La violencia le cuesta a Ecuador hasta un 10% del PIB, más de USD 19.000 millones anuales

El crimen organizado y la inseguridad enlutan a Ecuador, pero también paralizan la economía, ahuyentan inversiones y comprometen el desarrollo de la población. Una revisión de los Índices de Paz Mundial 2018-2025 del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) muestra un incremento del costo de la violencia, que alcanza cifras sin precedentes.

La violencia le había costado a Ecuador un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) desde 2018, según los datos del IEP, centro de estudios con sede en Sídney (Australia), que mide los índices de paz y cuantifica su valor económico.

Pero para 2023 el coste económico de la inseguridad alcanzó un incremento notable situándose en USD 19.758 millones anuales, un 10% del PIB de Ecuador, lo que supone un impacto de más de USD 1.500 por persona. 

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El efecto multiplicador en la economía nacional es todavía mayor y se estima un impacto de más de USD 29.000 millones, en referencia a "la actividad económica adicional que se habría acumulado si se hubieran evitado los costes" iniciales.

El IEP publicó este miércoles 18 de junio el Índice de Paz Global 2025, sobre los indicadores del año anterior en 163 países. Aunque el más reciente informe carece de datos del costo de la violencia por país y expone datos por región, el Instituto equipara la situación de Ecuador en 2024 a la de 2023.

El valor estimado incluye no solo los gastos directos en seguridad, justicia, sistema penitenciario, atención médica a víctimas o el impacto de las muertes, sino también los costos indirectos: pérdida de salarios, de productividad o la caída de la inversión. Entre las 18 variables se incluyen, por ejemplo, indicadores como el coste de la delincuencia para las empresas o el gasto de los hogares en seguridad.

¿Cómo llegó Ecuador a este punto?

En su informe del año pasado, el IEP señaló que Ecuador, Gabón y Haití estuvieron entre los países con el mayor deterioro de la paz. De hecho, Ecuador registró el peor desempeño en la región y el segundo mayor deterioro a escala mundial, sólo detrás de Israel.

Entre las causas principales están el crecimiento de la violencia ligada al narcotráfico y a la expansión territorial de las bandas criminales, según el Instituto, que referenció la campaña del presidente Daniel Noboa contra las bandas criminales, pero señaló también la extensión de la violencia a la población civil.

En el nuevo Índice de Paz Global 2025 del IEP, Ecuador ocupa el lugar 129 entre 163 países y se mantiene en la misma posición del ranking general del informe anterior.

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En el ámbito de la seguridad y la protección social -que mide indicadores como intensidad de conflicto, muertes violentas, percepción de seguridad y desplazamiento interno-, la puntuación de Ecuador es alta con 3.041 puntos, similares a la de Corea del Norte (3.033) y Rusia (3.062). El promedio de los 163 países es de 2.570.

La violencia como carga económica

El propio Gobierno ecuatoriano ha reconocido en distintos documentos oficiales —como la exposición de motivos del proyecto de ley para desarticular la economía criminal, de mayo de 2025— que el país enfrenta “una amenaza sin precedentes”, que compromete la sostenibilidad del aparato productivo nacional.

“Las estructuras criminales han provocado severas afectaciones económicas: interrupción de cadenas logísticas, desplazamiento de inversiones, paralización de actividades productivas en zonas críticas, extorsión sistemática a comerciantes y pérdida de confianza en el entorno empresarial”, reconoce el Gobierno.

El incremento de los costos de seguridad privada y la fuga de capitales son consecuencias directas de la influencia de las actividades criminales. Esto genera además “un deterioro en los ingresos fiscales”, añade.

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Los casos de extorsiones se triplicaron en Ecuador entre 2022 y 2024, según cifras del Gobierno, lo que también influye en los emprendimientos y en la actividad económica. Mientras que los secuestros extorsivos crecieron en ese periodo en 150%.

Según el Ministerio de Finanzas, la declaratoria de guerra a 22 grupos criminales le costó al país unos 1.020 millones en 2024. Y en el primer año del aumento del Impuesto al Valor Agregado IVA (del 12% al 15%), destinado a financiar la lucha contra el crimen organizado, se recaudaron por este concepto más de USD 1.300 millones.