Judicatura destituye a dos jueces de Manabí investigados en el caso Narcotentáculos
Uno de los jueces, en coordinación con otros sospechosos, habría solicitado hasta USD 60.000 a cambio de resoluciones judiciales favorables. El caso Narcotentáculos investiga una presunta red de delincuencia organizada en Manabí.
Momentos en el que personal de la Fiscalía ejecutó los allanamientos en oficinas y domicilios de funcionarios de la Corte Provincial de Manabí, el 16 de agosto de 2024.
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El Consejo de la Judicatura destituyó a cuatro servidores judiciales de Manabí, entre ellos dos jueces, que están presuntamente vinculados al caso Narcotentáculos, que la Fiscalía investiga desde 2024.
La decisión se tomó este jueves 18 de septiembre de 2025, en una sesión ordinaria del pleno de la Judicatura, "tras comprobarse su participación en graves actos de corrupción que comprometieron la independencia y la transparencia del sistema de justicia", dice un comunicado de la entidad.
Ellos ya fueron previamente sancionados en la Judicatura. Los servidores judiciales destituidos son:
- Vicente Pico Lozano, juez de la Unidad Judicial de Montecristi
- Hermes Zambrano, juez temporal del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de Portoviejo
- Antonio Cedeño Loor, Secretario de la Unidad Judicial Penal de Chone, Manabí
- Luis Figueroa Zambrano, ayudante judicial de la Unidad de Garantías Penales del Complejo Judicial de Chone
Según las investigaciones, el exjuez Vicente Pico, en coordinación con el entonces director provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí y otros abogados, solicitaron y recibieron sumas de dinero que iban desde los USD 2.000 hasta los USD 60.000.
"Estos pagos se produjeron a cambio de resoluciones judiciales favorables y manipulaciones procesales", dice un comunicado de la Judicatura.
Mientras que el exjuez Hermes Zambrano habría coordinado reuniones y preparado una resolución anticipada para favorecer a un consorcio, que había presentado una acción de protección.
El secretario de la Unidad Judicial de Chone, en cambio, habría cobrado USD 1.000 por cada medida cautelar para permitir su ingreso, según la Judicatura.
Sobre el ayudante judicial, la investigación determinó que "pertenecía a una organización delictiva investigada por manipular la justicia".
Él habría participado activamente "para que se otorguen medidas cautelares irregulares a personas sentenciadas por delitos graves".
El pasado 16 de agosto de 2024, la Fiscalía allanó oficinas y domicilios de funcionarios de la Corte Provincial de Manabí, como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada, la que denominó caso Narcotentáculos.
Luego se conoció que entre los sospechosos estaban los servidores judiciales. Estas diligencias judiciales se ejecutaron a raíz del testimonio anticipado de un exjuez investigado dentro del caso Plaga.
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