En medio de la tensión por la evaluación de los agentes fiscales, la Fiscalía procesará a dos vocales de la Judicatura por tráfico de influencias.
Casi un año después de su apertura, una investigación por presunto tráfico de influencias contra Juan José Morillo y Ruth Barreno, vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), llegará a la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
El 4 de mayo de 2023, la fiscal Diana Salazar formulará cargos a Morillo y Barreno. También será procesado Wladimir Jhayya, quien es juez de la Corte Provincial de Pichincha.
Este caso se remonta a junio de 2022, cuando la Fiscalía abrió una investigación previa a Morillo, Barreno y Jhayya a raíz de un audio que fue filtrado por un medio digital.
La grabación hacía referencia a una supuesta influencia en una acción de protección que presentó Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea Nacional, para evitar la destitución de ese cargo.
Luego de 10 meses de investigación, finalmente la fiscal general Diana Salazar solicitó fecha y hora a la CNJ para la formulación de cargos.
Pero, el procesamiento penal de Morillo y Barreno coincide con un momento de tensión entre la Judicatura y la Fiscalía.
Tras la posesión de Wilman Terán como presidente del CJ, la Judicatura tomó decisiones relacionadas con la evaluación y la designación de agentes fiscales, que fueron observadas por el Ministerio Público.
El caso Llori a escena
El caso penal que involucra a los dos vocales de la Judicatura tiene como origen una grabación, que se hizo pública el 15 de junio de 2022.
En el audio intervienen Morillo, Barreno y Gustavo Osejo, este úlltimo juez y presidente de la Corte de Pichincha.
Pero las implicaciones del audio no quedan ahí, sino que salpican también a las Funciones Legislativa y Ejecutiva.
En la grabación se habla de la remoción de Guadalupe Llori, legisladora de Pachakutik, del cargo de presidenta de la Asamblea Nacional.
Llori perdió el cargo a finales de mayo de 2022, en medio de una acusación de incumplimiento de funciones, impulsada por el Partido Social Cristiano (PSC).
Para evitar la destitución, Llori planteó una acción de protección para que se anulara una resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), con la que se aceptó la denuncia en su contra y se conformó una comisión para investigarla.
Y lo anterior constituyó el preámbulo de su destitución.
La acción de protección fue rechazada en primera instancia. Pero Llori insistió y apeló ante la Corte de Pichincha. El caso recayó en un Tribunal del que Osejo formaba parte.
La charla de Morillo, Barreno y Osejo
En ese contexto habría sucedido una reunión entre Morillo, Barreno y Osejo, que fue grabada. ¿Qué decía el audio?
La voz que se le atribuye a Morillo asegura que la salida de Llori podía significar riesgos para la institucionalidad. Mencionó a la Judicatura, al Consejo de Participación Ciudadana y hasta a la propia Presidencia de la República.
"Me ha contactado el Presidente (Guillermo Lasso), decía Morillo en el audio. Y añadía que el Primer Mandatario le había pedido que "si es posible apoyar, que se apoye con relación a este tema".
La otra voz, masculina, que interviene en el audio sería la de Osejo. El juez aseguraba que no lee noticias y que no estaba enterado de lo que pasaba. Osejo no será procesado en el denominado caso Vocales.
Quien sería Barreno, en cambio, casi no interviene en el audio. Se limita a completar algunas oraciones empezadas por los otros personajes.
La Fiscalía no ha aclarado aún cuál sería el rol del juez Wladimir Jhayya en esta supuesta trama de tráfico de influencias.
Aunque, de manera extraoficial, PRIMICIAS conoció que Jhayya habría convocado la reunión entre Morillo, Barreno y Osejo.
Tras el anuncio de la formulación de cargos, Morillo y Barreno anunciaron que se defenderán técnicamente durante el proceso. Barreno dijo que la Fiscalía ha contaminado el caso al hacerlo mediático.
Judicatura contra Fiscalía
El caso penal seguido por la Fiscalía a dos de los cinco vocales de la Judicatura coincide con un momento de tensión entre las dos entidades.
La polémica comenzó el 28 de marzo de 2023. Ese día, la Judicatura aprobó la resolución 055-2023.
Por unanimidad, la Judicatura resolvió derogar y revocar todos los actos administrativos y normativos para la evaluación de agentes fiscales, que se había iniciado en 2019.
Además, dispuso que se iniciara, de inmediato, un nuevo proceso de evaluación.
Al día siguiente, a través de un comunicado oficial, la Fiscalía aceptó la decisión. Pero demandó objetividad y transparencia en la nueva evaluación.
Días después, el 11 de abril de 2023, la Judicatura aprobó la resolución 061-2023, con los votos de su presidente, Wilman Terán, y de los vocales Ruth Barreno y Xavier Muñoz. Fausto Murillo y Juan José Morillo se opusieron.
Con esa resolución, el Consejo de la Judicatura reformó y aprobó el reglamento para el concurso de méritos y oposición para la selección de los nuevos fiscales provinciales.
La Fiscalía se opuso públicamente a la decisión. Y manifestó que la elección de fiscales provinciales, antes de que culminara la evaluación de los agentes, impediría que 800 fiscales pudieran participar en el concurso.
Esto porque en el concurso podían entrar únicamente los agentes de categoría 3. Mientras que los 800 agentes mencionados están en las categorías 1 y 2, y sin la evaluación y recategorización previa no podrán participar, "lo que coartaría el principio de igualdad".
Ante la negativa de la Judicatura de suspender el concurso para fiscales provinciales, el 26 de abril de 2023, la Fiscalía anunció su retiro de las mesas de trabajo en las que se estaban construyendo los insumos para el proceso de evaluación.
Dos días después, el 28 de abril, la fiscal Diana Salazar comunicó la formulación de cargos a Morillo y Barreno.
El mismo día la Judicatura envió un comunicado invitando a la Fiscalía a continuar en las mesas de trabajo para la evaluación.
Contenido Patrocinado
Banco del Pacífico cumple 52 años a favor de la evolución financiera
Contenido Patrocinado
Ciencias computacionales, opciones infinitas en un mundo digital
Lo último