No hay rastro sobre la extradición de alias 'Pipo' en Estados Unidos, mientras avanza su entrega a Ecuador
Mientras el Ministerio del Interior asegura que alias 'Pipo', cabecilla de Los Lobos, irá a Estados Unidos directamente desde España, los expedientes en Madrid y Quito revelan que el trámite avanza para su retorno a Ecuador.
Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, máximo líder del grupo armado organizado Los Lobos, durante su detención en una operación binacional en Málaga, España, el 16 de noviembre de 2025.
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Policía Nacional
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La tesis oficial sobre la extradición de alias 'Pipo', cabecilla histórico de Los Lobos, a Estados Unidos parece no sostenerse -al menos, por ahora- en los documentos y registros judiciales de Estados Unidos, Ecuador y España.
El viernes 23 de enero de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, lanzó una publicación en X (antes Twitter) que acaparó los titulares de prensa: la cooperación internacional había funcionado y Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias ‘Pipo’, enfrentaba cargos formulados por la Fiscalía estadounidense, logrando así su "extradición directa" desde España hacia Estados Unidos.
Sin embargo, al contrastar esa declaración con registros judiciales estadounidenses, la certeza del ministro Reimberg se debilita.
No hay rastro de la extradición a Estados Unidos
Una búsqueda realizada durante los cuatro días posteriores al anuncio ministerial, en el sistema de Acceso Público a los Registros Electrónicos de la Corte (Pacer, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, arrojó el resultado: "No Results Found".
Bajo el nombre de Wilmer Chavarría Barré no existe, hasta el 27 de enero de 2026, ningún expediente público abierto, ni acusación visible en ninguna corte federal de Estados Unidos.
Además, PRIMICIAS contactó al Departamento de Justicia de Estados Unidos buscando el número de caso que citaba el Ministro y la respuesta fue cortante. Una portavoz de esa entidad respondió con un escueto "nos abstenemos de comentar". No hubo confirmación de cargos, ni validación de la supuesta extradición directa.
En los días previos y posteriores a ese anuncio de Reimberg, por otro lado, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador y el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca, el papeleo cuenta una historia distinta.
Los documentos que realmente se movieron fueron entre Madrid y Quito y no mencionan a Estados Unidos; todos giran en torno al retorno de ‘Pipo’ a una cárcel ecuatoriana.
Avanza la entrega a Ecuador
El 22 de enero de 2026, un día antes del post de Reimberg, la Secretaria General de la Corte Nacional remitió al Tribunal de Garantías Penales de Cuenca el oficio procedente de la Cancillería, informando sobre el estado real del proceso.
La documentación oficial revela que el Consejo de Ministros de España, en su reunión del 13 de enero de 2026, acordó la continuación en vía judicial del procedimiento de extradición de Chavarría Barré, pero solicitado explícitamente por las autoridades de Ecuador.
La Nota Verbal 3/15.6 del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, fechada en Madrid el 15 de enero de 2026, señala que el gobierno español dio luz verde para que se procese la entrega del criminal para que cumpla sus cuentas pendientes en territorio ecuatoriano, basándose en la Ley de Extradición Pasiva de 1985.
No hay, en las decenas de fojas que componen el expediente actual, una sola línea que sugiera un desvío de la ruta hacia una corte en Estados Unidos.
De hecho, la propia justicia española ya había empezado este camino meses antes. El 11 de diciembre de 2025, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid, presidida por el magistrado Francisco Vieira Morante, desestimó el recurso de apelación de la defensa de ‘Pipo’.
Los jueces españoles confirmaron su prisión provisional basándose en el riesgo de fuga y, crucialmente, en la finalidad de la extradición: el cumplimiento de una pena restante de 14 años de prisión por robo con muerte en Ecuador.
El tribunal español desestimó los argumentos de arraigo familiar en Málaga, donde vivían su suegra y cuñados, y subrayó que el uso de identidad falsa evidenciaba su nula disponibilidad para someterse a la justicia.
'Pipo' debe responder por un robo y el caso Villavicencio
La historia judicial de 'Pipo' se remonta al 3 de julio de 2010, cuando ingresó armado y disfrazado de supervisor de seguridad a una agencia bancaria en Cuenca. Aquel asalto, ejecutado con ametralladora y aerosol para cegar cámaras, derivó en una persecución de película y la muerte de tres personas.
Por esos hechos fue sentenciado a 16 años de reclusión, una pena que interrumpió fraudulentamente el 23 de febrero de 2021, cuando fingió su muerte por Covid-19 mediante un acta de defunción falsificada en Santo Domingo de los Tsáchilas.
La "resurrección" legal de ‘Pipo’ se produjo el 16 de noviembre de 2025, el mismo día de su captura en España. El Tribunal de Garantías Penales de Cuenca declaró la nulidad de la extinción de la pena al confirmarse que el reo estaba vivo en Europa.
Los jueces cuencanos reactivaron la causa 01902-2010-0102, determinando que al líder de Los Lobos le restan por cumplir cinco años de su condena original, tiempo que disfrutaba bajo prelibertad antes de su falsa muerte.
Pero el robo en Cuenca no es el único caso que lo espera en Ecuador. La Fiscalía ecuatoriana ha puesto su mira en ‘Pipo’ por un crimen de mayor calibre político y conmoción nacional: el magnicidio de Fernando Villavicencio.
La Fiscalía busca vincularlo, junto a alias ‘Lobo Menor’ y alias ‘Gordo Luis’, en la planificación logística del asesinato del excandidato presidencial ocurrido en 2023. De hecho, la Fiscalía ya ha solicitado asistencia penal internacional a España para tomar la versión del cabecilla desde su celda en Madrid. La vinculación está prevista para el 29 de enero de 2026.
Sin embargo, el retorno de Chavarría a Ecuador no está exento de un posible fracaso, según un reciente antecedente: el caso de William Alcívar, alias 'Negro Willy'.
Este líder de Los Tiguerones, detenido también en España en octubre de 2024, fue liberado recientemente por la justicia española. La razón fue que el Estado ecuatoriano no logró enviar a tiempo y con suficiencia las garantías de que su vida e integridad estarían seguras en una cárcel ecuatoriana.
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