La Judicatura: Cuatro años secuestrada por pugnas e inestabilidad

Según la Constitución, el Consejo de la Judicatura se conforma con cinco vocales que representan a la Corte Nacional, la Fiscalía, el Ejecutivo, la Defensoría Pública y a la Asamblea Nacional. Estos vocales son designados para un período de seis años. La actual administración judicial terminará en 2025. Aunque en los cuatro primeros años de gestión ya ha habido cuatro cambios en la conformación de la Judicatura. De los cinco integrantes del Consejo de la Judicatura que fueron nombrados para el período 2019-2025, solo tres continúan en funciones: Fausto Murillo, Juan José Morillo y Ruth Barreno. Junto a ellos, fueron designados en enero de 2019, Patricia Esquetini y María Carmen Maldonado. La primera renunció en junio de 2019, mientras que la segunda dimitió en febrero de 2022. El puesto de Esquetini lo asumió Jorge Moreno, pero él también renunció en noviembre de 2020. Entonces, el Cpccs tuvo que hacer un concurso para elegir al nuevo vocal del Ejecutivo y nombró a Xavier Muñoz, quien está en funciones y no es objeto del pedido de juicio político. El cargo de Maldonado, en cambio, lo ostenta Wilman Terán desde febrero de 2023, luego de que su nombre fuera incluido en la terna de la Corte Nacional. Previamente y de manera temporal, ese puesto también lo ejerció Álvaro Román. Estos cambios de conformación, además, han significado cuatro variantes en la Presidencia de la Judicatura. Entre enero de 2019 y septiembre de 2023 ha habido cuatro presidentes: Maldonado, Murillo, Román y Terán.

Además de los problemas internos en la Judicatura, sus autoridades y vocales también se han encargado de abrirse varios frentes de disputa con otras Funciones del Estado y actores políticos. Estos son los casos más sonados:

• En febrero de 2022, cuando se inició la crisis del CJ, la primera pugna fue con la Corte Constitucional (CC). Ese organismo retiró la posibilidad de que la Judicatura dicte medidas de suspensión para funcionarios judiciales. Como rechazo a esa resolución, María del Carmen Maldonado renunció.
• Cuando la Judicatura recién se posesionó, en 2019, una de sus primeras y más polémicas acciones fue la evaluación y destitución de 14 jueces nacionales. Por esa decisión, la Asamblea Nacional enjuició políticamente a Morillo, Murillo, Barreno y Maldonado. Aunque no hubo los votos para su censura.
• Ya con Murillo en la Presidencia de la Judicatura empezó una pugna con Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional. El CJ llegó a suspender a Saquicela. Pero un juez de Azuay ordenó su reintegro y también que le pidan disculpas públicas.
• Otro actor con el que la Judicatura ha mantenido una confrontación constante es la Fiscalía. La fiscal Diana Salazar ha criticado la manera de evaluar y nombrar fiscales y la Judicatura, incluso, llegó a analizar una destitución que no se concretó por ilegal.
• Recientemente, ya con Wilman Terán a la cabeza, la Judicatura se enfrentó al Ejecutivo, demandándolo por más recursos judiciales. La Corte de Pichincha ordenó que el Gobierno desembolse USD 265 millones adicionales.
• En las últimas semanas, finalmente, la Judicatura reabrió el frente con la Corte Nacional luego de que destituyera a Walter Macías. Ahora, Saquicela le retiró su apoyo a Terán.

Desde que Wilman Terán está en la Presidencia, el Consejo de la Judicatura ha operado con una nueva mayoría. A las intenciones de Terán se han sumado, generalmente, Ruth Barreno y Xavier Muñoz. Sin embargo, en las últimas tres decisiones, solo Muñoz y Terán han votado a favor. Por lo que la Judicatura tomó decisiones polémicas con una mayoría de dos votos, cuando su Pleno se integra de cinco personas. Esto ocurrió el 11 de mayo de 2023, cuando la Judicatura suspendió al exjuez Walter Macías. Volvió a ocurrir 57 días después, el 19 de agosto de 2023, cuando el organismo destituyó al mismo exmagistrado. Y volvió a pasar la noche del 5 de septiembre de 2023. Cerca de las 23:00, el CJ aprobó una resolución para alargar el período de seis jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) hasta 2030, cuando cuatro debían ser reemplazados en 2024 y los dos restantes en 2027. La característica común en las tres decisiones es que se aprobaron únicamente con dos votos: el del presidente Wilman Terán y el del vocal Xavier Muñoz.

Otro aspecto que ha complicado la labor de la Judicatura es la apertura de acciones penales en contra de cuatro de los cinco vocales. El 28 de abril de 2023, la fiscal Salazar pidió fecha y hora a la CNJ para formular cargos a los vocales Morillo y Barreno. Así como a Wladimir Jhayya, quien es juez de la Corte Provincial de Pichincha. Los tres funcionarios judiciales son investigados por un presunto tráfico de influencias. Se refiere a una supuesta influencia en una acción de protección que presentó Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea Nacional, para evitar la destitución de ese cargo. Está pendiente que se conozca si los involucrados van a juicio. La decisión debió tomarse el 11 de septiembre de 2023, pero la audiencia se difirió por pedido de Morillo y Barreno. Además, la noche del 17 de mayo de 2023, la Fiscalía hizo cinco allanamientos en propiedades asociadas al vocal Xavier Muñoz. El Ministerio Público investiga un presunto lavado de activos. El funcionario calificó estas acciones cómo ilegales. Y explicó que el caso se relaciona con sus actividades previas a su ingreso a la Judicatura, como abogado en libre ejercicio, entre 2017 y 2020. Esta investigación se mantiene en fase reservada. Finalmente, el 29 de agosto de 2023, el Ministerio Público pidió día y hora para formular cargos contra Wilman Terán, Barreno y Muñoz por presunta obstrucción de la justicia. Esta causa se relaciona con la destitución del exjuez Walter Macías.