Penitenciaría del Litoral | Comités de familiares de reclusos alertan de 120 muertes por crisis sanitaria solo en 2026
El Gobierno instaló mesas de diálogo para abordar la crisis carcelaria y las desapariciones forzadas, en cumplimiento de medidas cautelares de la CIDH. El Ministerio de Defensa no acudió a la mesa de desaparecidos y comité denunció que cadáveres permanecen sin retirar de sus celdas en el penal.
Familiares de detenidos en las cárceles de Guayaquil protestan afuera de la Gobernación de Guayas el 23 de enero de 2026.
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La mañana de este viernes 23 de enero de 2026, el Gobierno Nacional instaló en la Gobernación del Guayas mesas de diálogo para atender dos de las más graves crisis de derechos humanos que enfrenta el país: la emergencia sanitaria por tuberculosis y desnutrición crónica en la Penitenciaría del Litoral, así como las desapariciones forzadas denunciadas durante operativos militares en 2024.
La convocatoria, realizada por el Ministerio de Gobierno, responde a dos medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras constatar riesgos de muerte, vulneración a la integridad personal en el penal y falta de investigación efectiva de las desapariciones por parte del Estado ecuatoriano.
Las mesas de trabajo y seguimiento se reinstalarán cada dos meses. Las primeras dos sesiones concluyeron en medio de nuevas denuncias de dilatación de las investigaciones e incumplimiento de entrega de información, por la ausencia de delegados del Ministerio de Defensa, y un balance de al menos 120 muertes de personas privadas de libertad en lo que va de 2026, según comités de familiares
Mientras en el edificio de la Gobernación, ubicado en el centro de Guayaquil, se instalaban las mesas interinstitucionales, en los exteriores un grupo de familiares de personas privadas de libertad y de desaparecidos protagonizaron un plantón sobre la avenida Malecón.
Allí colocaron un ataúd simbólico, pancartas y fotografías de reclusos enfermos, desnutridos o con lesiones cutáneas, así como los rostros de 26 personas desaparecidas tras ser presuntamente retenidas por militares. Las familias de los privados de libertad pasearon el cajón por la calle y tres de las mujeres se cubrieron de sangre como una "medida de desesperación" ante la crisis en el penal.
Mesa por desapariciones forzadas se instaló con retraso
La primera mesa, dedicada a las desapariciones forzadas, se instaló con una hora de retraso luego de que el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, la entidad que solicitó las medidas cautelares internacionales, exigiera el ingreso de al menos siete familiares beneficiarios por la resolución del organismo internacional con sede en Washington (Estados Unidos).
La mesa contó con delegados de los ministerios del Interior, de Salud Publica y de Inclusión Social, pero con la ausencia del Ministerio de Defensa, una institución clave para la investigación de al menos 26 desaparecidos en operativos militares, en el contexto del conflicto armado interno.
Fernando Bastias, abogado del CDH, señaló que la no comparecencia de esa cartera de Estado va en contra del llamado del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y constituye un incumplimiento directo de las medidas cautelares de la CIDH, que ordenan la entrega de información clave para la investigación de los casos.
“Estamos hablando de las órdenes tácticas y de la identificación del personal militar movilizado en los días y horas cercanas a la aprehensión de las personas hoy desaparecidas. Si esa información no se entrega, existe una clara intención de incumplir las medidas cautelares y eso será informado inmediatamente a la Comisión Interamericana”.
Fernando Bastias, abogado del CDH Guayaquil.
El abogado precisó que, además del caso conocido como Las Malvinas, existen al menos 43 casos adicionales de desapariciones denunciadas por familiares. Y señaló que la falta de información por parte de Defensa mantiene paralizadas las investigaciones previas abiertas en la Fiscalía, pues se desconoce la identidad de los militares involucrados en los operativos.
La entrega de información podría destrabar las investigaciones permitiendo que la Fiscalía llame a los militares involucrados a rendir versión de los casos. La organización de derechos humanos y el comité de familiares anunciaron que notificarán a la CIDH sobre la dilatación y este incumplimiento.
Una denuncia de intimidación por parte de militares
Bastias alertó además sobre nuevos episodios de intimidación contra familias de desaparecidos. Relató que el día previo a la instalación de la mesa, personal militar ingresó violentamente al domicilio de una familia en Babahoyo, provincia de Los Ríos, e intentó llevarse a uno de sus integrantes, en un acto de presunta intimidación.
“Estos hechos refuerzan la urgencia de identificar a los militares involucrados, no solo para evitar la impunidad, sino para prevenir nuevos amedrentamientos”, sostuvo.
