Penitenciaría del Litoral | Se instala mesa de emergencia y familiares denuncian casi 1.000 muertes por desnutrición e insalubridad

Una mesa técnica de emergencia penitenciaria se instaló este martes 21 de enero de 2026 en las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Guayaquil. Familiares de los presos protagonizan en paralelo un plantón en los exteriores del edificio, denunciando condiciones de desnutrición crónica e insalubridad en la Penitenciaría del Litoral,  en el complejo de cárceles del norte de Guayaquil.  

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La convocatoria responde al cumplimiento de una sentencia judicial emitida el 22 de diciembre de 2025 por el Juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte, que declaró parcialmente con lugar una acción de protección interpuesta por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), reconociendo la violación de derechos fundamentales de los reclusos.

En la reunión, que inició pasadas las 10:00 en la Defensoría del Pueblo, en el centro de Guayaquil, participan el abogado César Vega, delegado de la Defensoría del Pueblo del Guayas; Carlos Ascencio, del Comando de Operaciones Navales de la Fuerza Naval; representantes del Comité de Familiares de los Privados de Libertad  y del Comité de Derechos Humanos. 

También estaba previsto que asistieran delegados del Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) y Ministerio de Salud Pública (MSP), pero no acudieron a la reunión.

Alarma por cifras de mortalidad

Fernando Bastias, abogado del CDH y participante de la mesa de emergencia, reveló cifras alarmantes sobre la mortalidad en el recinto penitenciario. "Lamentablemente pueden ascender las muertes por enfermedades y malnutrición a casi 1.000 muertos solamente en el año 2025 en la Penitenciaría del Litoral", declaró el abogado.

Según Bastias, existe un registro oficial de más de 700 muertes en la Penitenciaría del Litoral hasta el tercer trimestre de 2025, sin que se hayan presentado cifras oficiales hasta el cierre del año, agregó, precisando que estas muertes están relacionadas solo con enfermedades como tuberculosis y problemas de alimentación.

El abogado atribuyó esta crisis a "un problema de coordinación y logística entre instituciones del Estado" a partir de la vigencia de los decretos ejecutivos 111 y 218, que ordenaron la intervención militar en los centros carcelarios desde inicios de 2024.

“Que los militares respeten protocolos"

Bastias aclaró que ni la sentencia judicial, ni el CDH exigen la salida de las Fuerzas Armadas de los centros penitenciarios. "Lo que está exigiendo es que si van a cooperar en tareas de seguridad tienen que someterse a los protocolos ya existentes y a la normativa vigente", explicó.

El activista señaló que el personal militar no puede tener la última palabra en temas que deberían ser manejados por médicos o personal civil especializado. "Son importantes para controlar el tema de la seguridad y regular el ingreso de objetos ilícitos, pero no pueden encargarse de temas que debería encargarse un doctor o un personal civil", enfatizó.

Esta falta de coordinación, según Bastias, genera problemas no solo para los reclusos sino también para el personal que labora en la Penitenciaría. Reveló el caso de una funcionaria pública hospitalizada por tuberculosis y denunció que miembros de las Fuerzas Armadas han tenido contacto con personas contagiadas sin protección sanitaria adecuada, según ha constatado la CDH en visitas previas al centro carcelario, el más grande y el más mortífero del Ecuador.

"Están en los huesos": gritan los familiares

Afuera del edificio de la Defensoría del Pueblo, familiares de los reclusos sostuvieron carteles con fotografías que muestran la desnutrición crónica de los privados de libertad, llagas producidas por enfermedades dermatológicas y condiciones de insalubridad.

Un familiar de un joven de 20 años recluido hace un año y medio en la Penitenciaría del Litoral describió la dramática situación: "Están desnutridos, en los huesos, en un estado deplorable, con desnutrición crónica".

La mujer, integrante del Comité de Familiares por una Vida Digna, denunció que los presos reciben raciones mínimas de alimento. "Les dan un puñado de arroz, un choricito y una agua de caldo con dos papas y dos fideos. ¿Cómo van a tener defensas para resistir la insalubridad que hay en la penitenciaría?", cuestionó.

Los familiares también denunciaron restricciones para ingresar medicinas, alimentos, colchonetas y artículos básicos de higiene. "No permiten que les entremos medicina. Ellos permanecen tirados en el suelo, porque no permiten que les entremos una colchoneta", afirmó el manifestante.

Según los familiares, serían más de 1.000 las personas recluidas que habrían muerto en 2025 en la cárcel, debido a la crisis sanitaria. "Entrando al año 2026, ya se están contando los nuevos muertos", denunciaron.

Crisis sanitaria reconocida judicialmente

La sentencia del juez Julián Naranjo Haro, emitida en diciembre de 2025 dentro de la acción de protección No. 09209-2025-06533, declaró la violación de los derechos a la seguridad jurídica, integridad personal, servicios públicos de calidad, salud, alimentación y rehabilitación de las personas privadas de libertad en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas N°1, mejor conocido como Penitenciaría del Litoral.

Como medidas de reparación integral, el juez ordenó la instalación de esta mesa de emergencia penitenciaria, dispuso que las Fuerzas Armadas cumplan estrictamente con los protocolos establecidos sin extralimitarse en sus funciones, y exigió al Estado ecuatoriano establecer en un plazo de seis meses políticas públicas de salud y rehabilitación social basadas en el respeto a los derechos de los privados de libertad.

La Defensoría del Pueblo deberá informar cada tres meses sobre la ejecución de la sentencia y coordinar visitas periódicas al centro penitenciario.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió también una resolución el 30 de diciembre de 2025, otorgando medidas cautelares a favor de todas las personas privadas de libertad en la Penitenciaría del Litoral (Centro de Privación de Libertad Guayas N.º 1) en Guayaquil. Esto debido a graves riesgos de muerte y daños irreparables por condiciones inhumanas, hacinamiento y falta de atención médica, tras registrarse cientos de muertes en 2025.

El organismo internacional, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con su sede principal en Washington (Estados Unidos), también ordenó la instalación de una mesa técnica de trabajo para buscar una salida a la crisis. 

El Ministerio de Gobierno convocó para el viernes 23 de enero de 2026 a esta segunda mesa, que desde la CDH esperan que se unifique con el mecánico dispuesto por la justicia a nivel nacional.