Familiares de los cuatro niños de Malvinas desaparecidos entregan muestras de ADN para cotejarlas con cuerpos hallados en Taura

Los padres de Ismael Eduardo Arroyo (15), Josué Didier Arroyo (14), Steven Gerald Medina (11) y Nehemías Saúl Arboleda (15), conocidos como “los cuatro de Las Malvinas”, acudieron al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, en el oeste de Guayaquil, para entregar muestras de ADN. 

Este procedimiento se realizó la tarde del 27 de diciembre de 2024 y se extendió por casi dos horas, hasta cerca de las 17:30.

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Con la toma de muestras de ADN se busca determinar si los restos carbonizados hallados el 24 de diciembre en una zona rural de Taura, cantón Naranjal (Guayas) corresponden al niño y a los tres adolescentes desaparecidos.

Según Abraham Aguirre García, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, las familias culminaron esta fase del proceso forense, la cual incluye la recopilación de muestras biológicas de los padres.

Explicó que los cuerpos encontrados, además de incinerados, estaban deteriorados debido a su exposición a altas temperaturas, las inclemencias del clima y la fauna en el lugar del hallazgo (insectos y crustáceos), lo que implica mayores desafíos al momento de extraer nuestras válidas de ADN de los cuerpos.

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El 25 de diciembre, los familiares acudieron por primera vez a la morgue. En esa ocasión, para entregar información sobre datos dentales, fracturas, cirugías y señas particulares que pudieran corroborar si los restos corresponden a los niños desaparecidos.

El informe antropológico probablemente estará listo el 30 de diciembre, dijo Aguirre. Si estás pruebas, que incluyen pruebas radiológicas, no son concluyentes, se procederá con la realización de exámenes genéticos que podrían tomar de 30 a 45 días, dijo.

Medidas cautelares para las familias

Por su parte, Fernando Bastías, miembro del CDH, destacó que las familias cuentan con medidas cautelares emitidas por el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. 

Estas medidas obligan al Estado ecuatoriano a garantizar su seguridad e integridad personal. Además, el fiscal del caso solicitó este viernes que los familiares sean incorporados al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, explicó.

El caso inició como una investigación por secuestro, tras la desaparición de los adolescentes el pasado 8 de diciembre. 

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Los menores fueron detenidos por un contingente militar en el sur de Guayaquil bajo sospecha de un presunto robo, acusación que ha sido desestimada por las familias y de la que no existen pruebas, según la Fiscalía. 

Horas después, los menores realizaron llamadas en las que denunciaron haber sido golpeados y abandonados en una zona rural de Taura, cerca de base militar de la infantería aérea.

El hallazgo de los cuerpos incinerados ha intensificado la presión sobre las autoridades para esclarecer los hechos.

En la audiencia de formulación de cargos, programada para el 31 de diciembre, se espera que la Fiscalía solicite apoyo internacional para que pericias médico-forenses. 

Esto a fin de que las pruebas genéticas puedan realizarse en menor tiempo solicitando asistencia internacional, de acuerdo a los representantes de la CDH.