“Tenemos claro el panorama, la Fiscalía no es novata en manejar secuestros extorsivos en Ecuador”, asegura funcionaria judicial

No solo los grupos delictivos estudian a las víctimas de secuestros extorsivos, también la Fiscalía perfecciona, con tareas de inteligencia, los análisis para ganarle ventaja al crimen organizado y enfrentar este delito, que ha obtenido 765 sanciones judiciales desde 2020.

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Ahí se cuentan no solo las condenas, también los llamados a juicios, dictámenes acusatorios, vinculaciones o instrucciones fiscales que se ventilan en los juzgados teniendo a los responsables, mientras tanto, en prisión, a la espera de una sentencia.

Uno de esos casos le correspondió manejar a la agente fiscal María Susana Rodríguez, de la fiscalía provincial de Pichincha, cuando le llegó la denuncia de una joven que fue secuestrada en la madrugada de un sábado tras salir de un restaurante en Cumbayá, Quito.

“Estaba con un amigo y paran en la ruta Viva porque el señor tenía ganas de hacer sus necesidades, se baja del carro, y otro vehículo les intercepta y se llevan el carro con la chica y al joven lo dejan botado en la vía”.

María Susana Rodríguez, fiscal de Pichincha

Enseguida, los delincuentes toman contacto con la familia de la víctima y le envían una foto que mostraba un cuchillo sobre la mano de la joven. Así consiguen que la familia, de escasos recursos, les haga tres depósitos por unos USD 200.

Mientras tanto, la familia ya había reportado el hecho y la Unase, con la dirección de la Fiscalía, ya realizaba las pericias para ubicar el vehículo, rastrear el teléfono, revisar las cámaras y hacer el seguimiento de las transferencias. Así se logró el rescate de la joven, y los tres responsables, incluido el beneficiario de los dineros, están a la espera de una sentencia.

El delito de secuestro extorsivo creció desde 2023, aunque se registran casos desde que fueron tipificados en 2014, cuando se aprobó el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Hasta entonces, solo se aplicaba la figura del plagio, como un delito que comprendía la retención de una persona en contra de su voluntad para obtener algún beneficio.

¿Desde cuándo se disparan los casos de secuestros extorsivos?

A partir de 2014 se desagrega entre secuestro y secuestro extorsivo. En 2019 había más secuestros que secuestros extorsivos, esto cambia en 2023, donde el 80% de casos corresponden a secuestros extorsivos. En 2024 llegan a ser el 94% y en lo que va de 2025, el 92%. Es importante tener claro esta dinámica, porque a partir de esto se empieza una investigación más prolija.

¿Los secuestros extorsivos evolucionaron con el crecimiento de la violencia criminal?

Totalmente. Es importante dejar sentado que a partir de pandemia se puede ver un auge de grupos de delincuencia organizada que se dedican a fines delictivos entre ellos secuestros extorsivos, porque viene a ser un tema lucrativo dentro de la criminalidad organizada.

¿Es un mecanismo de financiamiento?

Claro, porque lo que se busca con la retención de una persona en contra de su voluntad es tener un rédito económico, por eso se habla de secuestros exprés, en relación personas que se movilizan en sus vehículos y son retenidos hasta que se obtenga a un rédito económico.

¿Cómo dirige la investigación la Fiscalía para tener más eficacia en su trabajo?

Desde la Fiscalía, lo que hemos tratado de hacer es identificar esta dinámica, hacer un análisis de cómo sucede este delito, y se pueden generar dinámicas de prevención. Por ejemplo, secuestros hay en Guayas, Pichincha, Los Ríos y Manabí, y en secuestros extorsivos se mantiene primero Guayas, pero en segundo lugar está Los Ríos, Pichincha y luego Santo Domingo.

Podemos decir que Santo Domingo han crecido los grupos de delincuencia organizada que antes no había, como los RC7.

Así también pueden perfilar este delito, ¿Cuál es el horario más frecuente para el cometimiento del delito?

Contradictoriamente a lo que podríamos pensar, que en la madrugada es el horario con más secuestros extorsivos, más bien no, es el menor porcentaje, según las denuncias que vemos, llega a un 8,73%; la tarde viene a ser la que mayoritariamente representa un riesgo con 35,57%.

