La Fiscalía alertó sobre una posible filtración de información tras un allanamiento realizado la madrugada de este 20 de octubre de 2026 en un caso en el que se investiga a un exjuez de la extinta Unidad Anticorrupción y actual juez Penal, por presunto enriquecimiento ilícito.

Cuando los equipos policiales llegaron a la vivienda, no encontraron al investigado, el juez Renán Andrade. Según la Fiscalía, la información se habría filtrado minutos antes de la diligencia. 

La supuesta filtración de información

El fiscal provincial de Pichincha, Darwin Jaramillo, dijo que probablemente el juez habría apagado su teléfono horas antes de la llegada de los agentes y salido del inmueble aproximadamente diez minutos antes de que se emitiera la providencia correspondiente. 

El fiscal provincial habló el tema en una rueda de prensa y señaló que una posible filtración de información sobre las diligencias "podría dificultar la obtención de indicios relevantes y afectar el desarrollo de la investigación".

La Fiscalía ya ha solicitado fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra del juez Renán Andrade, quien se pronunció sobre el caso en redes sociales. 

"Hoy he sido allanado y no se llevaron nada de mi vivivienda. Son retaliaciones, quizás, por mi desacuerdo con la supresión de la Unidad Especializada en el juzgamiento de delitos con corrupción y crimen organizado, pero por un tema jurisdiccional", dice el comunicado del juez. 

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Juez Renán Andrade habla de 'persecución' y pide mediación de Daniel Noboa y John Reimberg

El magistrado Renán Andrade hizo pública una carta dirigida al presidente Daniel Noboa y al ministro del Interior, John Reimberg, en la que denuncia una presunta persecución judicial y el allanamiento de su vivienda.

 El juez, que formaba parte de la suprimida Unidad Especializada en delitos de corrupción y crimen organizado, solicitó la mediación del Ejecutivo y aseguró que las investigaciones en su contra responden a represalias por su desacuerdo con la eliminación de dicha judicatura.

En el documento, emitido este 20 de octubre de 2026 en Quito, Andrade defendió su trayectoria judicial en casos de alto impacto nacional e internacional y atribuyó el proceso penal a errores de la Fiscalía y a motivaciones políticas tras una reciente acción legal.

Trayectoria en casos de alto perfil y cooperación internacional

En su misiva, Andrade recordó su participación como juez en expedientes emblemáticos vinculados al narcotráfico, estructuras criminales y corrupción que contaron con la asistencia de agencias extranjeras como la DEA, CIA, HSI, Europol e Interpol. 

Entre los casos mencionados destacan:

Los casos de 'Gato Farfán' y 'Comandos de la Frontera' (alias Gerente), ambos con solicitudes de extradición hacia Estados Unidos.

El caso conocido originalmente como 'León de Troya' y posteriormente denominado 'Encuentro', en el cual dictó llamamiento a juicio.

Procesos de connotación nacional como el de 'Negro Willy' (cabecilla de Los Tiguerones), con pedido de extradición desde España.

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El magistrado instó a las autoridades del Ejecutivo a consultar directamente con los altos mandos de la Policía Nacional y con los organismos de cooperación internacional sobre los resultados de su gestión en los casi cuatro años que laboró en la unidad especializada.

Denuncia allanamiento y errores en investigación previa de la Fiscalía

Andrade calificó el operativo ejecutado en su domicilio como una retaliación directa tras haber presentado, el pasado 21 de septiembre de 2026, una acción de incumplimiento junto a la doctora Karol Zambrano para frenar la supresión de la unidad judicial especializada.

Según el juez, la investigación previa abierta en julio de 2025 —y reactivada el 25 de septiembre de 2026— contiene inconsistencias graves:

Aseguró que la Fiscalía le atribuyó la propiedad de dos casas en Pedernales valoradas en más de USD 4 millones en zonas sin asfalto ni alcantarillado, cuando el valor real de ambas propiedades no supera los USD 45.000.

Señaló que la indagación abarca hechos entre 2020 y 2025, periodo en el cual desempeñó funciones como defensor público durante gran parte del tiempo. Recordó además que en 2020 fue diagnosticado de cáncer, condición por la cual forma parte de los grupos de atención prioritaria.

Finalmente, el magistrado afirmó estar dispuesto a renunciar y pidió que cesen las acciones en su contra.