CDH solicita reparación integral a la Corte Constitucional por violencia física y sexual sufrida por los cuatro niños de Las Malvinas
La Corte debe determinar si la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas vulneró derechos al revocar un hábeas corpus que reconoció en primera instancia la desaparición forzada. El Comité de Derechos Humanos solicitó disculpas públicas de ministros y una indemnización para las familias.
Familiares de las cuatro víctimas del caso Las Malvinas acudieron vía telemática a la audiencia de acción de protección de la Corte Constitucional desde la CDH en Guayaquil, el 21 de noviembre de 2025, junto a familiares de otras presuntas víctimas de desaparición forzada en el país.
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CDH
Autor:
Alexander García
Actualizada:
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La Corte Constitucional del Ecuador instaló este viernes 21 de noviembre de 2025 una audiencia reservada para analizar la acción extraordinaria de protección presentada en el caso conocido como Las Malvinas, por la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad en diciembre de 2024.
La diligencia, presidida por la jueza constitucional Alejandra Cárdenas, como sustanciadora del caso, concluyó luego de casi cuatro horas, tras escuchar a las partes involucradas, autoridades citadas y expertos registrados como amigos de la corte, según confirmó luego de la diligencia el Comité Permanente para la Defensa de Derechos Humanos (CDH).
Fernando Bastias, abogado del Comité, que actúa como patrocinador legal de las familias de las víctimas, relató que expuso ante el Tribunal las evidencias de violencia física, psicológica y sexual que sufrieron los cuatro niños desaparecidos tras una detención ilegal. La audiencia se realizó de manera virtual con acceso restringido y las partes tienen ahora ocho días para respaldar sus intervenciones.
La defensa de las familias solicitó una reparación integral. Se trata del primer caso por desaparición forzada que llega a la Corte Constitucional, lo que puede abrir el camino para encontrar verdad, justicia y reparación para otros 43 casos de presunta desaparición forzada en Ecuador, dijo Bastias. El Tribunal no tiene un tiempo límite para emitir una sentencia, pero al ser un caso priorizado se espera una resolución hasta fin de año, agrego el abogado.
El proceso constitucional surge tras la revocatoria de un hábeas corpus que inicialmente había reconocido la desaparición forzada de Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Steven Medina (11 años) y Nehemías Arboleda (15 años). Los menores desaparecieron el 8 de diciembre de 2024 tras ser detenidos durante un operativo militar en el sur de Guayaquil, cerca al barrio Las Malvinas y sus cuerpos fueron hallados calcinados 16 días después en la parroquia rural de Taura, Naranjal (Guayas).
La Corte deberá determinar si la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas vulneró derechos al debido proceso, a la motivación y a la tutela judicial efectiva al revocar el hábeas corpus de primera instancia. La CDH solicita además que se realice examen de mérito del caso y que se ordenen las medidas de reparación “mencionadas en la petición inicial así como las que la presente Corte considere necesarias”.
La reparación integral demandada
El CDH solicitó a la Corte Constitucional una reparación integral proporcional al daño causado, que incluya:
- Disculpas públicas: No solo del Ministerio de Defensa y de Fuerzas Armadas, sino de todo el gabinete ministerial inmiscuido en la cadena de acciones y omisiones registradas tras el caso. Bastias enfatizó que pidió a los jueces que en estas disculpas "no pueden haber ningún tipo de amenazas, ni términos estigmatizantes, como ya lo hizo el Ministro de Defensa al intentar disculparse públicamente y realizando una amenaza directa contra la jueza de primera instancia".
- Medidas de no repetición: Creación de protocolos especializados para casos de desaparición forzada, que según la CDH son inexistentes en Ecuador. Hasta ahora se están aplicando protocolos para desapariciones involuntarias, que no contemplan la participación de agentes estatales.
- Jurisprudencia clara sobre hábeas corpus: El CDH solicitó establecer el alcance de esta garantía en casos de detención e incomunicación por agentes del Estado. La Comitpe cuestiona la posición de los ministerios y Fuerzas Armadas, que rechazan que puede activarse un habeas corpus en casos de desaparición cuando hay un proceso penal en marcha. El proceso penal y el constitucional no se contradicen; cumplen funciones distintas y complementarias: el penal busca responsables, mientras que el constitucional protege derechos y fija parámetros para la investigación, señalan.
