El nuevo plan de seguridad del Gobierno, entre el anuncio de recursos y el acceso restringido a la información

Bajo la narrativa de una "guerra al narcotráfico y al terrorismo" declarada desde el inicio de su gestión, el Gobierno de Daniel Noboa presentó a finales de enero de 2026, a través de un video en redes sociales, su nuevo plan de seguridad. 

El anuncio estuvo cargado de promesas específicas, cifras millonarias y una visión de modernización tecnológica "sin precedentes".  En el video, Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, habló una estrategia integral respaldada por una inversión de USD 180 millones para ejecutar 11 proyectos.   

PRIMICIAS intentó contrastar cada una de estas ofertas mediante pedidos de acceso a la información pública amparados en la Ley de Transparencia (Lotaip): la respuesta de las entidades involucradas ha sido mayoritariamente el silencio, la invocación de la reserva o la admisión de que ciertas capacidades tecnológicas anunciadas aún no están operativas. 

El equipamento militar bajo reserva

El eje central del anuncio gubernamental giró en torno al equipamiento militar. El presidente Noboa detalló la compra de siete helicópteros, un buque logístico multipropósito, un sistema de radar 3D, escáneres y drones para el control fronterizo, todo enmarcado en la mencionada inversión.

Al solicitar al Ministerio de Defensa Nacional los contratos, términos de referencia, costos unitarios y cronogramas de ejecución que sustenten estas adquisiciones, la entidad negó el acceso a la documentación. 

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En su respuesta, el Ministerio argumentó que la información solicitada se encuentra clasificada como reservada bajo el artículo 15 de la LOTAIP, alegando que la divulgación de inventarios, ubicaciones y detalles de bienes estratégicos podría comprometer la defensa nacional y el orden público. 

La entidad añadió que estas contrataciones se tramitan bajo régimen especial con criterios de confidencialidad.

¿Y la modernización en la seguridad interna?

En el ámbito de la tecnología forense y migratoria, el Gobierno prometió una modernización. Las autoridades anunciaron la incorporación de sistemas de "última generación" como IBIS y AFIS para la identificación balística y dactilar con "precisión científica".

Hablaron también de un nuevo sistema de control migratorio que contaría con "información anticipada de cada pasajero antes de su llegada al país". No obstante, la realidad administrativa difiere del discurso oficial. 

Al consultar a la Policía Nacional sobre la adquisición o actualización de las licencias y hardware para los sistemas IBIS y AFIS, la institución respondió que dicha información también está sujeta a reserva y derivó la competencia al Ministerio del Interior. 

Sobre el control migratorio, mientras el video afirmaba que Ecuador ya dio un salto tecnológico contando con información anticipada, la Subsecretaría de Migración admitió oficialmente que actualmente el Sistema Migratorio Ecuatoriano (Simiec) "no dispone de información anticipada de pasajeros para el control migratorio".

La entidad agregó que ya ha iniciado gestiones con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) para obtener dichos datos.

Por su parte, el Servicio Integrado de Seguridad ECU- 911 —que, según el Gobierno, recibiría una inversión de USD 50 millones— aclaró que los fondos para la modernización tecnológica están proyectados, priorizando contratos para el año 2026.

Especificaron que, en una primera fase, un tercio del valor total de la renovación se destinará a la adquisición del subsistema de videovigilancia, mientras que el resto cubrirá el reemplazo del software de Despacho Asistido por Computadora (CAD), infraestructura y centrales telefónicas. 

La autonomía de la Unase

Otro anuncio tiene que ver con la reestructuración de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (Unase). John Reimberg, ministro del Interior, afirmó que esta unidad ahora funciona como un "organismo autónomo con mayor presupuesto" para enfrentar la extorsión y el secuestro. 

Los documentos entregados por el Ministerio del Interior confirman la emisión del Acuerdo Ministerial Nro. MDI-DMI-2025-0132, mediante el cual se crea la Dirección de Investigación Antisecuestros y Extorsión dentro de la estructura de la Policía Nacional. 

Si bien esto eleva su jerarquía administrativa, la entidad se mantiene subordinada al mando de la Comandancia General y del Ministerio del Interior, funcionando como parte del Subsistema de Investigación.

Respecto al financiamiento, la Unase certificó que su presupuesto codificado para el año fiscal es de USD 700.271,24. Sin embargo, la unidad informó que se encuentra desarrollando un proyecto de inversión conjunto con el Ministerio del Interior por un valor de USD 13,2 millones para adquirir herramientas tecnológicas y logísticas.

Cárceles y política antilavado, sin respuesta

El sistema penitenciario fue otro de los puntos fuertes del discurso: el ministro Reimberg prometió una nueva megacárcel para 15.000 presos a entregarse en un plazo de 15 a 18 meses. Hasta el 12 de febrero, en el sistema de compras públicas no había rastro de ese proyecto.

Para conocer la viabilidad técnica, la ubicación de los predios y los estudios que avalen estos plazos de construcción, PRIMICIAS solicitó información al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). 

A diferencia de las otras carteras de Estado, que respondieron amparándose en la reserva o aclarando competencias, el SNAI optó por el silencio. 

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Finalmente, en el anuncio oficial, José Julio Neira habló del componente político y financiero del plan, que promete atacar la economía criminal y exponer a los "políticos corruptos" financiados por el narco.

Neira, titular de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), aseguró que ya están identificados los partidos y políticos involucrados y que "pagarán las consecuencias". 

Al solicitar a la UAFE el número de Reportes de Operaciones Injustificadas (ROI) relacionados con sujetos políticos y el detalle de las nuevas herramientas de rastreo, la entidad negó el acceso a la información. 

Basándose en su propia ley orgánica y en el Código Orgánico Integral Penal, la UAFE explicó que está obligada a guardar secreto sobre toda información que recibe o produce, y que solo puede entregarla a la Fiscalía General o a órganos jurisdiccionales.