protección. El 14 de septiembre de 2023, la jueza Martha Vimos falló a su favor y le devolvió su cargo. Esta vez, además, la Judicatura le pidió disculpas públicamente.
Tanto la suspensión como la destitución de Macías fueron declaradas ilegales, ya que la Judicatura las aprobó con dos de los cinco votos posibles. En ambas votaciones, Morillo y Barreno se abstuvieron de votar.
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