- Indemnización económica: Siguiendo estándares constitucionales, aunque Bastías reconoció que "ninguna indemnización que otorgue ni la justicia constitucional ni la justicia penal devolverá a los cuatro niños". No solicitaron un monto especifico.
Controvertida apelación de ministros y Fuerzas Armadas
La acción extraordinaria de protección fue presentada ante la Corte por el Comité Permanente por la CDH y familiares de las víctimas, quienes impugnan la sentencia del 19 de mayo de 2025 emitida por un tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia.
Esa sentencia provincial, emitida en voto de mayoría por los jueces Carlos Flores Iñiguez y Ángela Bustillos Núñez, revocó el fallo de primera instancia que había sido favorable a las familias, pues la jueza Tanya Loor Zambrano de la Unidad Judicial Norte de Guayaquil había declarado el 31 de diciembre de 2024 la desaparición forzada de los menores y ordenado medidas de reparación integral.
La sentencia revocada en segunda instancia acogió la apelación presentada por el almirante Jaime Vela Erazo, entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Mónica Palencia, exministra del Interior; y la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa.
La decisión de estas entidades de recurrir la sentencia que favorecía a las familias generó críticas de organizaciones de derechos humanos, que denunciaron presuntas presiones institucionales a la justicia y posible intentos de encubrimiento a favor 17 militares actualmente en juicio por desaparición forzada. Las organizaciones rechazaron en su momento presuntas amenazas a la jueza por parte del Bloque de Seguridad, del Ministro de Defensa y el Gobierno.
A la audiencia de este viernes fueron convocados el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa Nacional, el comandante general de la Policía Nacional, el ministro del Interior, quienes enviaron a la diligencia a sus delegados y representantes legales. También se convocó a los jueces provinciales que emitieron la sentencia impugnada (solo uno de ellos acudió) así como representantes del CDH y las familias de las víctimas.
Se solicitan disculpas públicas e indemnización
La CDH demandó ante la Corte medidas integrales de reparación que incluyen disculpas públicas al Gobierno y la creación de protocolos especializados para casos de desaparición forzada. Bastías informó que detalló ante los jueces las múltiples formas de violencia sufridas por los cuatro menores desaparecidos en diciembre de 2024.
"Los niños sufrieron violencia física, lo cual ha sido revelado por la cooperación eficaz que algunos militares brindaron a la Fiscalía y por exámenes que se hicieron a los cuerpos", declaró el abogado. Agregó que un testigo observó a los niños "desnudos y ensangrentados" durante su detención.
¿Es pecado ser negro, vivir en un barrio vulnerable, ser pobre? Mi hijo menor quería ser militar, soñaba con vestir de militar, defender la patria y su sueño se lo quitó un uniformado".
Katy Bustos, madre de Ismael y Josue Arroyo.
Los menores también fueron víctimas de tortura psicológica al ser "amenazados de muerte durante todo el trayecto", lo que se ha evidenciando incluso en videos, y de tortura sexual, pues "el desnudo forzoso a niños en contexto de detención es una forma de violencia sexual".
Fallas institucionales desde el inicio
Luis Arroyo, padre de dos de los niños desaparecidos, dijo que relató ante la Corte las múltiples fallas institucionales desde el primer momento de la desaparición de los cuatro menores de edad. Tras poner la denuncia en el cuartel Modelo y la Fiscalía les prometieron un agente investigativo que "nunca apareció en toda esa noche".
"El agente apareció el siguiente día, a las doce del día y nos pidió silencio para no interrumpir la investigación. Luego de cinco días sin resultados comenzamos a buscar medios y publicar en redes sociales”, señaló el padre.
También relató que en la diligencia cuestionó la argumentación del juez temporal Carlos Flores Iñiguez, parte del tribunal que revocó el hábeas corpus en segunda instancia, quien sostuvo que para el 19 de mayo de 2025 "todavía no había indicios de desaparición y que se investigaba un secuestro".
Arroyo señaló que desde muchos meses antes los cuerpos de los niños ya habían sido entregados calcinados,16 militares involucrados estaban detenidos y procesados, y ya se habían difundido los videos de la detención ilegal.
El juez Flores justificó que tomó su decisión de revocar el habeas corpus como ponente de un tribunal (dos votos a favor y uno salvado) en medio de una gran carga de procesos y rechazó el error inexcusable, aduciendo que no habría actuado de mala fe, según la CDH.
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