Los cuatro detenidos junto a alias 'Fito' en Ecuador son procesados por encubrimiento y por la tenencia de un fusil
Los detenidos como parte del círculo de seguridad de José Adolfo Macías, alias 'Fito', fueron trasladados a la Penitenciaría, en Guayaquil; enfrentan cargos por fraude procesal y tenencia de armas.

Carlos Cedeño, Eduardo Hurtado, Freddy Zambrano y Cristian Mendoza (de izquierda a derecha), detenidos el 25 de junio de 2025 en la recaptura de José Adolfo Macías, Fito, en Montecristi (Manabí).
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Policía Nacional
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Redacción primicias
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Los cuatro hombres identificados como parte de su equipo de seguridad de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito’, aprehendidos en la vivienda en la que se ocultaba el líder de Los Choneros, son procesados por encubrimiento (fraude procesal) y por la tenencia ilegal de un fusil.
Tras su detención, el pasado 25 de junio de 2025 en Montecristi (Manabí), los detenidos con alias ‘Fito’ fueron trasladados a la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil (Guayas) por motivos de seguridad.
Así consta en el acta con la que un juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Montecristi dictó prisión preventiva a los cuatro aprehendidos, tras la formulación de cargos. La Fiscalía los imputó citando la concurrencia de los delitos de fraude procesal (artículo 272, del Código Orgánico Integral Penal COIP) y de tenencia de arma de fuego (artículo 361, del COIP).
En la lujosa vivienda donde Fito se ocultaba en un búnker, ubicada en un sector rural y modesto del sector Monterrey (Montecristi), los efectivos del Bloque de Seguridad hallaron sobre una mesa un fusil marca Huglu, de fabricación turca, con su respectivo alimentador y un cartucho color rojo calibre 12.
El fusil fue ingresado bajo cadena de custodia. La instrucción fiscal, que tendrá un plazo regular de 30 días, deberá determinar a quién corresponden las huellas dactilares halladas en esta arma.

¿Quiénes son los detenidos?
Las autoridades identificaron a los cuatro aprehendidos como parte del equipo de seguridad de 'Fito'. Sus antecedentes son los siguientes:
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Funcionario municipal, supuesto testaferro y nexo clave
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Cristian Germán Mendoza Vélez: No registra antecedentes penales, aunque en 2025 fue denunciado por hurto. Mendoza sería el dueño de la vivienda donde fue detenido 'Fito' y fue clave para seguir la pista del narcotraficante (el gobierno lo acusa de ser testaferro del cabecilla de Los Choneros). Ha trabajado por 13 años -desde 2012- en el Municipio de Manta y en la Empresa de Movilidad Municipal de Manta ocupando cargos como operador de sistema de seguridad y monitoreo. También se desempeñó como subdirector de transporte terrestre, supervisor general de procesos operativos y subdirector operativo en la Empresa Pública Municipal Movilidad de Manta. Como supervisor general de procesos operativos de la Agencia de Tránsito, cargo que ocupaba al momento de su detención, devengaba una remuneración de USD 901, según el portal de transparencia de la entidad. Pero, de acuerdo a las investigaciones, "nunca se presentaba a trabajar", mientras que todos los días acudía al domicilio donde hallaron a 'Fito'. Mendoza Vélez tiene dos títulos de tecnólogo superior universitario en Gestión del Transporte.
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Un sentenciado por asesinato cuidando a 'Fito'
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Carlos Enrique Cedeño Zambrano: Tiene un un amplio historial penal. Fue sentenciado a 6 años de cárcel por robo en 2012, aunque su estado de inocencia se ratificó en 2015 tras una apelación. En otro caso, fue detenido por asesinato en octubre de 2012 y sentenciado a 16 años de prisión en 2013, siéndole aceptada la prelibertad en 2020. En 2017 prescribió una causa en su contra por tenencia ilegal de armas. Y en 2023 fue denunciado por interceptación ilegal de datos, pero no recibió condena.
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Condenado por asesinato y liberado anticipadamente
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Eduardo Alejandro Hurtado Cabrera: Tiene antecedentes penales en al menos cuatro procesos por asesinato entre 2014 y 2015, según el portal de procesos del Consejo de la Judicatura. El 16 de marzo de 2015, fue condenado a 16 años de cárcel por asesinato, pero en junio de 2022, un juez le concedió la prelibertad. Solo pagó el 43% del tiempo de la condena.
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Sin antecedentes, pero con dos procesos archivados
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Freddy Alberto Zambrano Zambrano: No registra antecedentes penales, pero siguió como denunciante o actor ofendido dos procesos que fueron archivados. En 2019, impulsó una denuncia por presunto delito de abuso sexual, según el portal de búsqueda de procesos de la Función Judicial, del Consejo de la Judicatura, archivada porque Fiscalía no encontró elementos probatorios. Y ese mismo año presentó una demanda por prescripción adquisitiva de dominio en Manta -modo de adquirir una propiedad por posesión durante 15 años-. Este proceso se archivó en 2021.
Entre tres y hasta cinco años de cárcel
Los cuatro ciudadanos encontrados en el inmueble donde se capturó al narcotraficante manifestaron a los agentes que desconocían el paradero de Macías Villamar. Y por ello se los acusa de encubrimiento, pues tras una búsqueda de más de 10 horas se halló al capo en el domicilio.
Alias 'Fito' se escondía en un búnker bajo el piso de un mesón de la lavandería, un piso corredizo que conducía a un escondite subterráneo, del que decidió salir por sus propios medios cuando maquinaria pesada estremeció la vivienda y temió quedar sepultado, según la versión oficial de la captura.
El delito de fraude procesal que sanciona a quienes, conociendo la conducta delictiva de otros, les brinden ayuda para ocultarse, otorgándole alojamiento o escondite, o les proporcionan medios para su huida, contempla pena privativa de libertad de uno a tres años. Mientras el porte ilegal de armas se sanciona de tres a cinco años de prisión.

La nueva Ley de Solidaridad, publicada en el Registro Oficial el 10 de junio de 2025, contempla sanciones de entre 22 y 26 años de prisión para personas que integren Grupos Armados Organizados (Gaos) como Los Lobos o Los Choneros, en el marco de un conflicto armado interno.
No obstante, la Corte Constitucional no ha calificado de forma oficial la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador y, aunque la nueva ley está vigente, su aplicación práctica requiere de un reglamento que se prevé sea aprobado en los próximos dos meses.
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