“El Estado debe frenar las muertes en la Penitenciaría del Litoral”, reclama el CDH tras medidas cautelares de la CIDH
Organismo de derechos humanos de Guayaquil alerta que el incumplimiento podría escalar el caso a la Corte Interamericana. La CIDH identificó hacinamiento, desnutrición y fallas graves en atención médica dentro del mayor centro carcelario de Ecuador.

En una rueda de prensa en Guayaquil, los directivos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), reaccionaron frente a las medidas cautelares que les otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de privados de libertad, el 6 de enero de 2026.
- Foto
Primicias
Autor:
Actualizada:
Compartir:
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil calificó como “urgente e ineludible” el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las personas privadas de libertad del Centro de Privación de Libertad Guayas N.º 1, conocido como la Penitenciaría del Litoral.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), constató una situación de “gravedad extrema y riesgo irreparable” para los derechos fundamentales de los presos y otorgó las medidas cautelares.
Las autoridades del Comité reaccionaron a la resolución este martes 6, en una rueda de prensa ofrecida en su sede, en el centro de Guayaquil, luego de que la CIDH les notificara oficialmente la aceptación de la solicitud presentada en febrero de 2025, motivada por el incremento sostenido de muertes, denuncias de desnutrición y la falta de atención médica adecuada en el mayor centro carcelario de Ecuador.
Fernando Bastías, miembro del CDH, explicó que la Comisión corroboró la existencia de un patrón crítico dentro de la penitenciaría, marcado por hacinamiento severo, demoras sistemáticas en la atención sanitaria, ausencia de protocolos claros y deficiencias de coordinación interinstitucional.
Según dijo, el propio Estado ecuatoriano reconoció ante la CIDH un aumento progresivo de fallecimientos solo entre enero y septiembre de 2025, con cifras que fluctuaron desde 17 a 141 muertes mensuales, sin que hasta ahora se haya transparentado la información correspondiente a los últimos tres meses del año.
“El Estado no logró explicar de manera satisfactoria las causas de este elevado número de muertes. La Comisión concluyó que todas las personas privadas de libertad en este centro se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad”.
Fernando Bastías, miembro del CDH.
Añadió que la CIDH también advirtió que la militarización de las cárceles, vigente desde el Decreto Ejecutivo 218 -que declaró a los centros penitenciarios como zonas de seguridad en enero de 2024-, no constituye por sí sola una respuesta efectiva a la crisis carcelaria.
Desde la perspectiva del Comité, la intervención de las Fuerzas Armadas ha derivado en un desplazamiento de funciones administrativas y operativas que corresponden a la gestión penitenciaria civil, lo que habría restringido el acceso a derechos básicos como la salud, la alimentación y el contacto con familiares y abogados.
Impugnaron el decreto que militarizaba las cárceles
Bastías recordó que dicho decreto ya fue impugnado mediante una acción de inconstitucionalidad presentada por el CDH y otras organizaciones de derechos humanos de Guayaquil, al considerar que contraviene estándares internacionales y precedentes constitucionales sobre el rol de los militares.
Las medidas cautelares ordenadas por la CIDH obligan al Estado ecuatoriano a adoptar acciones inmediatas para prevenir nuevas muertes y proteger la integridad personal de la población penitenciaria; garantizar condiciones de detención acordes con el principio de dignidad humana; asegurar atención médica oportuna y especializada; proveer alimentación suficiente y de calidad; reducir de manera sustancial el hacinamiento; y facilitar el acceso periódico de familiares y defensores legales.
Asimismo, la Comisión dispuso la instalación urgente de una mesa interinstitucional, con participación de representantes de los beneficiarios, incluido el CDH, para definir e implementar soluciones inmediatas.
Este espacio se articularía con una mesa de emergencia que ya tuvo una primera reunión preparatoria a finales de diciembre, con la presencia de autoridades del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), Fuerzas Armadas, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y comités de familiares.
Billy Navarrete, presidente del CDH Guayaquil, subrayó que el Estado no tiene margen para incumplir las medidas dispuestas por la CIDH. “No existe la opción de negarse. Un incumplimiento o un cumplimiento defectuoso puede llevar a que estas medidas cautelares se transformen en medidas provisionales ante la Corte Interamericana”, advirtió.
La resolución internacional refuerza una sentencia constitucional obtenida previamente por el Comité mediante una acción de protección, que ya reconocía vulneraciones graves, especialmente en el ámbito sanitario.
Una crisis no resuelta
Navarrete insistió en que la crisis de salud dentro de la penitenciaría no puede ser abordada desde una lógica exclusivamente militar. Recordó que, pese a la inauguración de un policlínico en 2024, las muertes por causas médicas continuaron en aumento, lo que evidencia fallas estructurales de presupuesto, personal y autonomía del personal sanitario en medio de un brote de tuberculosis.
“Enfermedades como la tuberculosis son tratables. No se requiere tecnología extraordinaria, sino voluntad política, protocolos claros y condiciones mínimas para el trabajo del personal de salud”.
Billy Navarrete, presidente del CDH Guayaquil.
La CIDH también solicitó al Estado autorización para realizar una visita in situ a la Penitenciaría del Litoral, con el fin de verificar la implementación de las medidas ordenadas y evaluar la necesidad de mantenerlas vigentes por un periodo adicional. Además, requirió la investigación de todas las muertes registradas en 2025 dentro del centro penitenciario.
Navarrete sostuvo que el otorgamiento de estas medidas representa una oportunidad para que el Gobierno adopte decisiones estructurales y urgentes que frenen la crisis carcelaria y eviten nuevas pérdidas de vidas. “El Estado debe frenar las muertes en la Penitenciaría del Litoral”, remarcó.
“Las personas privadas de libertad no están condenadas a muerte. El desafío ahora es que exista una verdadera voluntad política para cumplir lo ordenado y garantizar la participación de los familiares y de los equipos técnicos en la toma de decisiones”, concluyó Bastías.
Compartir: