Juez detenido por tráfico de influencias pidió la nulidad del caso por "vulneración de derechos" | La Judicatura se declara "víctima"

El juez Ángel Tapia, detenido por tráfico de influencias el viernes 13 de marzo del 2026, en el norte de Guayaquil, pidió la nulidad del proceso judicial por "vulneración de derechos", mientas que el Consejo de la Judicatura intervino en el caso y se declaró como "víctima".

El abogado particular del juez señaló que la detención del magistrado, ocurrida a una cuadra de su domicilio, es "arbitraria" y que el "acto urgente" del allanamiento dirigido por la Fiscalía no logró el decomiso de evidencias contra el procesado.

"Se ordenó el allanamiento para ver si es que encuentran algo en su casa; no hay ningún elemento, es ilegal, sin una investigación previa adecuada no puede calificarse de legal".

Abogado Andrés Reyes, defensor del juez Tapia.

El mediodía del viernes 13 de marzo, en la ciudadela Urdenor, fue detenido Ángel Tapia, juez penal de Guayaquil, quien se encontraba suspendido por el Consejo de la Judicatura desde el 18 de enero pasado tras aceptar un recurso de habeas corpus de William N., alias 'Odin', ligado a la estructura de delincuencia organizada de Jezdimir Srdan, de la mafia albanesa en Ecuador.

La suspensión rige por 90 días, es decir que concluye el próximo mes. Durante este lapso, el juez - según la Fiscalía- se habría acercado a una jueza y le habría solicitado la libertad de un procesado en una investigación por el delito de extorsión y secuestro.

Este hecho fue negado por el juez Tapia, quien aseguró que nunca pidió la liberación de un procesado, sino que solicitó a la juez que "atienda el escrito".

“Yo no he ido a pedir la libertad de un procesado, yo lo que fui a pedirle es que atienda un escrito de un sobrino de un amigo que la audiencia era la próxima semana, lo único que le dije es que atienda el escrito. ¿Dónde está la resolución que ella ha dado la libertad, dónde está el tráfico de influencia?”.

Juez Ángel Tapia

La defensa de Tapia argumenta que el juez se encontraba en estado de ‘suspensión’ por lo que su actuación no corresponde a la de un funcionario judicial. “Me presenté ante la jueza como Ángel Tapia”, recalcó el procesado en la audiencia de formulación de cargos.

“Simplemente por un acta que la jueza ha dicho que se ha contactado con el juez Tapia, no se ha cotejado videos, solo porque la jueza dice. Señor juez, deben ser elementos palpables. Ni siquiera esperaron que el juez dicte la boleta de detención”, indicó Reyes, abogado de Tapia.

Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura intervino en este caso y presentó un escrito judicial en el que se declara “en calidad de víctima”, por las siguientes razones:

• Por la naturaleza del bien jurídico protegido: El delito de tráfico de influencias, dentro del catálogo de infracciones contra la administración pública, protege esencialmente la eficiencia y probidad en el ejercicio de la función pública. 
• En el caso de un funcionario judicial, dicha función se ejerce bajo la órbita, supervisión y responsabilidad del Consejo de la Judicatura, institución encargada de garantizar el correcto funcionamiento del sistema judicial.
• Afectación institucional: El tráfico de influencias de un funcionario judicial no solo constituye una infracción personal, sino que debilita la integridad y legitimidad del aparato judicial, por la probidad, transparencia y cumplimiento de la ley con la que deben ejercer sus funciones todos los servidores judiciales.

El comportamiento de los servidores judiciales -argumenta la Judicatura- “produce un daño directo al Consejo de la Judicatura”, pues su rol consiste en velar por la eficiencia, disciplina y control de la Función Judicial. La entidad no descartó la posibilidad de demandar al magistrado.

“Cuando un funcionario bajo su jurisdicción incurre en actos de corrupción, menoscaba la capacidad de la institución de cumplir con su mandato. De ser el caso, en el momento oportuno, se presentará la acusación particular con fines de la reparación integral material e inmaterial”.

Consejo de la Judicatura

Pedido urgente al SNAI

Desde el sábado 14 de marzo, el juez Tapia guarda prisión en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, un centro de reclusión del que pidió sea apartado de la población general por los riesgos que enfrenta su seguridad e integridad personal.

“La sola calidad de juez en el contexto penitenciario ecuatoriano lo expone a una situación de vulnerabilidad, puesto que puede ser identificado por privados de libertad, familiares, allegados o grupos internos que lo asocien con decisiones previas o con la función judicial en general”, señaló el abogado del magistrado.

También pidió de manera ‘urgente’ que el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) elabore un informe con la valoración inmediata del riesgo penitenciario y de la necesidad de protección y “que se dispongan medidas reforzadas de seguridad y custodia”.