Gobierno instala mesa de trabajo en Guayaquil por crisis sanitaria en la Penitenciaría y por desapariciones forzadas, en medio de plantón de familiares
El Ministerio de Gobierno instaló este viernes en Guayaquil mesas de diálogo para abordar la crisis carcelaria y las desapariciones forzadas atribuidas a agentes estatales, en cumplimiento de medidas cautelares de la CIDH.
Familiares de detenidos en las cárceles de Guayaquil protestan afuera de la Gobernación de Guayas el 23 de enero de 2026.
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La mañana de este viernes 23 de enero de 2026, el Gobierno Nacional instaló en la Gobernación del Guayas mesas de diálogo para atender dos de las más graves crisis de derechos humanos que enfrenta el país: la emergencia sanitaria por tuberculosis y desnutrición crónica en la Penitenciaría del Litoral, así como las desapariciones forzadas denunciadas durante operativos militares en 2024.
La convocatoria, realizada por el Ministerio de Gobierno, responde a dos medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras constatar riesgos de muerte, vulneración a la integridad personal en el penal y falta de investigación efectiva de las desapariciones por parte del Estado ecuatoriano.
Mientras en el edificio, ubicado en el centro de Guayaquil, se instalaban las mesas interinstitucionales, en los exteriores un grupo de familiares de personas privadas de libertad y de desaparecidos protagonizaron un plantón sobre la avenida Malecón.
Allí colocaron un ataúd simbólico, pancartas y fotografías de reclusos enfermos, desnutridos o con lesiones cutáneas, así como los rostros de 26 personas presuntamente desaparecidas tras ser retenidas en operativos militares.
Mesa por desapariciones forzadas se instaló con retraso
La primera mesa, dedicada a las desapariciones forzadas, se instaló con una hora de retraso luego de que el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, la entidad que solicitó las medidas cautelares internacionales, exigiera el ingreso de al menos siete familiares beneficiarios por la resolución del organismo internacional con sede en Washington (Estados Unidos).
Fernando Bastias, abogado del CDH Guayaquil, señaló que la expectativa central de la reunión es la entrega inmediata de información clave solicitada por la CIDH y por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
“Estamos hablando de las órdenes tácticas y fragmentarias, y de la identificación del personal militar movilizado en los días y horas cercanas a la aprehensión de las personas hoy desaparecidas. Si esa información no se entrega, existe una clara intención de incumplir las medidas cautelares y eso será informado inmediatamente a la Comisión Interamericana”.
Fernando Bastias, abogado del CDH Guayaquil.
El abogado precisó que actualmente existen 26 casos amparados por medidas cautelares, aunque tras la publicación de estos hechos más familias se han acercado a denunciar desapariciones similares. Todas las causas, aseguró, mantienen investigaciones previas abiertas en la Fiscalía por el delito de desaparición forzada, pero estas se encuentran paralizadas debido a la negativa del Ministerio de Defensa a entregar información sobre la identidad de los militares involucrados en los operativos.
La entrega de información podría destrabar las investigaciones permitiendo que la Fiscalía llame a los militares involucrados a rendir versión de los casos. Bastias alertó además sobre nuevos episodios de intimidación contra familias beneficiarias.
Relató que el día previo a la instalación de la mesa, personal militar ingresó violentamente al domicilio de una familia en Babahoyo, provincia de Los Ríos, e intentó llevarse a uno de sus integrantes, en un acto de presunta intimidación.
“Estos hechos refuerzan la urgencia de identificar a los militares involucrados, no solo para evitar la impunidad, sino para prevenir nuevos amedrentamientos”, sostuvo.
Crisis sanitaria y desabastecimiento en la Penitenciaría
Tras la mesa sobre desapariciones forzadas, se prevé instalar una segunda mesa dedicada a la crisis sanitaria del Centro de Privación de Libertad Guayas N.° 1, conocida como la Penitenciaría del Litoral, donde en 2025 se registraron cerca de 1.000 muertes -según la CDH-, principalmente por desnutrición, tuberculosis, enfermedades infecciosas e insalubridad.
Bastias sostuvo que el Estado ya habría respondido positivamente a la solicitud de la CIDH para realizar una visita al penal, pero subrayó la necesidad de adoptar medidas urgentes para frenar el aumento de muertes.
Entre ellas mencionó permitir el ingreso de medicamentos y alimentos por parte de familiares, transparentar las cifras reales de fallecimientos y fortalecer la mesa de emergencia instalada el 21 de enero por la Defensoría del Pueblo, en el marco de una acción de protección aceptada por un juez constitucional de Guayaquil.
La gravedad de la situación fue expuesta también por Rosario Carrillo, madre de un preso del pabellón 7 -destinado a personas con tuberculosis- quien relató el deterioro físico de su hijo, pese a haber obtenido un hábeas corpus hace más de un mes y a que ya debió salir de prisión al haber cumplido tres años de su condena.
“Mi hijo está totalmente desnutrido, tiene tuberculosis diagnosticada, y no puedo enviarle ni una pastilla ni comida. Las visitas están suspendidas hace un año y cuatro meses. No quiero sacar a mi hijo en una caja”, dijo.
Carrillo denunció además que, pese a los depósitos realizados para el economato, los internos no reciben alimentos y deben comprar en “tiendas” controladas por redes de extorsión dentro de la cárcel.
Exigencia de una hoja de ruta única
El CDH cuestionó la coexistencia de dos mesas paralelas -la de emergencia de la Defensoría del Pueblo y la del Ministerio de Gobierno- y pidió unificarlas para evitar duplicidades y dispersión de responsabilidades.
En un pronunciamiento público, la organización señaló que la emergencia penitenciaria y las desapariciones forzadas son el resultado de acciones y omisiones acumuladas del Estado.
“La entrega de información verificable y la adopción de medidas técnicas basadas en evidencia permitirán evaluar si existe o no voluntad política del Ejecutivo para cumplir las disposiciones de la CIDH y frenar la impunidad”, concluyó el organismo de Derechos Humanos de Guayaquil.
A las mesas fueron convocadas autoridades del Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior y Ministerio de Salud Pública.
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