Una cama cuesta USD 300 y un rifle USD 15.000 | Así es el negocio millonario de las cárceles en Ecuador
Un nuevo estudio de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) revela cómo las prisiones pasaron de ser centros de castigo a oficinas de gobernanza criminal donde todo, desde una toalla sanitaria hasta un fusil, tiene un precio exorbitante regulado por las mafias.
Unos 200 presos fueron trasladados desde la cárcel de Machala hasta la Penitenciaria del Litoral, el 25 de noviembre de 2025.
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Ejército
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Entre 2018 y 2024, Ecuador atravesó una crisis sin precedentes que dejó 717 reclusos asesinados y elevó la tasa nacional de homicidios de 5,9 a 39,1 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, detrás de las masacres, se esconde una maquinaria económica que ha sido expuesta en el informe.
El documento, denominado Captura carcelaria: La gobernanza criminal en el sistema penitenciario de Ecuador, fue elaborado por Renato Rivera Rhon para la GI-TOC. Lo que este informe deja en claro es que la violencia en las cárceles es, ante todo, un negocio rentable facilitado por el autogobierno de las bandas.
El sistema carcelario ecuatoriano, según la investigación, funciona bajo una lógica financiera conocida como "bazares", un esquema que impone comisiones cercanas al 10% sobre cada transacción que las familias realizan para enviar dinero a los privados de libertad.
La supervivencia tiene una tarifa ineludible desde el primer minuto de encierro. Para evitar los pabellones más violentos y acceder a uno "seguro", un recluso debe pagar un "enganche" que ronda los USD 1.500. Una vez adentro, los llamados "dueños" de los pabellones cobran arriendos semanales de entre USD 200 y USD 300 solo por el espacio de una cama, sumando costos extras por ocupación y limpieza.
La economía criminal no perdona ni los derechos más básicos y golpea desproporcionadamente a las mujeres, madres y hermanas que asumen estos costos desde el exterior.
En las cárceles de mujeres, una simple toalla sanitaria puede costar hasta USD 20 y una visita a la unidad de salud requiere un pago de USD 10. Incluso el acceso a la alimentación está monetizado, con costos diarios de entre USD 5 y USD 10, mientras que medicamentos básicos como una pastilla de paracetamol se revenden a precios inflados de hasta USD 5, cuando su valor real no supera los treinta centavos.
Una corrupción cómplice
El informe detalla que estas economías ilícitas no podrían existir sin la complicidad directa del Estado. Se estima que entre el 20% y el 30% del valor de estas transacciones ilícitas termina en los bolsillos de guías penitenciarios, policías, militares y directores de cárceles.
La corrupción es estructural y abarca desde el ingreso de un colchón, por el que se cobran USD 200, hasta el tráfico de armas de alto calibre. Ingresar un revólver a prisión cuesta aproximadamente USD 4.000, mientras que un rifle asciende a USD 15.000, con cada munición valorada en USD 5.
El control es tan absoluto que las funciones disciplinarias del Estado han sido reemplazadas por castigos impartidos por las mafias.
Aquellos que no pueden pagar las extorsiones son enviados a la "cuarentena" o, en casos más graves, a la "caja de fósforos", una celda sin luz ni ventilación donde los reclusos permanecen en condiciones infrahumanas hasta que sus familias salden las deudas.
Incluso, este sistema de control delictivo disuade a muchos presos de solicitar su libertad por miedo a represalias, consolidando a las cárceles como centros de reclutamiento forzoso.
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