El desplazamiento forzado se dispara desde las provincias ubicadas en las rutas de la droga en Ecuador
Un informe de la Defensoría del Pueblo y Acnur confirma el desplazamiento forzado interno como la consecuencia más grave de la crisis de seguridad. La violencia ha obligado a miles de ecuatorianos a cambiar de residencia para escapar de extorsiones y secuestros.

Movimiento en el centro de la ciudad de Esmeraldas, la tarde del 17 de junio de 2024.
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La crisis de seguridad que Ecuador atraviesa desde 2021 sigue alterando la realidad nacional. Un informe de la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha puesto en evidencia como la violencia y el crimen ha obligado a miles de familias a abandonar sus provincias.
El estudio fue presentado el 2 de diciembre de 2025, en Quito. El documento toma como antecedente que en los últimos 10 años, Ecuador ha experimentado una superposición de varias crisis: económica, política, institucional y social, lo que "ha generado condiciones propicias para el crecimiento del crimen organizado".
Bajo ese contexto, explica el Informe sobre desplazamiento forzado interno en Ecuador, las economías ilícitas han logrado expandirse en comunidades históricamente vulnerables. Ya que se han mostrado, como una ilegal forma de subsistencia para los jóvenes de esos territorios.
Así se mencionan a bandas como Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Los Lagartos, Los R7, entre otros, que alteraron el mapa criminal de Ecuador y convirtieron a los puertos marítimos de Ecuador en puntos de embarque de cocaína.
Lo que, además, provocó que en el país operen grupos delincuenciales transnacionales de países como México, Colombia, Italia y Albania.
Esta convergencia criminal, a su vez, ha provocado que Ecuador experimente los índices más altos de violencia de su historia. En 2023, hubo un récord histórico con 47,25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
Para 2024, hubo una reducción, y ese año cerró con una tasa de 38,8 muertes violentas, sin embargo, para 2025, la situación se volvió crítica. Entre enero y octubre se registraron 7.553 homicidios intencionales, lo que arroja un promedio de 25 asesinatos diarios.
Si esta tendencia se mantiene en el cierre del año, Ecuador alcanzaría las 9.069 muertes y una tasa de 50,01 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que significaría que 2025 podría ser el año más violento de la historia.
"El resultado más devastador de esta dinámica es el desplazamiento interno forzado", explica el Informe de la DPE y la Acnur. Ya que, la violencia ha obligado que miles de personas dejen sus lugares de origen para refugiarse en otras provincias.
"La violencia ejercida por grupos de delincuencia organizada, que se disputan el control territorial (...) ha generado que muchas familias tengan que abandonar sus hogares para no ser víctimas de extorsión, reclutamiento forzado de menores o quedar atrapadas en el fuego cruzado".
Informe defensorial sobre desplazamiento forzado interno en Ecuador
Las cifras del desplazamiento interno
Con los antecedentes establecidos, la Defensoría del Pueblo y la Acnur realizaron el establecimiento de una línea de base sobre el impacto de la violencia y el desplazamiento interno en Ecuador entre 2022 y 2024. El objetivo es que los datos encontrados sean el origen de la política pública en la materia.
Para empezar, la consultora a cargo del levantamiento de información identificó a las provincias con mayores tasas de homicidios y presencia de extorsiones, según los registros de la Fiscalía y el Ministerio del Interior.
Esas provincias son: Azuay, Cañar, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. En estas provincias, además, se ubicaron 38 sectores con mayor concentración de delitos y en esos sitios, los técnicos hicieron encuestas en 922 hogares.
Este trabajo determinó que en 13% de los hogares encuestados había integrantes que se desplazaron internamente. Dentro de ese 13%, a su vez, se estableció que el 38% de los desplazamientos se debe a problemas de inseguridad para evitar la violencia.
Entre ellos, el 41% de los casos está relacionado con secuestros, el 16% a robos y el 8% a las amenazas de pandillas.
Además, se estableció que el 44% de los desplazados se mudó dentro de la misma ciudad, el 36% a otras ciudades y el 20% salió del país.
En cifras absolutas, reporta el estudio, las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha registran el 53% de los movimientos intra-provincia (personas que cambian de domicilio dentro de la misma provincia). Estas mismas provincias junto a Azuay, Los Ríos y Cotopaxi son las provincias de mayor recepción de migración interna acumulando el 54% de los flujos de recepción.
César Córdova, defensor del Pueblo, explicó que la mayoría de los desplazamientos identificados se dio desde provincias, dónde está la denominada 'ruta de la droga', sobre todo en la Costa. Y que el destino de estas personas está en ciudades de la Sierra.
En el caso de las provincias con mayor emisión, a Guayas, Pichincha y Manabí se unen Los Ríos y Esmeraldas. Estas cinco provincias cumulan el 55% de los casos de desplazamientos asociados a la violencia.
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