Interior, Judicatura y Fiscalía conformarán mesa de seguridad para frenar liberación de criminales

El Ministerio del Interior, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado conformarán una mesa de seguridad con el objetivo de articular el trabajo interinstitucional y evitar que antisociales capturados recuperen su libertad con medidas judiciales.

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Este problema ha sido recurrente en los últimos casos de violencia en el país, como el hallazgo de los comerciantes asesinados en una cisterna de Nueva Prosperina, en Guayaquil, o el homicidio del rapero Forty MC en Quito.

En ambos casos, los principales sospechosos obtuvieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva, lo que generó malestar tanto en la Policía Nacional como entre ciudadanos que cuestionan la falta de firmeza en la justicia.

Medidas “ineficientes e inaceptables”

El Ministerio del Interior ha expresado su rechazo a estas decisiones judiciales, calificándolas como “ineficientes e inaceptables”. 

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Según la cartera de Estado, cada vez que un juez o fiscal permite que un delincuente quede libre, se debilita el accionar de las fuerzas del orden.

Además, advierte que estas resoluciones procesales ponen en riesgo a los uniformados, quienes deben recapturar a los sospechosos o asumir la custodia de personas con arresto domiciliario.

La invitación para conformar una mesa de seguridad interinstitucional fue difundida por el titular de la Judicatura, Mario Godoy, el 8 de junio.

En su exhorto, instó a las entidades del Estado a implementar acciones concretas y ofrecer resultados tangibles para "devolver la tranquilidad a la ciudadanía".

Secuestro extorsivo provocó la reacción de instituciones

El comunicado del Ministerio del Interior llega tres días después del secuestro extorsivo que provocó reacciones en la Judicatura y la Fiscalía.

El viernes 6 de junio, cuatro cuerpos fueron hallados en un terreno baldío de Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. Entre las víctimas estaba una comerciante de nacionalidad china, cuyo rapto fue captado por una cámara de seguridad.

Tras ubicar a dos sospechosos, un juez dictó prisión preventiva para Jhorly P. (alias Cocacho) y medidas cautelares para Byron M. (alias Pinky).

La decisión judicial generó indignación en las autoridades, pero el Consejo de la Judicatura defendió la actuación del magistrado, basándose en los elementos presentados por la Fiscalía durante la audiencia.

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Por su parte, el Ministerio Público justificó la actuación del fiscal, argumentando que actuó según el tipo penal planteado en ese momento procesal. Sin embargo, no descartó realizar un control jurídico al trabajo del funcionario a cargo de la diligencia.