Durante el toque de queda, Ecuador abrió 1.170 investigaciones penales y predominó la desobediencia
1.779 personas son investigadas por hechos registrados entre el 15 y el 30 de marzo de 2026, durante el toque de queda en cuatro provincias. Según la Fiscalía, Guayas concentró más de la mitad de los casos, con alta incidencia de extorsión, narcotráfico y secuestro.
Policías y militares realizan un operativo en Durán, provincia de Guayas, el 30 de marzo de 2026, en el último día del toque de queda.
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El gobierno de Daniel Noboa desplegó a miles de militares y policías en las calles para ejecutar los controles del toque de queda que rigió entre el 15 y el 30 de marzo de 2026. Esta medida restrictiva, aplicada en la franja de 23:00 a 05:00, buscaba aplacar las actividades de los grupos de delincuencia organizada en cuatro provincias de Ecuador: Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Entre los indicadores que permitirán evaluar el alcance de esta medida están los registros de las bases de datos de la Fiscalía General del Estado. PRIMICIAS accedió a información de esta entidad. En los 16 días de la medida excepcional se abrieron 1.170 investigaciones en las jurisdicciones intervenidas.
La estadística muestra una dinámica diaria fluctuante, con su punto más alto en la segunda semana del estado de excepción con toque de queda, el 23 de marzo, cuando ingresaron 142 investigaciones en un solo día al sistema judicial.
Guayas lidera el mapa del delito
La radiografía geográfica de estos expedientes evidencia que la provincia de Guayas asumió la mayor carga operativa, con 624 noticias de delito, lo que representa más del 53% del total registrado durante la restricción nocturna, en las cuatro provincias.
En la provincia, Guayaquil fue el epicentro de infracciones con 393 investigaciones abiertas, seguida de lejos por otros cantones conflictivos como Durán con 52, Milagro con 32 y Daule con 18 casos.
En la provincia de Los Ríos se reportaron 256 expedientes fiscales. En esta zona, la violencia y las aprehensiones se focalizaron en Quevedo con 104 sucesos y en la capital provincial, Babahoyo, que sumó 68 casos.
Por su parte, la provincia de El Oro acumuló 187 noticias de delito, impulsadas drásticamente por las actividades al margen de la ley en Machala, ciudad que registró 145 alertas, dejando al resto a cantones como Santa Rosa y Pasaje con 14 y 11 casos, respectivamente.
Finalmente, Santo Domingo de los Tsáchilas cerró el cuadro de las zonas militarizadas con 103 investigaciones, de las cuales 94 ocurrieron en su cabecera provincial y nueve en La Concordia.
Desobediencia, extorsiones y mercado de drogas
Al desglosar los delitos, los datos oficiales muestran que la simple desobediencia a la orden presidencial fue la infracción predominante. El delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente sumó 577 casos en las cuatro provincias, el 49% de las investigaciones abiertas; es decir, una de cada dos. De ellos, 532 derivaron de aprehensiones en flagrancia.
No obstante, las cifras demuestran que las economías ilegales se mantuvieron activas a pesar del repliegue ciudadano. La extorsión fue el segundo delito más frecuente, con 254 noticias de delito en las cuatro provincias, mientras que el tráfico de drogas generó 241 investigaciones procesales, casi todas originadas por capturas en flagrancia.
La violencia más extrema también dejó huella en los archivos fiscales. Las autoridades abrieron 29 procesos por secuestro extorsivo y otros 29 por secuestro simple, tipificaciones que en su mayoría no ingresaron de forma flagrante, sino como resultado de investigaciones previas o denuncias en trámite.
A la par, se abrieron 24 expedientes por tráfico de armas y seis por delincuencia organizada. El listado se completa con dos casos de trata de personas, un proceso por lavado de activos y uno por actividad ilícita de recursos mineros.
Aunque la aplastante mayoría de los crímenes reportados se ejecutaron bajo la figura de delito consumado, la fuerza pública logró registrar eventos en grado de tentativa, destacando 34 intentos de extorsión y cuatro de secuestro que no lograron concretarse.
El perfil de los investigados
Detrás del millar de expedientes abiertos, el Ministerio Público logró individualizar a 1.779 sospechosos durante la vigencia del toque de queda.
Del grueso de los implicados, 1.232 personas fueron investigadas exclusivamente por violar el toque de queda e irrespetar las decisiones de autoridad competente.
En contraste, 274 ciudadanos fueron puestos bajo la lupa fiscal por tráfico de drogas, 167 por extorsión, 38 por movilizar armamento ilícito y 30 por ejecutar secuestros extorsivos.
El análisis de los involucrados confirma el predominio masculino en las estructuras delictivas y criminales de Ecuador. Del total de sospechosos registrados, 1.559 corresponden a hombres, lo que equivale a un 87,6%, frente a un 12,4% conformado por 220 mujeres.
El involucramiento femenino se concentró fundamentalmente en las detenciones por irrespetar el toque de queda, con 137 infractoras, seguido por 37 casos de extorsión y 32 mujeres vinculadas a la comercialización de drogas.
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