Un disparo, correazos, patadas y golpes... Los cuatro de Las Malvinas sufrieron múltiples agresiones previo a crimen

Por casi ocho horas, entre la noche del domingo 27 y la madrugada del lunes 28 de abril de 2025, se desarrolló una segunda reconstrucción de hechos en el caso de Las Malvinas de Guayaquil, relacionado con la presunta desaparición forzada y el asesinato de cuatro menores de edad en diciembre de 2024. 

La diligencia, realizada en tres puntos: en Durán, en el peaje de la vía Durán-Tambo y en un sector rural de Taura (Naranjal, Guayas), reveló nuevas versiones que comprometen aún más a los 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) procesados en esta causa.

Cuatro de los 16 militares imputados revelaron detalles de las múltiples agresiones que sufrieron los cuatro niños antes de su asesinato (los cuerpos calcinados se hallaron en una zona agreste de Taura el 24 de diciembre de 2024, sin que se hayan esclarecido las circunstancias de los asesinatos).

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El horror que vivieron Steven Medina, de 11 años, Josué Arroyo, 14, Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, de 15 años, incluyó soportar correazos, patadas, golpes, puñetazos, pisotadas en el suelo, la aplicación de llaves de lucha y la detonación de un disparo a pocos centímetros, según la nueva diligencia. La primera reconstrucción de los hechos se realizó el 16 y 17 de marzo. 

El niño y los tres adolescentes originarios de Las Malvinas, sur de Guayaquil, resultaron asesinados (sus cuerpos calcinados) luego de ser apresados por 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, al sur de Guayaquil, la noche del domingo 8 de diciembre de 2024.

Lanzados de cabeza desde una camioneta

Durante el procedimiento, uno de los militares imputados, acogido a un mecanismo de cooperación eficaz, acusó directamente a un suboficial (un cabo) de lanzar de cabeza a dos de los adolescentes desde el balde de una camioneta, abriéndole la cabeza a uno de ellos.

Según su testimonio, el grupo de militares se movilizaba en dos vehículos, la camioneta identificada como "B" se detuvo en un área de servicio junto al peaje.

Allí, el suboficial habría bajado violentamente a los jóvenes, insultándolos, golpeándolos en la cabeza y el pecho, y arrojándolos nuevamente a la parte trasera del vehículo. “El cabo los bajó uno por uno, los tiró de la camioneta y a uno le partió la cabeza. Los insultó, los puso de rodillas y los empezó a golpear”, relató el militar.

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La escenificación ante peritos de Criminalística, agentes de Fiscalía, y abogados de las partes procesales, detalló la brutalidad con la que los menores fueron tratados tras su captura.

En la escenificación se representó la forma cómo se lanzó cabeza abajo a las víctimas, como resultaron tendidas en el piso y como el suboficial los golpeaba a puños en la cabeza y en el pecho, al parecer intentando arrancarles una confesión sobre sus presuntas actividades delictivas.

Luego el suboficial los tomó de la espalda -del cuello y la pretina- y los tiró de vuelta a la parte trasera de la camioneta. “Uno de ellos se golpeó la cabeza. Tenía partida la cabeza”, insistió el militar.

“Escuché un disparo; teniente daba de correazos a niño”

Posteriormente, la caravana de reconstrucción se trasladó a las afueras de Taura, a una camino rural de tercer orden sin asfaltar, donde los cuatro militares imputados señalaron el sitio donde, aseguran, fueron presuntamente abandonados los cuatro chicos sin ropa, a plena noche.

En el lugar, peritos localizaron prendas de vestir, entre ellas una pantaloneta azul, y restos de ropa vieja o aparentemente quemada, presuntamente pertenecientes a las víctimas. Los involucrados relataron que “liberaron” a las víctimas desnudas y golpeadas, pero con vida.

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Un segundo implicado, vestido de naranja, relató que durante el presunto abandono de los chicos en Taura, un oficial (un subteniente) disparó al suelo a escasos centímetros del niño de 11 años (a unos 50 centímetros), como forma de intimidación.

“Cuando les ordenaron quitarse la ropa, el más grande no quería sacarse y lo empezaron a patear”.

Versión de militar imputado.

“El teniente le pegó en la espalda al más pequeño con una correa. Mientras el cabo le hacía una llave de lucha al mayor de los chicos, lo estaba alzando por la espalda y se cayeron. Como lo hace caer, el cabo le empieza a pegarle patadas”, añadió.

También relató cómo supuestamente el subteniente comenzó a pisar a los menores en el suelo, mientras prendía el flash de su celular y comenzaba a grabarse brevemente. El oficial les ordenó a los niños desnudarse y tiró la ropa tres metros abajo, en los bajos del muro carrozable.

Teniente coronel participó de diligencia

La reconstrucción también permitió detallar el operativo liderado tres días después de la desaparición de los menores por el teniente coronel Juan Francisco I. M., vinculado al caso en calidad de cómplice el pasado 11 de abril.

Según la investigación, el teniente coronel lideró un operativo que recuperó ropa de los menores -prendas entregadas a la Unidad Antiextorsión UNASE en un procedimiento que incumplió con la cadena de custodia y del que no se informó a la Fiscalía ni a la Policía-.

A diferencia de otros 16 procesados, quienes guardan prisión preventiva, el coronel enfrenta el proceso en libertad. La instrucción fiscal del caso, por el presunto delito de desaparición forzada, concluirá el próximo miércoles 30 de abril.

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La Fiscalía tiene previsto solicitar la convocatoria a audiencia preparatoria de juicio, una vez cerrado el plazo de investigación. El juez del caso deberá determinar si valida el mecanismo de colaboración eficaz de los cuatro militares que ampliaron la versión de los hechos.

Abraham Aguirre, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, patrocinador de la familia de las víctimas, dijo que los múltiples golpes que sufrieron los niños podrían constituir actos de tortura.

La prenda de vestir hallada en el sector rural de Taura será sometida a un peritaje para que los padres de las víctimas reconozcan si corresponde a alguno de los menores, dijo.

En cuanto a la colaboración de cuatro de los implicados a pocos días del cierre de la investigación, Aguirre sugiere que podría tratarse de un intento por atenuar sus futuras penas, considerando que el delito de desaparición forzada contempla sanciones de entre 22 y 25 años de prisión, que podrían agravarse hasta 35 años debido a la edad de las víctimas y el abuso de la posición de los victimarios.