Masacres en serie en cárceles de Ecuador, un nuevo signo del reacomodo de poder y de fragmentación criminal
En las masacres de Machala y Esmeraldas los reclusos de bandas fraccionadas usaron armas de dotación estatal. Capturas y muerte de cabecillas elevan el riesgo, según las Fuerzas Armadas.
Ambiente en los exteriores de la cárcel de Esmeraldas el jueves 25 de septiembre de 2025, tras el amotinamiento ocurrido en el centro penitenciario.
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Redacción primicias
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El modus operandi es el mismo en las dos últimas masacres carcelarias en Ecuador. Los presos dan alertas de muertes o emergencias médicas en los pabellones, desarman a policías o militares que llegan a atender los requerimientos, desatan el amotinamiento y usan las propias armas de dotación de la Fuerza Pública para asesinar a miembros de organizaciones criminales rivales en otros pabellones.
El 22 y 25 de septiembre de 2025, Ecuador sufrió dos brutales motines en las prisiones de Machala y Esmeraldas que dejaron un saldo conjunto de 33 privados de libertad asesinados. Las dos matanzas elevaron el riesgo de amotinamientos en todas las cárceles del país.
Las Fuerzas Armadas ejecutaron operativos en prisiones de seis provincias a fin de decomisar armas, drogas y teléfonos. En la Cárcel Regional Guayas, en Guayaquil, se registró la noche del jueves 25 de septiembre un doble intento de amotinamiento que se saldó con un fallecido. Los presos forzaron candados y abandonaron el pabellón de máxima seguridad, ante la contención del personal militar.
Grupos fraccionados atacan a rivales
En el motín de la cárcel de Machala (El Oro), un preso fingió estar enfermo la madrugada del pasado lunes, emboscó a un guardia y liberó a sus cómplices, que atacaron con armas y explosivos a reos de otras celdas. La Policía reportó 16 muertos: 15 internos y un custodio.
En la peor masacre en la historia de la prisión de Machala la facción de Los Lobos Box o “Sao Box” atacó a sus rivales de la facción de Los Lobos Espejos. También desataron una balacera contra integrantes de Los Choneros.
Tres días después, en el penal de Esmeraldas, en la provincia homónima, un grupo de presos de Los Tiguerones -organización que también sufre un fraccionamiento- simuló la muerte de un detenido en la madrugada para tomar las llaves de los pabellones y el fusil de un militar, masacrando a 17 prisioneros.
Los presos del grupo de delincuencia organizada transnacional Los Tiguerones "recibieron una orden externa" para eliminar a elementos de los grupos armados organizados de Los Lobos y Los Choneros y a cualquier otro privado de libertad no afín a su organización, según el reporte militar de la matanza.
Ambos incidentes extremadamente crueles -con víctimas decapitadas y cuerpos cercenados- ocurrieron en prisiones ubicadas cerca a zonas de frontera, en ciudades claves en las rutas del narcotráfico y el tráfico de armas, con grupos criminales en constante pugna por el control territorial y en medio de una paralización nacional indígena contra las políticas del gobierno del presidente Daniel Noboa.
Un conflicto anunciado
Un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, fechado en abril de 2025, a cuyas conclusiones PRIMICIAS tuvo acceso, anticipó un posible recrudecimiento de “la lucha interna por el control de los Centros de Privación de Libertad, lo que podría generar a futuro represalias e incidentes carcelarios”. El documento advertía sobre la posible configuración de alianzas entre grupos criminales.
Además, se refería a eventos como la muerte de Freddy Mendoza, alias 'Gordo Mendoza', de Los Águilas/Choneros, asesinado en la cárcel La Roca, el 8 de enero de 2025, o al asesinato de Benjamín Camacho, alias Ben 10 (líder de Los Chone Killers), en diciembre de 2024 en Colombia, crímenes que elevaron los riesgos en el sistema carcelario.
A ese diagnóstico se suma una serie de detenciones como la de William Joffre Alcívar Bautista, alias 'Negro Willy', líder de Los Tiguerones capturado en España octubre de 2024 y, sobre todo, la extradición en julio de 2025 de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', líder de Los Choneros.
A escala nacional, Ecuador cuenta con 35 cárceles activas, de las cuales siete permanecen militarizadas: los cinco centros del complejo carcelario del norte de Guayaquil, la cárcel El Rodeo de Portoviejo (Manabí), y el centro de privación de Esmeraldas. Fuerzas Armadas comenzaron a salir de las cárceles en agosto, tras año y medio de militarización, dejándolas a cargo de la Policía y de guías penitenciarios.
Un reacomodo criminal ante vacíos de poder
Renato Rivera, experto en crimen organizado transnacional, investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (Gitoc), coincide en que esta serie de asesinatos y arrestos están moldeando la segunda ola de fragmentación criminal en Ecuador, luego de la atomización de Los Choneros en 2020.
“La eliminación de estos jefes ha creado fraccionamiento interno en las bandas criminales y ha intensificado el conflicto por el acceso y el control de las economías ilícitas, en particular el tráfico de cocaína”, apunta Rivera.
El signo de debilidad de Los Choneros ante la extradición de su líder los ha puesto como uno de los blancos principales de las nuevas masacres carcelarias. Y de hecho, en la de Esmeraldas la mayoría de fallecidos fue de choneros porque Los Lobos impidieron que los asesinos ingresen a su pabellón.
El sacerdote José Antonio Maeso, capellán de la cárcel de Esmeraldas, señaló que las propias familias de los reclusos habían advertido del riesgo que supone mezclar a grupos delictivos en pabellones, movimientos de presos que ya han demostrado que incitan a la violencia en las cárceles.
A esto se suma la situación de precariedad en los centros de privación de libertad, por la falta de alimentación, un brote de tuberculosis e incluso problemas de suministro eléctrico.
El coronel Milton Moreno, comandante de Infantería de la Brigada Guayas, advirtió este viernes 26 de septiembre en rueda de prensa que ha dado aviso al Servicio de Atención de Privados de la Libertad (SNAI) sobre la falta de iluminación en el complejo carcelario de Guayaquil, que supone un problema de seguridad. “Les hice conocer inclusive que eso podría ser causa de un amotinamiento o una masacre”, aseveró.
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