Jueces anticorrupción alertaron al Consejo de la Judicatura sobre falta de garantías de seguridad

Casi al mismo tiempo que el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, fue llamado a comparecer en la Asamblea Nacional -en donde el correísmo pide juicio político contra el funcionario en el contexto de presiones que recibió el juez Carlos Serrano-, un grupo de jueces anticorrupción, envió una carta al Consejo de la Judicatura para exigir mejoras en la seguridad que se les brinda.

Los jueces anticorrupción, en una carta enviada el 22 de diciembre, expusieron que sus solicitudes anteriores para recibir mejores garantías no recibieron atención favorable y que hasta esa fecha se les ha enviado dos policías para acompañamiento y no se les han asignado recursos para gastos de personal de seguridad, que los magistrados afirman han costeado con sus propios con medios.

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Según señalaron 10 jueces anticorrupción que firmaron la misiva, hasta el momento se les han indicado que no existirían normativas o recursos para atender a sus pedidos, y que algunos no han recibido respuesta.

En una parte de la carta de 22 páginas, se señala que en los últimos años los jueces han sido objetivos directos de ataques letales.

La inseguridad que enfrentan los magistrados, señalan, se da en un contexto de crisis de violencia estructural que coincide con la marcada presencia de grupos criminales organizados, que han llegado a ser designados como terroristas por parte del Gobierno Nacional.

El grupo de jueces anticorrupción afirmó estar en un "contexto preocupante", al enfocarse en la resolución de casos vinculados con el crimen organizado.

Narcotráfico internacional, tráfico de armas, secuestro extorsivo y sicariato son algunos de los delitos que estos magistrados deben procesar en los casos que se les presentan.

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Los jueces, además, consideraron en la carta enviada al Consejo de la Judicatura que la investigación y sanción de este tipo de delitos, así como el de lavado de activos, exige un "compromiso interinstitucional", en el que no solamente actúe el poder judicial.

En una parte del documento, los jueces pidieron se mejoren los parámetros bajo los que les permite teletrabajar en casos que impliquen riesgos para los mismos.

Respecto a la movilización de los magistrados, estos señalaron que actualmente ocupan sus propios vehículos (o transporte público), sin protocolos de seguridad, ante la ausencia de automotores provistos por el Estado para un desplazamiento seguro.

Los jueces argumentaron en su carta que la carga procesal que asumen es alta, debido a la cantidad de procesados involucrados (10 o 30) en los casos que llegan a sus despachos, por lo que pidieron se les equipe con más personal.

El grupo de 10 magistrados sostuvo que si las condiciones no cambian, se podría dar una "acumulación progresiva de procesos" acompañada de un "retrocesos" por parte de las autoridades judiciales para responder adecuadamente a los casos.