Las cicatrices que dejó el levantamiento indígena de 2025 en Ecuador aún son visibles en la provincia de Imbabura. Esta localidad fue el epicentro de las movilizaciones que se registraron durante 31 días -el 22 de septiembre y el 22 de octubre de 2025- tras la eliminación del subsidio al diésel por parte del presidente Daniel Noboa.

Un año después de las protestas que dejaron fallecidos, heridos y una millonaria pérdida económica, representantes de los sectores productivo e indígena coinciden en que ese capítulo profundizó cicatrices sociales. 

Jueves 1 de octubre de 2026. En la tradicional Plaza de los Ponchos, uno de los sitios más emblemáticos del cantón Otavalo, nadie o casi nadie prefiere referirse al paro de 2025. Parecería que las movilizaciones no existieron.

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Las pocas personas que se animan a decir unas palabras lo hacen con recelo. "No podemos hablar porque existe un pacto tácito de no decir nada sobre ese tema", dice el vendedor de un local dedicado a la venta de electrodomésticos que pide mantener su identidad bajo reserva.

A unos metros de la Plaza de los Ponchos, en el cuartel de Policía, una de las edificaciones que sufrió ataques durante los primeros días del paro, una mujer reconoce que el miedo es una de las principales consecuencias que dejó el paro. "Se siente mucha tensión en la ciudad", asegura.

Por el lado del sector empresarial, los floricultores y ganaderos decidieron no pronunciarse sobre las manifestaciones. Dejaron esta tarea en manos de sus representantes. "No queremos más problemas con las comunidades y que todo empeore", dicen en su mayoría.

USD 100  millones en pérdidas

El paro de octubre de 2026 dejó pérdidas de unos USD 100 millones solo en Imbabura y la floricultura fue una de las principales actividades económicas impactadas. Los 31 días de movilizaciones dejaron USD 50 millones en pérdidas para el sector, según la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores).

Su presidente ejecutivo, Alejandro Martínez, explica que el paro provocó que varias fincas perdieran clientes por la "falta de capacidad para colocar sus productos en el mercado". Además, sostiene que algunos productores no han podido recuperar la confianza de sus compradores, pues en esa época no pudieron cumplir con la entrega de las flores.

Y es que en videos que circularon en redes sociales se vio a manifestantes ingresando a las florícolas para detener su producción o dañar los cultivos de quienes no querían plegarse al paro.

"Lo positivo del sector florícola es su dinamismo. Si se cierra un mercado hay que buscar la posibilidad de buscar otro para seguir en la lucha", dice Martínez.

A un año de las manifestaciones, el dirigente gremial considera que la mayoría de los empresarios "dieron vuelta a la página y ahora están enfocados en salir adelante".

Este objetivo también es el que busca el sector ganadero, otro de los afectados por el paro. A más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, 15 empresarios decidieron crear la Asociación de Productores Agrícolas de Quichinche. Se trata de la parroquia rural más grande de Otavalo, ubicada en la vía a Selva Alegre.

A diferencia de Expoflores, que tiene varias décadas representando a las florícolas, esta Asociación nació a los pocos días de la finalización del paro. "La creamos para poder reaccionar frente a las crisis sociales que tenemos en el país", dice su presidente, Rafael Almeida.

Recuerda que durante los 31 días de movilizaciones, cada ganadero reaccionó "como pudo y ahora vemos que es importante estar unidos para hacer fuerza". 

Si bien la Asociación no ha cuantificado las pérdidas, Almeida relata que todos los empresarios del sector vivieron la misma situación: desabastecimiento de insumos, pérdida de producción y animales, y daños en sus propiedades.

"Yo pasé encerrado 30 días. En ese tiempo tuve que botar 15.000 litros de leche y perdí unos USD 25.000. Hay que entender que se trata de un producto perecible y que solo dura 72 horas. Cuando abrí la llave del tanque frío, se me fueron las lágrimas", dice.

Para Almeida, la paralización de octubre de 2025 se convirtió en la más grave que se ha registrado en Imbabura porque "el nivel de violencia fue extrema, a tal punto que hasta ahora hay resentimiento".

La fractura social

Empresarios y el sector indígena coinciden en que la fractura social es una de las secuelas más profundas que provocó el paro de 2025.

"Hay un resentimiento social muy fuerte en Imbabura por lo que vivimos. Existe una división grande entre el sector indígena y el sector mestizo porque tuvieron reacciones tan irracionales que llevaron a resentimientos muy profundos", admite Rafael Almeida, de la Asociación de Productores Agrícolas de Quichinche.

Sin embargo, matiza al decir que no se trata de todas las comunidades, pues "muchas de ellas viven de la ganadería, como nosotros, y quieren salir adelante". 

En esta misma línea, Alejandro Martínez, de Expoflores, sostiene que en Imbabura "hay una cicatriz que todavía que no termina de sanar entre los sectores productivos y las comunidades. La confianza se rompió más de lo que ya estaba".

Mientras que Pacha Cabascango, vicepresidenta de los Pueblos Quichuas de la Sierra Norte - Chijallta FICI, lamenta que el paro se haya convertido en otra razón para que "las comunidades seamos discriminadas, denigradas y perseguidas por el Estado ecuatoriano".

Sin embargo, los tres esperan que el tiempo ayude a cicatrizar las heridas creadas por ambas partes.