Diana Roca, representante del Comité de Familias por la Verdad y Justicia y tía de uno de los jóvenes desaparecidos en agosto de 2024, sostuvo que la mesa dejó avances parciales, pero sin resolver el punto central. “Sin los nombres de quienes participaron en los operativos, no se puede investigar".
"El Ministerio del Interior ofreció más policías para indagar los casos, se habló de bonos de desarrollo y el Ministerio Salud comprometió atención psicológica”, afirmó Roca. "Las familias de las personas desaparecidas hemos sido revictimizadas por el propio Estado y algunos sufren de ansiedad, depresión y angustia permanente por la falta de respuestas y porque hemos sido tratados como delincuentes",
“La entrega de información verificable y la adopción de medidas técnicas basadas en evidencia permitirán evaluar si existe o no voluntad política del Ejecutivo para cumplir las disposiciones de la CIDH y frenar la impunidad”.
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
120 muertes en 2026 en la Penitenciaría y denuncias de cadáveres sin retirar
Tras la mesa sobre la situación penitenciaria, los comités de familiares de reclusos alertaron sobre un agravamiento de la crisis sanitaria en la Penitenciaría del Litoral. El Comité de Familiares por Lucha y Fe denunció que solo en lo que va de 2026 contabilizan al menos 120 muertes de personas privadas de libertad, asociadas a desnutrición crónica, tuberculosis, otras enfermedades y falta de atención médica.
Tras la jornada, las familias alertaron sobre la existencia de al menos tres cadáveres que llevan días en estado de descomposición dentro de los pabellones, que hasta este viernes 23 de enero permanecían sin ser retirados oportunamente, lo que agrava las condiciones de insalubridad y riesgo epidemiológico.
“Son cuerpos sin vida que pasan tres o cuatro días en las celdas. El olor, la infección, todo eso genera más enfermedades. La morgue está saturada por el número de fallecimientos, lo que dificulta el retiro de los cuerpos de los pabellones de la cárcel”.
Presidenta del Comité de Familiares Lucha y Fe.
Según la CDH, en 2025 la crisis sanitaria y alimentaria en el penal habría dejado cerca de 1.000 víctimas mortales, mientras que los comités de familiares estiman que la cifra total de fallecidos entre 2025 y lo que va de 2026 ascendería a alrededor de 1.200 personas, sin que el SNAI haya presentado datos oficiales actualizados, pues el último corte estatal disponible se remonta al tercer trimestre de 2025.
Compromisos estatales bajo observación
Fernando Bastias informó que en la mesa sobre la crisis penitenciaria se anunciaron compromisos inmediatos, entre ellos la construcción de una cocina y un comedor en la Penitenciaría del Litoral, así como la elaboración de un protocolo que obligue a las Fuerzas Armadas a garantizar la entrega individualizada de alimentos, descartando el uso de contenedores colectivos, como hasta ahora.
Además, el Ministerio de Salud Pública se comprometió a designar brigadas médicas permanentes, con médicos asignados por pabellón para evitar descompensaciones y muertes prevenibles.
“El jueves habrá una visita in situ a la Penitenciaría, con presencia de la Defensoría del Pueblo y delegadas de los comités de familiares. Ahí vamos a constatar si lo anunciado se cumple o no. Y si no, lo informaremos a la Comisión Interamericana”.
Fernando Bastias, CDH.
La gravedad de la situación fue expuesta también por Rosario Carrillo, madre de un preso del pabellón 7 -destinado a personas con tuberculosis- quien relató el deterioro físico de su hijo, pese a haber obtenido un hábeas corpus hace más de un mes y a que ya debió salir de prisión al haber cumplido tres años de su condena. “Mi hijo está desnutrido, con tuberculosis, y no puedo enviarle ni una pastilla ni comida. Las visitas están suspendidas hace un año y cuatro meses. No quiero sacar a mi hijo en una caja”, dijo.
Carrillo denunció además que, pese a los depósitos realizados para el economato, los internos no reciben alimentos y deben comprar en “tiendas” controladas por redes de extorsión dentro de la cárcel.
Ana Morales, directora del Comité de Familiares por una Vida Digna dentro y fuera de las Cárceles, señaló que las mesas les devuelven a las familias "algo de esperanza". "Hay órdenes de la Comisión Interamericana que se deben cumplir. Si no se habilitan las visitas, se entiende que el Estado está incumpliendo”, afirmó, confirmando que cuentan con autorización judicial para ingresar a la visita a la Penitenciaría del jueves 29 de enero de 2026. "Vamos a ser veedoras permanentes"
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