Criminalística levanta más de seis indicios balísticos por cada muerte violenta en Ecuador
Las municiones ingresan al país de forma ilegal, principalmente por las fronteras, pero Ecuador también ha importado legalmente USD 2,3 millones (93,1 toneladas) de cartuchos desde 2023.
Un soldado camina frente a una pared con orificios de restos de bala a las afueras de un pabellón de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, el 9 de abril del 2025.
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Redacción primicias
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En el año que se perfila como el más violento en la historia de Ecuador, en medio de un incremento exponencial de masacres y homicidios, la evidencia balística en las escenas del crimen desborda a menudo a los peritos de Criminalística y refleja la intensidad de los enfrentamientos violentos en el país.
Según datos de la Dirección Nacional de Investigación Técnico-Científica (Dinitec) de la Policía Nacional, solo durante septiembre de 2025 se fijaron 3.035 indicios o restos de bala en diferentes procedimientos (como muertes violentas, robos, allanamientos, heridos) en Ecuador, con un promedio de 6,2 vainas percutidas por cada homicidio registrado.
De los 323 procedimientos por muerte violenta realizados en un mes, se levantaron un total de 2.107 vainas percutidas, lo que representa el 69,42% de todos los indicios de bala recolectados.
Este gran volumen en la fijación de indicios balísticos fue exhibido por el Gobierno Nacional entre los justificativos para renovar el estado de excepción por grave conmoción interna a inicios de octubre, en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí, y en el cantón Echeandía (Bolívar).
El país registra una media de casi dos masacres por semana en 2025, ataques múltiples con cuatro o más víctimas. En estos eventos de extrema violencia, las autoridades han llegado a levantar más de 80 indicios balísticos provenientes de pistolas automáticas y fusiles. El volumen es tal que a menudo los periodistas hallan restos de bala sin levantar de los sitios el día posterior de los ataques.
Fronteras porosas, instituciones “desbordadas” y falta de control
Ecuador cerró septiembre de 2025 con 6.797 muertes violentas. Si la tendencia se mantiene, el país podría superar los 9.000 asesinatos al finalizar el año, alcanzando una tasa récord de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes; mayor incluso a la de 2023, hasta ahora el año más violento. El flujo de armamento y municiones ilegales alimenta esta espiral.
Las armas y municiones ingresan principalmente por las fronteras norte, con Colombia, y sur, con Perú, mediante una modalidad conocida como "hormigueo", que utiliza pasos ilegales terrestres. También se han detectado ingresos por vía aérea con avionetas ilegales, por vía marítima con lanchas rápidas interceptadas en Galápagos, e incluso mediante envíos de paquetería por courier.
“Las competencias en materia de ingreso de armas y municiones al país sobrepasan las capacidades operativas y técnicas de las Fuerzas Armadas, pero el control también es parte de las responsabilidades de la Policía”, comentó bajo reserva un coronel de Policía a PRIMICIAS.
Desde que se levantó la prohibición del porte civil de armas en 2023 Ecuador importó cartuchos por USD 2,3 millones (para un total de 93,1 toneladas métricas), aunque las importaciones legales de municiones han disminuido de USD 1,6 millones (55,5 toneladas métricas) en 2023 a USD 300.000 en el primer semestre de 2025 (11,8 toneladas), según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).
“No se está realizando un seguimiento de los permisos de porte de armas otorgados, no hay una trazabilidad de las armas que han ingresado legalmente al país, más allá de un mero acto notarial. Estamos viendo a empresas de seguridad haciendo importaciones de un millón de municiones 9 milímetros, es una locura, como para ir a la guerra”, agregó el oficial.
"Falta de reacción e impunidad"
La situación se agrava por casos documentados de corrupción policial, como el conocido "Depuración Azul", con agentes de policías procesados por vender armas y municiones donadas por Estados Unidos a bandas criminales. En este esquema, los servidores sustraían municiones de almacenes institucionales en Quito para comercializarlas con organizaciones delictivas en Guayaquil.
Renato Rivera, investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GI-TOC) y profesor especializado en seguridad y economía criminal, señala que ha existido una escasa respuesta institucional frente al tráfico de armas y municiones, un problema sobrediagnosticado.
El experto advierte que una estrategia de militarización centrada en apresar a objetivos de alto valor no basta y aboga por reducir el indicador más importante: los homicidios intencionales. La impunidad frente a la resolución de los crímenes también es parte del problema, aduce.
El Decreto Ejecutivo 175 de renovación del estado de excepción de inicios de octubre destaca que existe una "fuerte correlación entre homicidios y cocaína incautada" que se manifiesta particularmente en las provincias costeras.
La proximidad a puertos estratégicos como Guayaquil, Puerto Bolívar y Manta -que concentran los flujos logísticos del narcotráfico-, combinada con redes logísticas establecidas en los corredores entre la frontera norte y el perfil costero, ha convertido estas zonas en territorios disputados violentamente por organizaciones criminales transnacionales.
Los “grupos armados organizados han alcanzado una intensidad de violencia que perturba el orden público de forma crítica", afectando el desarrollo normal de las actividades sociales y económicas, añade el documento.
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