Policía denuncia a Leonidas Iza por secuestro e interpone habeas corpus para liberar a los agentes retenidos en Cotopaxi
La audiencia de habeas corpus se suspendió hasta que se realice una valoración médica y psicológica a los policías retenidos en Cotopaxi. También se presentó una denuncia de secuestro contra Leonidas Iza, confirmó el abogado del dirigente indígena.

Familiares de los policías Carlos Uvidia, Bryan Díaz y Kevin Guamán acudieron a la Unidad Judicial de Latacunga para exigir su liberación, el jueves 21 de agosto de 2025.
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PRIMICIAS
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La Policía Nacional presentó una acción de habeas corpus para exigir la liberación de tres servidores policiales de inteligencia, que están retenidos desde hace tres días en la comunidad San Ignacio, parroquia Toacaso (Cotopaxi), en la que vive el excandidato presidencial Leonidas Iza.
Los agentes retenidos fueron identificados como el suboficial Carlos Uvidia, el cabo primero Bryan Díaz y el policía Kevin Guamán.
Además, PRIMICIAS conoció que la institución interpuso una denuncia por secuestro en contra de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte (Unocanc), señalada como responsable de mantener bajo custodia a los uniformados desde la tarde del lunes 18 de agosto.
A las 03:00 de este jueves 21 de agosto de 2025, en la Unidad Judicial de Latacunga, se reinstaló la audiencia para tramitar el pedido de habeas corpus.
En la diligencia, representantes de la Policía de la Zona Tres, explicaron que los policías “estaban cumpliendo una investigación previa bajo dirección de la Fiscalía General del Estado”.
Negaron las versiones sobre un presunto intento de asesinato contra dirigentes indígenas y denunció que los agentes han sido “golpeados, amarrados y sometidos a un trato degradante”.
Familiares de los uniformados acudieron a la diligencia judicial y rechazaron lo que consideran un secuestro. También denunciaron que ni ambulancias ni médicos han podido ingresar a la comunidad para verificar el estado de salud de los agentes.
Esta audiencia se suspendió en horas de la mañana, hasta que un médico y un psicólogo verifiquen el estado de los policías retenidos, y se espera que se conozca la decisión del juez la tarde de este 21 de agosto.
Por otra parte, el abogado de Iza, Carlos Poveda, confirmó que la Policía también presentó una denuncia por presunto secuestro contra Leonidas Iza a raíz de la retención de los uniformados en la comunidad de San Ignacio.
"Muchas veces se desconoce la dinámica de la justicia indígena y se cometen estos errores", dijo Poveda sobre las acciones presentadas contra Iza.
Justicia indígena y pruebas en disputa
Los policías fueron interceptados por comuneros de San Ignacio (Latacunga) cuando, según la comunidad, realizaban labores de seguimiento cerca de la vivienda del dirigente indígena Leonidas Iza, expresidente de la Conaie.
Durante la primera audiencia comunitaria de justicia indígena, que fue suspendida inicialmente y se retomará este jueves, los dirigentes presentaron como pruebas tres teléfonos celulares con entre 3.000 y 5.000 archivos, donde habrían encontrado supuestos chats de seguimiento a líderes sociales.

Iza relató en la comunidad que los agentes fueron sorprendidos tomando fotos y grabando videos frente a su casa sin autorización del gobierno comunitario. Calificó lo sucedido como “un acto de persecución política” y responsabilizó al presidente Daniel Noboa de cualquier consecuencia en su contra o de su familia.
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), a través de su presidente Rafael Negrete, denunció “una operación de hostigamiento político en contra de dirigentes indígenas”.
Tanto el MICC como la UNOCANC convocaron a las comunidades, organizaciones sociales y pueblos hermanos a acompañar la Audiencia Comunitaria de Justicia Indígena, prevista para la tarde de este jueves en la comunidad de Planchaloma.
El Movimiento Indígena de Cotopaxi también emitió un comunicado en el que cuestiona la solicitud de habeas corpus presentada por la Policía.
La organización indicó la audiencia fue "agendada de manera irregular" para las 03:00 de este jueves. Además, lo considera un "acto malicioso y temerario que viola el principio de diálogo intercultural entre la justicia ordinaria y la justicia indígena".
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