Estos fueron los temas que se revisaron en la primera reunión de la Mesa de Seguridad en Quito
La Mesa de Seguridad se instaló con críticas a las medidas judiciales que liberan a sospechosos de delitos. Para el Gobierno, urge una depuración del sistema.
Primera sesión en Quito de la Mesa de Seguridad conformada por Ministerio del Interior, Judicatura y Fiscalía.
- Foto
Consejo de la Judicatura
Autor:
Actualizada:
Compartir:
Este 13 de junio de 2025 se instaló en Quito la Mesa de Seguridad que conforman el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura.
La propuesta fue planteada hace cinco días por Mario Godoy, titular del ente que regula la función judicial en Ecuador.
El funcionario señaló que el objetivo es articular el trabajo interinstitucional y unir esfuerzos en la lucha conjunta por la seguridad y la justicia.
La invitación recibió una respuesta inmediata del ministro del Interior, John Reimberg, quien fue enfático al manifestar que algunas decisiones judiciales resultan “ineficientes e inaceptables”.
Especialmente cuando benefician a sospechosos de crímenes al otorgarles medidas sustitutivas a la prisión preventiva, lo que facilita que reincidan en actos ilícitos.
Se analizó el arresto domiciliario
Antes de ingresar a las instalaciones de la Judicatura, donde se cumplió el primer encuentro de la Mesa de Seguridad, Godoy señaló que propondría cinco temáticas prioritarias. Estas son:
- Sistema preventivo de alertas
- Monitoreo y seguimiento de causas
- Análisis del arresto domiciliario
- Control Disciplinario
- Capacitación a jueces, fiscales y policías
De ese grupo, el arresto domiciliario ha sido recurso más cuestionado por el Ministerio del Interior, ya que pone en riesgo a los policías que deben custodiar a procesados en sectores de alta peligrosidad.
Sin embargo, Godoy adelantó que no puede disponer que los jueces no apliquen esta medida, pues se trata de una figura legal.
No obstante, el ministro Reimberg señaló que hay que "poner un alto a la puerta giratoria" que permite a los antisociales salir de la cárcel como si fuera su casa.
Para ello, a decir del funcionario, se requiere "una depuración de la función judicial", no sin antes rendir cuentas sobre las medidas otorgadas a 275 personas con arresto domiciliario.
De su lado, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, expuso la relevancia de que se establezcan lineamientos claros para enfrentar a los grupos delincuenciales organizados.
Por último, en la próxima reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) se propondrá que se institucionalice el trabajo de esta mesa.
Compartir:
