Muertes violentas de niños y adolescentes aumentaron un 50% en el primer semestre de 2025 en Ecuador
Entre enero y junio, 294 niños y adolescentes fueron asesinados en Ecuador, en contraste con los 196 casos registrados en el mismo período de 2024. Guayas concentra la mitad de las víctimas.

Una flor en el cementerio de la parroquia rural La Guayas, en El Empalme (Guayas), tras el entierro de víctimas de la masacre del 28 de julio de 2025, entre las que se encontraba un adolescente inocente de 15 años.
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Redacción primicias
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Ecuador atraviesa una crisis sin precedentes en materia de violencia contra menores de edad. Durante el primer semestre de 2025, las muertes violentas de niños y adolescentes alcanzaron los 294 casos, lo que representa un incremento del 50% en comparación con los 196 homicidios registrados en el mismo período de 2024.
El país vivió el primer semestre más violento de su historia reciente y también el de mayores crímenes perpetrados contra menores de edad.
Esta escalada de violencia se produce en medio de la implementación de nuevas medidas gubernamentales que buscan combatir el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales, incluyendo el endurecimiento de penas y la creación de un comité especializado en prevención.
Adolescentes de 15 a 17 años, los más vulnerables
El análisis de los datos abiertos del Ministerio del Interior revela que el 80% de las víctimas menores de edad tenía entre 15 y 17 años, siendo este grupo el más afectado por la violencia. En concreto, 237 de los 294 casos correspondieron a adolescentes en este rango de edad.
La distribución geográfica de la violencia muestra una concentración alarmante en la provincia de Guayas, que registró 150 de los 294 casos, es decir, el 51% del total nacional. Esta cifra consolida a la provincia como el epicentro de la violencia contra menores en el país.
Le siguen las provincias de Los Ríos con 45 casos de niños y adolescentes asesinados y Manabí con 32, configurando un corredor de violencia en la región Costa (El Oro, Esmeraldas y Pichincha reportaron entre 10 y 17 casos). Guayas viene concentrando un 40% de todos los crímenes del país este año.
Medidas del Gobierno, entre críticas y expectativas
Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y junio de 2025 más de 1.200 menores de edad fueron arrestados por supuesta vinculación con bandas criminales, mientras que en 2024 más de 3.500 menores fueron detenidos por la misma causa.
El Gobierno de Daniel Noboa ha implementado dos estrategias principales para enfrentar esta crisis. El 24 de junio de 2025, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Integridad Pública, que incrementó la pena máxima para menores vinculados al crimen organizado de 8 a 15 años de privación de libertad.
Sin embargo, estas medidas han generado controversia. Unicef expresó su "preocupación por la incorporación de reformas regresivas al sistema de justicia penal juvenil", argumentando que "este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad".
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Paralelamente, en junio se creó mediante Decreto Ejecutivo el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por grupos de delincuencia organizada.
La primera sesión del comité se realizó el 17 de junio de 2025, presidido por el Ministro del Interior y la Vicepresidenta de la República. Se estableció un plazo de 30 días para presentar un plan de acción interinstitucional contra el reclutamiento de menores de edad.

Comité pide invertir en prevención
Valeska Chiriboga, investigadora del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, cuestionó la efectividad de las políticas estatales.
Ella señala que mientras el Gobierno crea un comité para prevenir el reclutamiento infantil -declarado como prioridad nacional-, al mismo tiempo promueve leyes que criminalizan aún más a los adolescentes, lo que evidencia una falta de coherencia, dijo.
La activista advierte que las nuevas leyes contra los adolescentes solo generarán "más hacinamiento en las cárceles", agravando la crisis carcelaria y de inseguridad.
Además, señala que los centros penitenciarios se han convertido en espacios donde privados de libertad son cooptados por los grupos de delincuencia organizada -en las cárceles los reclusos se especializan o ascienden en la estructura criminal, según la propia Policía-. Y considera que hacinar aún más los centros de detención no es ninguna solución, sin un verdadero sistema de rehabilitación.
Chiriboga hace un paralelo con las medidas adoptadas en enero de 2024 tras la declaratoria de conflicto armado y la militarización de las prisiones, que aunque condujeron a una disminución de la violencia el año pasado, provocaron un rebote en el primer semestre de 2025.
“Estas medidas que solo funcionan para meter más personas en la cárcel no han dado resultados y es que ello que estamos viendo los índices de violencia que tenemos este año”.
Valeska Chiriboga, CDH.
La investigadora, que prepara un informe sobre la problemática para la CDH, echa en falta mecanismos de prevención: "No se ha priorizado la reinserción escolar o la inversión pública en el eje social".
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