En la noche es un horario más propenso a que se produzca este delito y esto tiene que ver con la finalidad de obtener un beneficio, porque es más fácil no ser visto cuando se está trasladando a una persona en el vehículo, la visibilidad de los cajeros hace más complicado establecer una identidad.

¿Y cuál es el perfil de las víctimas?

Vemos que hay un porcentaje más alto en hombres que en mujeres, un 65,58% hombres, versus un 44% de mujeres. Aquí nos genera una alerta que el rango de edad es de adultos de 30 a 64 años con un 55% y de jóvenes de 18 a 29 con un 26,48%, son los grupos más vulnerable a los secuestros.

¿Y en qué días?

Es fluctuante, de lunes a sábado, entre 14% y 13%, siendo el domingo de menor fluctuación con el 9,24%, esto quiere decir que no se discrimina ningún día de la semana, esto genera una alerta para la ciudadanía, que se pueda dar cualquier día de la semana, especialmente en la noche.

¿De los casos que ha tratado, quiénes han sido las víctimas?

Generalmente, la población de 18 a 40 años, que busca algún tipo de esparcimiento y son abordados por vehículos o en motocicletas, son interceptados para obtener información financiera.

Información que guardan en los celulares.

Es muy común que las personas tengan en sus celulares descargada la banca móvil, acceso a bancos o información de saldos de cuentas; estos grupos criminales aprovechan esto para conocer cuánto pueden extraer de estas víctimas y hacer transferencias a terceras personas, obtener dinero mediante claves.

¿Cómo abordan la investigación de secuestros extorsivos?

Nos vemos ante el desafío de investigar quienes son, no solo quienes actúan en el momento del secuestro sino quienes aparecen como beneficiarios, para abordar el delito de manera integral. A veces no se logra determinar esto en el lapso de un rescate, pero sí en el transcurso de una instrucción fiscal, donde hacemos una vinculación al proceso penal.

¿La Fiscalía se ha puesto plazos para avanzar con la misma agilidad que lo hace el crimen organizado?

En relación con los plazos, tenemos que hablar de distintos panoramas: cuando se inicia un proceso después de una flagrancia, el plazo de la instrucción fiscal no puede ser más de 30 días, con la posibilidad de ampliar 30 días si es que vincula a la persona, pero si en el transcurso de la instrucción usted averigua el nombre de un tercero tenemos 30 días más de investigación, esto es flagrancia.

¿Y si no es en flagrancia?

Digamos que yo fui víctima de un secuestro, me liberan y no alcancé a avisar a nadie, la policía no me rescató. Ahí, yo pongo la denuncia, ahí se inicia una indagación previa para recabar información para iniciar un proceso penal, esto puede durar hasta dos años.

Ahí es clave el papel de la Unase, por ejemplo, en el secuestro de la clienta de un gimnasio, después de dos meses se logró desarticular a la banda.

Eso se da dentro de una investigación, dentro de los dos meses se recabaron todos los elementos para identificar a los involucrados, y en ese tiempo se hacen operativos para la detención de estas personas. 

El papel de la Unase es importante, porque en una flagrancia nos puede ayudar a poner a salvo a una víctima, y en lo posterior armar un caso sólido que permita administrar justicia y saber lo que pasó, porque no sacamos nada con que la Unase rescate a una persona y luego se diluya la investigación.

¿Qué se viene? ¿Cree que bajarán los casos?

Las acciones de la Fiscalía siempre van a estar encaminadas a dar una respuesta efectiva al auge delictivo. Decir que va a aminorar la estadística es irse en contra de lo que ha ido pasando.

La Fiscalía cuenta con una unidad especializada, no es novata en establecer si es un robo o un secuestro extorsivo, como algunos jueces han planteado.

Tenemos claro cuál es el panorama, cuáles son las acciones para seguir y nuestro compromiso es ese hacerle frente al auge delictivo que se da fruto de una escalada de violencia que tiene arraigado algo más allá que es el crimen organizado que maneja muchas estructuras en el país.