Judicatura aprueba plan de inversión 2026–2029 por casi USD 200 millones
El Consejo de la Judicatura informó que priorizará 14 proyectos estratégicos para intentar frenar el deterioro del sistema judicial, en medio de reclamos por falta de presupuesto y recursos no ejecutados.
Sesión del pleno del Consejo de la Judicatura, en Quito, 10 de septiembre de 2025.
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El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó, el miércoles, 10 de septiembre de 2025, la Proforma del Plan Anual y Plurianual de Inversión (PAI) 2026–2029. El documento contempla 14 proyectos, con una inversión total de USD 198 millones, que buscan renovar infraestructura, modernizar el sistema digital, ampliar servicios judiciales y reemplazar el parque automotor.
En detalle, el plan incluye 10 proyectos nuevos con un costo estimado de USD 176,6 millones y cuatro proyectos de arrastre por USD 21,3 millones.
Según el CJ, la prioridad es revertir las condiciones críticas que enfrenta actualmente la Función Judicial, especialmente en materia tecnológica: el 90 % de la infraestructura informática está obsoleta y presenta fallas recurrentes.
La situación se repite en los edificios judiciales, donde incluso las sedes calificadas como “buenas” registrarían fallas estructurales latentes. En el caso del parque automotor, la mayoría de los vehículos han superado su vida útil, lo que encarece el mantenimiento y limita la movilidad operativa, informó la entidad.
Un plan en medio de tensiones presupuestarias
La aprobación del PAI 2026–2029 se da en un contexto marcado por la estrechez financiera de la justicia ecuatoriana.
La Judicatura ha denunciado insuficientes asignaciones presupuestarias desde 2020, que han derivado en un déficit acumulado de USD 205,5 millones.
Sin embargo, los datos del Ministerio de Finanzas muestran que en el mismo período el CJ dejó sin ejecutar USD 39,6 millones de su presupuesto, lo que evidencia problemas de planificación y de gestión del gasto.
En julio de 2025, el Pleno del CJ ya había aprobado la Proforma Presupuestaria de Gasto Permanente 2025 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2025–2028. Entonces, el organismo advirtió que más del 93 % de su presupuesto se destina al pago de salarios y que no existe margen para cubrir otras necesidades urgentes, como la contratación de 758 nuevos jueces que aún hacen falta en el país.
La nueva planificación de inversión ahora dependerá de la asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas y de la aprobación presupuestaria de la Asamblea Nacional.
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