Fiscalía reabre la investigación por la desaparición de David Romo en un caso que apunta a José Serrano y otros

El 30 de marzo de 2026, la Fiscalía Provincial de Pichincha resolvió revocar la solicitud de archivo de la investigación por la presunta desaparición forzada de David Romo Córdova, cuyo rastro se perdió el 16 de mayo de 2013 en Quito.

A través de un pronunciamiento oficial, la fiscal provincial encargada, Mayra Soria, determinó que la indagación penal debe continuar, argumentando que aún existen diligencias investigativas pendientes que son vitales para esclarecer el hecho, destacando la necesidad de garantizar la reparación integral de las víctimas, la tutela judicial efectiva y el derecho a la verdad.

El caso David Romo

Este caso empezó el 16 de mayo de 2013, cuando Santiago David Romo Córdova asistió a sus clases en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Durante la tarde, el joven acudió a la clase de Semiótica General entre las 15:00 y las 17:30.

Tras finalizar la jornada estudiantil, se reunió con un grupo de compañeros en las áreas verdes de la Facultad, donde, según testimonios posteriores, consumieron licor hasta el anochecer. Horas más tarde, aproximadamente a las 21:26, su enamorada se comunicó con él por teléfono y constató que el estudiante se encontraba en estado de embriaguez a bordo de un bus rumbo a su hogar. 

La última señal de vida de David se registró a las 22:22 durante una llamada con su madre, Alexandra Córdova. En esa breve comunicación, el joven afirmó estar en el bus y le indicó que hablaría bajo, justificando su tono con una frase inquietante: "porque si alzo la voz, me sacan del bus".

Las indagaciones revelaron que el universitario se transportaba en el bus número 4 de la Cooperativa Transhemisféricos, con placas PUH0862, que cubría la ruta hacia la Mitad del Mundo. 

La unidad era conducida por José Moisés C., acompañado por el controlador Edgar M. y su ayudante Gustavo de Jesús L.. Según las versiones recabadas a lo largo de los años, que no estuvieron exentas de contradicciones, el personal del transporte reconoció que Romo viajaba en la parte posterior del vehículo en estado etílico. 

El recorrido terminó en la última parada del sector de Rumicucho cerca de la medianoche, punto donde el rastro del joven se desvaneció por completo, marcando el inicio de un laberinto judicial para sus familiares.

La investigación

Durante los primeros años, la investigación se fragmentó en múltiples teorías que alejaron el caso de una pronta resolución. En una etapa inicial, las autoridades procesaron el hecho bajo la figura de asociación ilícita y robo, argumentando que los trabajadores del bus se habían confabulado para sustraer el teléfono celular de la víctima. 

Por este motivo, el controlador Edgar M. fue sometido a un procedimiento abreviado y sancionado con un año de prisión. 

Tiempo después, la Fiscalía giró hacia la hipótesis de trata de personas y asesinato, sosteniendo que David Romo había sido trasladado contra su voluntad a una clínica clandestina de rehabilitación en Pisulí denominada Unión y Esperanza.

Bajo esta línea investigativa, se construyó la teoría de que el estudiante fue asesinado, desmembrado e incinerado en un camal, lo que llevó al juez Telmo Molina a dictar un auto de llamamiento a juicio en mayo de 2018 contra varias personas.

Esta versión oficial fue rechazada por Alexandra Córdova, quien denunció que el relato de la incineración era una maniobra de las autoridades para cerrar el expediente de forma abrupta sin haber encontrado restos biológicos comprobables ni el cuerpo de su hijo. 

Ante estas presuntas negligencias, la madre presentó el 16 de agosto de 2018 una nueva denuncia, esta vez por el delito de desaparición forzada. 

En este documento, acusó directamente la participación de agentes del Estado, apoyándose en testimonios que referían la presencia de personas con apariencia de policías dentro del bus aquella noche, además de apuntar al encubrimiento de altos funcionarios de la época, fiscales, agentes policiales e incluso exministros. 

La madre de David Romo señaló como sospechosos al exministro del Interior, José Serrano Salgado, y a los agentes de la Policía Nacional Jorge P., Francisco H., Gabriel M. y Danilo L., así como a parte del círculo cercano del universitario, apuntando a su pareja sentimental, Diana L., y a Sara T., desde cuyas redes sociales presuntamente se emitieron mensajes para comunicarse con los familiares. 

• Una década de la incansable búsqueda de la madre de David Romo

Asimismo, la acción penal fue dirigida contra el personal civil vinculado a la cooperativa de transporte que abordó David Romo. 

Y, finalmente, contra los funcionarios judiciales, que participaron en el caso: los agentes fiscales Jenny Morales, Jorge Nogales, Jorge Flores, Alejandro Alemán, Laura Machuca, Tania Moreno, Andrés Cuasapaz y Paola Gallardo. Al igual que a los jueces Ivón Vásquez, Julio Obando, Edmundo Samaniego, Pablo Coello, Marcelo Narváez y Giovanny Freire.

El archivo y la reapertura

El 27 de mayo de 2025, el fiscal Polivio Meneses presentó un pedido formal ante los juzgados de Carcelén para archivar definitivamente la investigación por desaparición forzada, que se abrió tras la denuncia de la madre de Romo. 

El funcionario argumentó que los plazos legales, que habían comenzado a correr en octubre de 2018, se encontraban excedidos. Además, justificó que no se habían encontrado elementos suficientes para probar la intervención de agentes estatales y señaló que existía el riesgo de juzgar dos veces el mismo hecho en relación con el anterior expediente por asesinato.

El mismo 27 de mayo de 2025, el juez Telmo Molina, a quien le fue asignada la solicitud, presentó su excusa para no conocer la causa. Su inhabilitación se debió a que él mismo había emitido el llamamiento a juicio en el proceso conexo por el presunto asesinato de David Romo en 2018, lo que comprometía su imparcialidad. 

Tras un nuevo sorteo, el proceso recayó en el juez Mauricio Estrella, quien el 11 de junio de 2025 notificó el pedido de la Fiscalía a los sujetos procesales. 

Dos días después, Alexandra Córdova ingresó un documento expresando su oposición, reclamando que el Fiscal se basaba en investigaciones previas incoherentes y que se negaba deliberadamente a agotar las líneas de búsqueda sugeridas por las víctimas.

Atendiendo los reclamos de la madre, el 17 de julio de 2025, el juez Estrella emitió un auto considerando que existía una aparente inactividad fiscal y recordó que las investigaciones estatales no pueden ser tratadas como simples formalidades destinadas al fracaso. 

El Juez enfatizó que el hecho de que un fiscal de primer nivel no haya hallado elementos de imputación no implicaba dar por terminada automáticamente la búsqueda de la verdad. Por ello, ordenó elevar el proceso en consulta a Diana Salazar, fiscal General de la época, para que analizara prolijamente si las diligencias habían sido suficientes. 

Tras este proceso de revisión, finalmente, se dio la resolución de reapertura el 30 de marzo de 2026.