High-End Defense, la empresa estadounidense que vendió chalecos a militares, mientras demandaba a la Policía

"Yo no tenía una bola mágica al momento de hacer la contratación". Esa fue la respuesta de Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa, al ser cuestionado por la contratación de la empresa estadounidense High-End Defense Solutions LLC para entregar más de 30.000 chalecos antibalas a las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Esa compra por USD 34 millones, que Defensa hizo de manera reservada, ha saltado a la palestra pública debido a la filtración de un supuesto informe militar. En ese documento, impreso en hojas membretadas del Ejército, se cuestiona el nivel de blindaje de los chalecos, pero también la idoneidad de la empresa.

Según el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), High-End Defense Solutions LLC está registrada como contratista incumplida y está impedida de recibir adjudicaciones estatales desde el 3 de diciembre de 2024 hasta el 2 de diciembre de 2029.

Loffredo informó que el contrato entre el Ministerio de Defensa y el High-End Defense Solutions se firmó el 19 de agosto de 2024, es decir, tres meses y 12 días antes de que la empresa fuera sancionada. Por lo que estaba habilitada y su contratación fue legal. 

Sin embargo, PRIMICIAS revisó varios documentos del Sercop y de la Función Judicial que evidencian que la disputa entre High-End Defense Solutions y el Estado ecuatoriano empezó antes de la firma de ese contrato. Incluso, la entidad demandó a Mónica Palencia, exministra del Interior, y a la Policía Nacional.

Las balas de la discordia

La historia del lío entre High-End Defense Solutions y la Policía Nacional empieza en diciembre de 2022. Juan Zapata, entonces ministro del Interior del gobierno de Guillermo Lasso, declaró en emergencia a la entidad uniformada para la compra de municiones y otros implementos.

En medio de esa emergencia, una de las compras requeridas era de 5,5 millones de municiones calibre 5.56 X 45 milímetros. Ese contrato se adjudicó a la empresa estadounidense High-End Defense Solutions, que en Ecuador era representada por Franklin Esparza. 

El contrato fue firmado el 6 de febrero de 2023. Por la Policía Nacional lo suscribió Fausto Salinas, quien era el comandante General; y por la empresa Mark Von Reitzenstein, representante legal, y Esparza, en calidad de apoderado en el país. El valor fue de USD 2,7 millones.

En el contrato se estableció que las municiones se debían entregar en 45 días, contados a partir de la aprobación del permiso de exportación desde Estados Unidos. Ese documento se emitió el 3 de agosto de 2023, es decir, todas las balas debían estar en Ecuador hasta el 17 de septiembre de 2023.

Hasta esa fecha, según la Policía Nacional, High-End Defense Solutions entregó solo el 50,1% de las municiones ofrecidas. Por lo que se procedió a la terminación unilateral del contrato y la imposición de una multa por USD 220.826.

El contrato se terminó el 8 de diciembre de 2023, cuando Daniel Noboa ya era presidente y Mónica Palencia, Ministra del Interior. También había sido nombrado Gian Carlo Loffredo como ministro de Defensa.

High-End Defense vs. Policía Nacional

Luego de terminar el contrato e imponer una multa a la empresa, la Policía Nacional pidió al Sercop que declarara incumplida a High-End Defense Solutions. La empresa, por su parte, contraatacó a nivel judicial. 

El 22 de diciembre de 2023, Esparza, como representante de la empresa estadounidense, interpuso una acción de protección en contra de Mónica Palencia, ministra del Interior, César Zapata, comandante de la Policía, Gustavo Pérez, coronel de Policía y administrador del contrato, y Juan Larrea, procurador del Estado.

La audiencia se realizó el 12 de enero de 2024. En esos días, el presidente Noboa ya había declarado la existencia de un conflicto armado interno y creó el Bloque de Seguridad, una instancia conformada por los ministerios de Defensa e Interior y por la Policía y las Fuerzas Armadas para la coordinación operativa.

En la demanda, Esparza explicó que la empresa había entregado 2,8 millones de municiones, por lo que -pese a la terminación del contrato- la Policía le debía USD 676.347. Además, pidió que no se declare la inhabilidad como proveedora y que se repare los supuestos daños causados.

Finalmente, el 25 de enero de 2024, el juez Henry Navarrete de la la Unidad Judicial de Iñaquito negó la acción de protección. En marzo de 2024, Esparza apeló esa sentencia; sin embargo, la Corte de Pichincha ratificó el fallo.

Una nueva demanda, el nuevo contrato y la inhabilitación

Mientras la justicia fallaba a favor de la Policía Nacional, por otro lado, el Ministerio de Defensa empezaba un proceso reservado para comprar chalecos antibalas y cascos balísticos para las Fuerzas Armadas, por USD 34 millones. 

High-End Defense Solutions fue una de las 4.000 firmas invitadas a ese proceso. La compañía estadounidense terminó ganándolo. 

En medio de esas negociaciones, Esparza -nuevamente a nombre de la compañía- volvió a apuntar a la Policía Nacional. El 28 de julio de 2024, interpuso nuevamente una acción de protección en contra del Ministerio del Interior, la Policía y el Sercop.

Sin embargo, un día después y sin mayores explicaciones, Franklin Esparza retiró esa demanda. 

18 días después de retirar la demanda, High-End Defense Solutions LLC recibió la adjudicación del nuevo contrato por parte del Ministerio de Defensa, por USD 34 millones. Y tres meses y 12 días más tarde, una vez ya ejecutado ese contrato, la Policía declaró a esa empresa como contratista incumplido.

Pese a estas disputas administrativas y judiciales entre la empresa, la Policía y el Ministerio del Interior, Loffredo dijo no estar al tanto cuando se adjudicó el contrato de Defensa. 

Agregó, además, que el problema en el contrato de municiones no fue por calidad, sino por el retraso en la entrega debido a que "no hubo un pago de parte de la Policía".

PRIMICIAS conversó con Fausto Salinas, excomandante de la Policía y quien firmó el contrato con High-End Defense Solutions. El exoficial dijo que es falso que la Policía haya incumplido un pago y agregó que la polémica se debió enteramente al incumplimiento de la entrega.